Mineras usan a Los Ardillos para acabar con las comunidades de Chilapa: OCSS
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Mayo 16 de 2026
Chilpancingo, Gro., La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de la comunidad de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, señaló que el gobierno federal mantiene la narrativa de que los recientes ataques con explosivos a poblados indígenas de Chilapa de Álvarez, que provocaron el desplazamiento de familias, se debe a disputas entre grupos criminales y no al intento de mineras extranjeras para apropiarse del territorio y sus recursos naturales.
En un comunicado, la OCSS afirmó que las compañías internacionales “buscan el aniquilamiento de las comunidades indígenas, pues en la región de La Montaña y la Costa Chica existen 24 concesiones mineras y usan a los grupos delictivos como Los Ardillos para trabajar con ellos”.
La “delincuencia ha sido parte del capitalismo y de la contrainsurgencia; no es nada nuevo, lo seguimos viendo en distintos lugares y formas; sus relaciones no son secretas, las presumen, es parte de su poder”.
La OCSS reprochó también que el gobierno acuse al Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), de ser parte de la delincuencia organizada, como lo declaró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el pasado 12 de mayo.
En esa ocasión, el funcionario aseguró que el Cipog-EZ, Los Ardillos y Los Tlacos forman parte de la delincuencia organizada, son los principales responsables de la violencia en Chilapa, que provocó el desplazamiento forzado de cientos de personas de las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.
“Acusar a los que luchan por un mundo mejor, de ser parte de la delincuencia, no es nuevo, también ha existido a través de la historia; desde el poder les han llamado robavacas, asaltantes, secuestradores, narcotraficantes, terroristas, ayotzinapos y otros, con el objetivo de descalificar las causas y razones de las organizaciones autogestivas y de justificar las agresiones que se les hacen”, manifestó la OCSS.
En cambio, dijo que las comunidades que integran al Cipog-EZ “seguirán resistiendo y mantendrán su organización comunitaria, sus gobiernos propios y defendiendo su cultura, sus recursos y su territorio”.
Además, demandó a las autoridades federales reactivar las medidas cautelares para el dirigente del Cipog-Ez, Jesús Placido Galindo.
De igual forma “hacemos responsable a los tres niveles de gobierno por su integridad física o de cualquier eventualidad que le llegue a pasar a los compañeros del Cipog-EZ”.
También recordó que desde 2015, las agresiones contra comunidades de Chilapa que forman parte del Cipog-EZ no han parado; incluso, han documentado 81 homicidios y 25 desapariciones de pobladores.
Una de ellas se cometió el pasado 6 de mayo, cuando “el grupo delictivo Los Ardillos atacó a comunidades organizadas en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y del Cipog-EZ.
“Ahora traen drones con explosivos y armas de mayor calibre. Muy superior a la cantidad y calidad de las armas de cacería que tiene la mayoría de policías comunitarias”, lamentó la OCSS.
Reiteró que los ataques contra los pueblos “son un intento por apropiarse de los recursos naturales, del territorio, del oro, la plata, de los minerales críticos que tanto necesita el imperialismo
estadunidense en sus armamentos, sus guerras y otros negocios; mañana los usarán en México”, concluyó.
La Jornada