Desde El Altiplano
Ricardo Ravelo
Abril 21 de 2026
–Mientras los lavadores de dinero de MORENA gozan de impunidad, la Suprema Corte dota de armamento legal a la UIF para perseguir a la sociedad si hay sospecha de lavado de activos.
El martes 7, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda intervenir cuentas bancarias de particulares e incluso proceder a su congelamiento si salta la sospecha –fundada o no –de posible actividad de lavado de dinero.
El objetivo de esta medida, que muestra al Estado con garras para “combatir” el lavado de dinero de la delincuencia organizada violando derechos de la población más vulnerable, es golpear el llamado nervio financiero del crimen organizado, que opera con impunidad absoluta y en jauja permanente.
Las tareas de la UIF irán acompañadas del otro ariete del gobierno, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que de hecho ya realiza esa función. Lo novedoso y a la vez peligroso de la aprobación de la SCJN es que la UIF podrá actuar sin que medie una orden judicial, es decir, por la libre.
Basta el aguijón de una sospecha o bien una decisión de carácter político –el instrumento legal al servicio del poder en turno –para que la UIF intervenga las cuentas de particulares bajo sospecha y les congelen las cuentas. Según la versión oficial, estas medidas no significan ninguna incriminación sino son simplemente acciones de carácter administrativo, lo que está en duda. Veremos si el sospechosismo de algunas operaciones brota en las campañas intermedias del 2027, donde muchos candidatos del partido oficial y no oficial dispondrán de recursos de dudosa procedencia o bien directamente otorgados por el Crimen Organizado.
Así, la SCJN le otorgó mayores facultades a la UIF y al SAT para convertirlos en los instrumentos fiscales del poder político, mientras los presuntos lavadores de dinero gozan de impunidad. Es el caso de Adán Augusto López – señalado públicamente de ser el jefe del cártel La Barredora. Actualmente es senador de MORENA; Andy López Beltrán y hermanos, ligados a operaciones de presunto blanqueo de activos e inversiones dudosas a través de testaferros que mueven dinero a Suiza y otros países; Raúl Rocha Cantú, prófugo pese a estar acusado de tráfico de armas para los cárteles de la droga, huachicol y lavado de dinero, así como Jesús Ramírez Cuevas, señalado por Julio Scherer Ibarra de haber sido en enlace entre la presidencia de la República en tiempos de Andrés Manuel López Obrador y el llamado “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona, para financiar con dinero de la delincuencia organizada las campañas de MORENA en el año 2021, las cuales fueron operadas por el crimen, según denunciaron líderes de partidos de oposición ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ramírez Cuevas –a quien también se le atribuye una operación presuntamente fraudulenta de 27 mil millones de pesos para beneficiar a trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, es actualmente el jefe de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un delincuente en palacio ha sido este personaje desde el gobierno de López Obrador, donde se encargó de construir una red de bots para denostar a medios y a periodistas que cuestionaban al régimen Lópezobradorista.
El delito de lavado de dinero es de los que menos se combaten en México. Desde los años noventa, cuando se efectuó el llamado Maxiproceso contra el cártel de Juárez, no hay una condena firme por
lavado de dinero contra empresario alguno, a pesar de que muchos operadores financieros –como es el caso de Raúl Rocha Cantú, el dueño del certamen Miss Universo –incurrieron en ese delito en el ejercicio de sus actividades empresariales, en este caso, tráfico de armas y huachicol.
En la última década del siglo pasado fueron acusados de lavado de dinero, por ejemplo, Manuel Bitar Tafich, operador financiero de Amado Carrillo, quien actualmente es un próspero empresario hotelero en la Comarca Lagunera. También cargó con ese delito el doctor Carlos Colín Padilla, quien además fue implicado en los delitos de narcotráfico y acopio de armas.
El caso más reciente que no alcanzó para una sentencia firme fue el del abogado de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, Juan Collado, acusado de realizar operaciones con dinero de dudosa procedencia en Andorra, España, así como en la Caja Libertad. Collado fue arrestado en 2019. Entonces era presidente del Consejo de Administración de esa empresa, bajo acusaciones de delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El proceso contra Juan Collado fue cancelado por falta de pruebas. Estuvo poco más de cuatro años en prisión. Así, el abogado pudo recobrar su libertad. De esta forma se ejemplifica cómo el lavado de dinero en el que incurren grandes figuras políticas, empresariales o del mundo abogacil nunca llega a una sentencia firme, pues siempre se negocia con los acusados y el caso Collado no fue la excepción.
Sin embargo, la SCJN ahora le otorga armas a la UIF para perseguir a la sociedad o a buena parte de ella, con acciones y pesquisas para detectar posible actividad de blanqueo de activos cuando en realidad la propia UIF y el SAT saben quiénes están implicados en esas actividades para favorecer a políticos, partidos o bien para hacer negocios entre cuates.
Sobre esta aprobación de la Corte surgieron versiones en el sentido de que dicha determinación del máximo tribunal lleva dedicatoria. Su nombre: Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca y quien aún adeuda varios miles de millones de pesos al fisco, pues sólo pagó una parte de los casi 50 mil millones que le atribuyen como deuda fiscal.
Sin embargo, lo contradictorio es que Alfonso Romo –pieza clave de la 4T –no enfrenta cargos en México por lavado de dinero con su casa de bolsa Vector, mientras en Estados Unidos es investigado por realizar operaciones de blanqueo de dinero durante su pasó por la presidencia de la República en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. A principios de semana circuló el rumor de que Romo se había entregado a las autoridades de Estados Unidos con el objeto de convertirse en testigo protegido, pero hasta ahora ninguna autoridad lo ha confirmado.
En el sexenio de López Obrador –uno de los más corruptos de la historia reciente –Romo se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; era, a su vez, enlace del entonces mandatario con la clase empresarial para promover inversiones.
Fue precisamente en ese tiempo cuando Vector –de acuerdo con las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos –comenzó a lavar dinero para el cártel de Sinaloa, a través de esa financiera lavó ganancias que provenían del tráfico de fentanilo de Los Chapitos; también le lavó dinero a una red de testaferros de Genaro García Luna, actualmente condenado a más de 40 años de prisión en Estados Unidos. Y resultó curioso que mientras estas actividades se realizaban en las conferencias mañaneras López Obrador fustigó una y otra vez a García Luna por sus relaciones con el cártel de Sinaloa.
Vector fue la casa de bolsa oficial del gobierno de López Obrador: ahí se cobraban cheques y se disponía de dinero en efectivo para financiar campañas de MORENA en todo el país; se admitían depósitos que sobrepasaban los límites permitidos si se trataba de las operaciones políticas del partido en el poder. En el gobierno de López Obrador, Alfonso Romo –admirador de Carlos Salinas y financiero del expresidente que actualmente dice que vive en Palenque –gozó de absoluto poder e impunidad.
Así, mientras los lavadores de dinero aliados del poder están libres, impunes, con fuero o protegidos, la SCJN le otorga un arsenal a la UIF para investigar a la sociedad mexicana por lavado de dinero. Y para ello sólo basta una sospecha –fundada o infundada –o bien una orden política para proceder a congelar la cuenta de los enemigos y/ o críticos del poder en turno.