J. Jesús Lemus, Noé Zavaleta y Urbano Barrera
Enero 16 de 2026
Aun cuando para la presidenta Claudia Sheinbaum, el retiro de visas a políticos mexicanos “es información que Estados Unidos no comparte con México”, nadie pone en duda que esa ha resultado la más silenciosa y eficiente estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para exhibir a la corrupta clase política mexicana.México, a través de ninguno de los últimos siete presidentes —incluyendo a la Sheinbaum— ha querido reconocer que la cúpula de gobierno se encuentra infestada de políticos con nexos, acuerdos, entendimientos o por lo menos permisiones con los grupos criminales, tanto del crimen organizado como de los cárteles de las drogas.
El contubernio que mantiene la clase política con los grupos delictivos del país, que se evidencia con casos como el de Manuel Bartlett Díaz y el Cártel de Guadalajara, Javier García Paniagua y el Cártel de “Nacho” Coronel, Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa o el caso de Salvador Cienfuegos y el Cártel de Francisco Patrón Chávez, se encuentra más que evidenciado.
Pero, a pesar de ello, la frágil memoria de los mexicanos no incide en mejores decisiones políticas.
A través de la mentira electoral, la misma clase gobernante que desde hace 40 años se mantiene al mando del Estado mexicano, es la misma clase gobernante que sigue protegiendo al narco y al crimen organizado a cambio de millonarios sobornos.
La clasificación hecha por el presidente Donald Trump, sobre la irrefutable certeza de que los mexicanos vivimos bajo un régimen de narcogobierno, es una realidad. Y esa verdad solo no lo aceptan los políticos aludidos, ni la rechazan los seguidores de estos, el pueblo bueno y sabio.
Como si los narcos fueran patrimonio nacional o como si sobre ellos se fincara la soberanía de la nación, desde la base simpatizante —a cambio de una dádiva económica, clasificada como ayuda social—, hoy se defiende a los narcos y no hay poder humano que interiorice la realidad, entre la militancia de la 4T, para impedir ese amasiato amorfo y antinatural en que se ha convertido la alianza Narcoestado.
Por eso el gobierno de Estados Unidos ideó una estrategia silenciosa, aplicable desde su propio territorio, para establecer públicamente quienes son los socios del narco, a los que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, les teme —por ser parte del mismo grupo— y no quiere ir contra ellos.
Esa estrategia del gobierno de Trump, la de revocar las visas —los pases de acceso— a Estados Unidos a aquellos políticos cuestionados, ha resultado más que eficiente. En menos de un año, la cancelación de visas ha evidenciado a los actores políticos que mantienen relación de tratos con grupos criminales.
Nunca como ahora, en México el pase hacia Estados Unidos se había convertido en una criba, un tamiz, que evidencia la realidad jurídica, la moral y la ética, de los políticos. Si es honesto, no le retienen su visa, si está coludido, la revocación.
Citando fuentes del gobierno de Estados Unidos, la prestigiosa agencia internacional de noticias Reuters dio a conocer que en solo lo que va de este año el gobierno de Estados Unidos ha cancelado por lo menos cincuenta visas a igual número de políticos.
La razón de esas cancelaciones solo obedece al hecho innegable de que Estados Unidos se reserva el derecho de admisión, suelo dentro de su territorio, sobre aquellos políticos de los que se tiene duda sobre su honestidad relacionada con grupos delictivos.
No se han dado a conocer los nombres de los políticos, hombres o mujeres, a los que —solo en lo que va de este año— se les ha requisado su visa. Hasta el cierre de este trabajo se sabe de algunos casos icónicos, por su cercanía al Palacio Nacional y a otras dependencias de primer nivel.
Hasta hoy los que han perdido su visa y que ello les coloca en calidad de políticos ligados al narco y al crimen organizado, son el presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, al que le quitaron la visa el 7 de agosto del 2025.
El caso más icónico de revocación de visas, por el nivel de escándalo, fue el de la gobernadora de Baja California y su esposo, Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo Carlos Torres. A ellos les quitaron el documento migratorio el 11 de agosto del 2025.
Otro caso de resonancia informativa fue, en su momento, el de la subsecretaria de Gobierno de Coahuila y su esposo, Sonia Villarreal Pérez y José Miguel Barajas Hernández. A ellos se les detuvo por varias horas en la garita de Piedras Negras, Coahuila, el 24 de agosto del 2025.
También han perdido su visa, bajo el signo de la duda sobre su honestidad, el diputado federal del PVEM por Tamaulipas, Mario López Hernández, “La Borrega”; la alcaldesa de Mexicali y su esposo, Norma Bustamante y Samuel Guerrero Delgado, además del alcalde de Matamoros, José Alberto Granados.
La cancelación de la visa, de acuerdo con las reglas migratorias del gobierno de Estados Unidos, es un proceso particular en el que el gobierno norteamericano no está obligado a explicar nada a nadie que no sea el interesado.
De acuerdo con fuentes del departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, aun cuando no se puede informar sobre la cancelación de visas, sí existe la certeza de que el gobierno de norteamericano mantiene investigaciones sobre los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Campeche, Layda Sansores, y de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Otros gobernadores investigados por el gobierno de Estados Unidos y que eso podría poner en vilo la permanencia de sus visas, son el de Nayarit, Miguel Ángel Navarro y el de Nuevo León, Samuel García. Otro que ya también podría no tener visa norteamericana, es el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
A la lista se suman el secretario de Educación del gobierno federal, Mario Delgado, los nuevoleoneses Abel Guerra y su esposa Clara Luz Flores, actual directora de Asuntos Religiosos de la SeGob.
También, por estar bajo investigación en Estado Unidos, se menciona a Adán Augusto López Hernández, líder de Morena en el Senado de la República, así como al exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, involucrado en el caso Caro Quintero y Kiki Camarena.Otros investigados por EUA, que podrían ya no contar con visa, son los alcaldes tamaulipecos de Río Bravo, Miguel Ángel Álvarez; de Ciudad Victoria, Eduardo Gatas; de Ciudad Madero, Erasmo González y de Altamira, Armando Martínez.
Igual se menciona a los alcaldes de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar y de San Luis Río Colorado, Sonora, César Iván Sandoval.
En la lista estaría el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal por haber recibido financiamiento para su campaña del cartel del Noreste a través de uno de sus operadores —Teodoro Vázquez Barrera—, conocido coló “El Gert”; este personaje también aparece en el esquema de financiamiento de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien habría recibido el dinero para su campaña de parte de “El Gert” a través del diputado federal, José Narró Cespedes.
Tanto a él capo cómo al legislador se les vio juntos en varios eventos de campaña de Abelina López, quien actualmente es investigada por la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de 898 millones de pesos cuyo gasto no ha acreditado la alcaldesa morenista.
Otra mujer de Morena que se habría quedado sin visa estadunidense es la exalcaldesa de Chilpancingo , Guerrero, Norma Otilia Hernández, quien fue filmada cuando sostuvo varias reuniones con Celso Ortega Jiménez , jefe del cartel de Los Ardillos y quien está estrechamente ligado , según la DEA, con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien dejó la gubernatura tras la desaparición , en septiembre de 2014, de los 43 estudiantes de la Escuela Mormal de Ayotzinapa.
Hay serias dudas con Jacobo Rodríguez, presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, quien se colocó en el centro de la atención pública luego de un enfrentamiento con una reportera que le preguntó si estaría dispuesto a practicarse una prueba antidoping y hacer públicos los resultados.
Jacobo Rodríguez, de 37 años, gobierna Piedras Negras bajo las siglas de Morena para el periodo 2025-2027. En mayo pasado, enfrentó una controversia al acusar un complot en su contra después de que regidores señalaron irregularidades en los gastos de la Tesorería y se negaron a aprobar la cuenta pública debido a presunta falta de transparencia.
Las autoridades estadounidenses no han dejado de lado a Cándido y David Monreal, después de que en 2009 el Ejército Mexicano ubicó y cateo un almacén de drogas de su propiedad.
Cándido Monreal, en sociedad con su hermano David, era dueño de una planta deshidratadora de chiles llamada «San Felipe» en Fresnillo, Zacatecas. Ahí se encontró 14.5 toneladas de marihuana, que estaban siendo empaquetadas por presuntos sicarios del Cártel del Golfo. Tras el operativo, Cándido fue imputado por albergar la droga en una de sus propiedades.
Otro de los investigados es Félix Salgado Macedonio, llamado gobernador de facto en Guerrero. Las dudas sobre él se generaron supuestamente que habría recibido entre 200 a 300 mil dólares mensuales en sobornos del narcotráfico.
Reunirse con Edgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’, operador de los hermanos Beltrán Leyva en Acapulco.
Salgado Macedonio asistiría a un encuentro con narcos que operaban en el puerto turístico, cuando el actual legislador se desempeñaba como presidente municipal de Acapulco, de 2005 a 2008.
Existe el testimonio de un ex integrante de los Beltrán Leyva que aseguró haber visto al entonces alcalde guerrerense cuando se reunió con la Barbie, esto fue recién al comienzo de la administración local.
Otro de los hombres en la mira del gobierno de los Estados Unidos es Cuauhtémoc Blanco Bravo. Sin duda llamó la atención desde que recibió en su casa de Cuernavaca, en la zona residencial de Tabachines, a tres líderes de grupos criminales que operan en ese estado.
Existe una imagen donde se observa (de izquierda a derecha) a Irving Eduardo Solano Vera El Profe y/o El Gato, líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por elementos del Ejército el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.A su lado aparece Homero Figueroa Meza, La Tripa, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica o Los Tlahuicas.
Luego se observa al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en el extremo derecho de la fotografía aparece Raymundo Isidro Castro Santiago, El Ray, líder regional del CJNG en Morelos.
El Ray fue asesinado el 30 de octubre de 2019 al interior del Centro de Reinserción Social “Morelos”, en el municipio de Xochitepec, presuntamente por una riña entre grupos criminales.
Estaría en la lista de los no gratos, Manuel Velasco, quien aspiró a la candidatura presidencial de 2024 con Morena, encabezó en Chiapas un gobierno caracterizado por multimillonarios desvíos al estilo de La Estafa Maestra.
Fue responsable de presuntos desfalcos por 2 mil 400 millones y la triangulación de fondos públicos a un operador político acusado de comprar votos en una elección, lo cual fue documentado en video.
El gobierno de Velasco no solo transfirió fondos públicos a un “compra-votos”. En 2015, cuando hubo doble elección en Chiapas, pagó más de 150 millones de pesos a siete empresas “fantasma”, incluidas dos que participaron en “La Estafa Maestra”.
De hecho, el personaje acusado de comprar votos también estuvo involucrado en “La Estafa Maestra”, pues otra de sus empresas, denominada “Terrenos, Casas y Desempeños” fue utilizada para dispersar fondos públicos federales. Durante el gobierno de Manuel Velasco la explosión de crimen organizado fue total, razón por la cual se le investiga en Estados Unidos de América.
No menos importante para las agencias estadounidenses es el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, socio del narcoempresario Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, preso en Estados Unidos acusado de tráfico de precursores químicos de Europa y África hacia México y ser el proveedor de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) para producir metanfetaminas.
Ezio Benjamín Figueroa – empresario de Jalisco –, su hijo Hassein Eduardo Figueroa Gómez también enfrenta los mismos cargos.
Alejandro Murat creó con este empresario jalisciense, proveedor de carteles de la droga mexicanos, la empresa Fashion Rent a Car S. A. de C. V. con domicilio en Cancún, Quintana Roo, ciudad donde fueron identificadas algunas de las operaciones de trasiego que realizaba Ezio Benjamín Figueroa.
En septiembre de 2018, el fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, confirmó que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y su padre el ex mandatario José Murat Casab, son investigados por delincuencia organizada, abuso de autoridad y violencia política.
Se investigó por los mismos delitos, al titular del Secretariado Ejecutivo Estatal del Sistema de Seguridad Pública (SEESSP), José Manuel Vera Salinas. Este funcionario, así como el gobernador y ex gobernador Alejandro y José Murat, fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), por Guadalupe Díaz Pantoja.
En la lista con posibilidad de cancelación del visado estaría también Alfonso Romo Garza, principal accionista de Vector Casa de Bolsa y ex asesor económico del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador. Las imputaciones sobre él radican en la posible operación ilícitas vinculadas con el lavado de dinero, el fentanilo y el Cártel de Sinaloa.
La oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusó a Vector Casa de Bolsa de facilitar el lavado de millones de dólares procedentes de actividades del narcotráfico. En particular, el documento señala que la institución financiera habría desempeñado un papel clave al procesar pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo, droga altamente adictiva y responsable de una crisis sanitaria en América del Norte.
FinCEN asegura que desde al menos 2019, más de 20 compañías chinas —incluidas al menos tres identificadas como proveedoras de químicos para fentanilo— realizaron operaciones financieras con empresas mexicanas a través de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Los registros indican también que entre 2013 y 2016, una supuesta “mula de dinero” del Cártel de Sinaloa transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector, y que entre 2019 y 2021 realizó otras transferencias por más de 500,000 dólares mediante una firma estadounidense.
No escaparía en este proceso de cancelación de visas, Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, señalado como presidente de CIBanco. Su falta haber facilitado la adquisición de precursores químicos procedentes de China.
Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2,1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a compañías con sede en China que enviaban precursores químicos a México con fines ilícitos.
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