Ricardo Ravelo
Marzo 17 de 2026
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se acerca al cierre de su gobierno en medio de una tormenta de escándalos por presuntos desvíos de recursos de las arcas públicas, lavado de dinero y nexos con la célula criminal de los Beltrán Leyva. García, sus familiares y socios han construido una red de empresas para desviar dinero público que, actualmente, están bajo investigación por lavado de dinero. De igual forma sobresale la asignación de contratos de obra millonarios para dichas empresas ligadas a Los Beltrán Leyva, presuntos cómplices del mandatario neolonés.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha transitado su gobierno de escándalo en escándalo: cuando no lo vinculan con la corrupción y es desvío de recursos del erario lo relacionan con el crimen organizado, en particular con empresarios y despachos fiscales ligados a la organización Beltrán Leyva, que sigue operando presuntamente bajo su sombra protectora.
Los datos hablan:
El despacho jurídico y fiscal vinculado al mandatario Samuel García y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro experimentaron un crecimiento financiero fulgurante sin precedentes tras la llegada de Samuel García al poder. En tanto, investigaciones oficiales sostienen que ese enriquecimiento inexplicable y súbito está relacionado con el desvío de recursos públicos y, por otra parte, también se pone el reflector en posibles actividades de lavado de dinero a través de las conexiones que presuntamente el gobernador mantiene con la célula criminal de los hermanos Beltrán Leyva.
En 2004, la Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA) –sociedad civil en la que aparecen como socios Samuel García (en ese tiempo era un joven grillo en la política) y su padre, reportó ingresos por un millón 923 mil pesos.
En ese mismo año –según las indagatorias de entonces –García Sepúlveda inició su carrera política: obtuvo una curul en el Congreso local de Nuevo León.
Lo extraordinario de la incursión de Samuel García en la política es que coincide con un crecimiento económico exponencial en los ingresos del despacho familiar. En ese tiempo, padre e hijo constituyeron una segunda sociedad civil conocida como Firma Jurídica Fiscal.
Entre ambas empresas acumularon más de 2 mil millones de pesos en ingresos obtenidos entre 2016 y 2023, de acuerdo con una investigación periodística del semanario Proceso.
Según la indagatoria, el monto de lo facturado por ambos despachos resulta alarmante y no menos sospechoso. A partir del año 2021, cuando Samuel García asumió la gubernatura, las empresas familiares facturaron más de 427 millones. Este monto fue recibido por los despachos y, ahora, esos recursos son investigados como posibles desvíos de dinero de las arcas estatales.
La evolución de los ingresos fue menor en 2016. En ese ejercicio fiscal sólo ingresó cuatro millones de pesos. Para 2017, los ingresos aumentaron a poco más 59 millones y, en 2018, año en que García Sepúlveda contendió y ganó un escaño en el Senado, la facturación del despacho que tiene con su padre concluyó el año con un ingreso de 70 millones de pesos.
El entramado financiero no se limita, de acuerdo con las indagatorias, a los despachos familiares, encabezados por Consultoría Lefinca, sino que el propio gobernador de Nuevo León aparece ligado a una red de lavado de dinero que implica a un ala del cártel de los Beltrán Leyva que tiene como
base de operaciones el municipio más próspero de México: San Pedro Garza García, lugar donde viven las familias más acaudaladas de esa entidad.
Según el expediente, la consultoría Lefinco presuntamente ha blanqueado unos 21 mil millones de pesos para la organización criminal referida y que opera en varios estados del país.
La estructura política y financiera no sólo es familiar. La red implica a funcionarios cercanos del gobernador Samuel García. El Socio fundador de Consultoría Lafinco –Marcelo Flores Serna –mantienen ligas familiares y políticas con su hermano Miguel Flores Serna, exjefe de la Oficina del gobernador y actual coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local.
Datos de inteligencia aportan más datos sobre estas redes políticas y financieras: Sostienen que José Rodolfo Villarreal Hernández –conocido en el mundo político como “El Gato” –Y Norberto Valencia González –“El Socialitos” –diseñaron dos estructuras de lavado de dinero mediante siete empresas fachada.
Dichas compañías –sostienen los datos referidos –procesaban ganancias derivadas del cobro de piso y el tráfico de drogas, simulando pagos bajo el esquema “asimilados a salario”.
Más empresas en el lavado
Las indagaciones, que siguen abiertas, destacan que una de los esquemas operados por estos personajes también incluye otra compañía conocida como Suministro MYR. Esta es la segunda empresa proveedora de contratos estatales del gobierno de Samuel García.
Suministros MYR ha recibido, según informes oficiales, miles de millones de pesos en contratos estatales y trianguló 209 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho –y próspero negocio –del mandatario neolonés y sus familiares.
No es todo: Suministros MYR pagó 9.6 millones de pesos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el despacho también recibió 5 millones de pesos de una estructura similar operada por presuntos miembros del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Lo que no se explica más que por la corrupción y el lavado de dinero es por qué Samuel García le entregó más de mil millones de pesos a una empresa bajo investigación por nexos con el grupo Beltrán Leyva. Las investigaciones siguen en la Fiscalía General de la República, pero hasta ahora no han solicitado órdenes de captura.
Entre la red de empresas “fachada” identificadas hasta ahora por las autoridades se encuentran Ferrara Consultores, Segurivic, Construcciones y Proyectos Cobalto; Constructora ZVA y MFI Servicios y Asesoría.
Los registros del SAT muestran que Consultoría Lefinco, por ejemplo, transfirió posteriormente 16 millones de pesos a MFI Servicios y Asesoría, empresa señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas como un instrumento de blanqueo de dinero para la organización Beltrán Leyva desde hace varios años.
Las investigaciones hasta ahora estiman que Consultoría Lefinco ha blanqueado alrededor de 14 mil millones de pesos.
El análisis del crecimiento financiero de los despachos ligados al gobernador Samuel García y su entorno familiar revela –según fuentes consultadas –un patrón de crecimiento económico acelerado que, según las indagatorias, coincide con el ascenso fulgurante de Samuel García en la política.
Antes, cuando era candidato a la gubernatura, se le relacionó con un miembro del cártel del Golfo –Gilberto García Mena, “El June”, quien resultó ser familiar de su padre.
El narcotraficante –pieza clave en los años de esplendor de Los Zetas y Cártel del Golfo –estuvo cerca de la familia de Samuel García desde que era adolescente.
Durante su campaña política negó tales nexos, pero luego aparecieron fotografías que acreditaron los nexos de la familia del mandatario de Nuevo León con ese personaje de la Delincuencia Organizada.
Samuel García se acerca al cierre de su gobierno –termina en 2027 –en medio de escándalos financieros, investigaciones por desvío de recursos, lavado de dinero y nexos con los Beltrán Leyva.
Hasta ahora, la FGR no se ha pronunciado sobre los presuntos negocios financieros del mandatario.