Ricardo Ravelo
Diciembre 24 de 2021
La pareja de González Lara –María de los Ángeles López, mejor conocida como “La Loba” –es aliada de Leonardo Mireles. De acuerdo con los informes consultados, ella hace “el trabajo sucio” que le encarga Mireles y, a su vez, es en enlace con las más altas autoridades del gobierno estatal, entre otras, con el gobernador Enrique Alfaro, y otros funcionarios del gabinete.
Desde el gobierno de Aristóteles Sandoval –asesinado hace un año por el crimen organizado –en Jalisco se han tejido complicidades cada vez más escandalosas entre políticos y presuntos narcotraficantes. La red sigue vigente hasta la fecha, indestructibles los vínculos.
Cuna de capos emblemáticos y asiento de las más violentas organizaciones criminales, esa entidad actualmente padece uno de los males más agudos: impunidad, colusión política y crimen; imperan los negocios con la justicia, tráfico de influencias, despojos de propiedades, lavado de dinero, todo ello, según documentos, reportes de inteligencia y fuentes consultadas, protegido desde las más altas instancias del poder en turno.
El caso más evidente es la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): Los altos mandos que lo dirigen han hallado en Jalisco el asidero perfecto, importantes aliados que, a su vez, cuentan con la protección política y judicial, lo que evidencia que en el gobierno de Enrique Alfaro los presuntos criminales están mejor protegidos que los ciudadanos. De todo esto da cuenta la historia de un personaje tan oscuro como siniestro: Leonardo Mireles Escobar, a quien informes de inteligencia ligan desde hace varios años con el narcotráfico y el lavado de dinero, fraudes con empresas fantasmas –constituidas con presuntos narco-notarios –falsificación de documentos, asesinatos, despojos y traiciones.
Su círculo cercano lo conformó hace varios años; a su alrededor figuraron nombres como Camilo González Lara, un exmando de la policía de Zapopan que operaba como una suerte de brazo ejecutor. Este personaje falleció en abril de este año.
La pareja de González Lara –María de los Ángeles López, mejor conocida como “La Loba” –es aliada de Leonardo Mireles. De acuerdo con los informes consultados, ella hace “el trabajo sucio” que le encarga Mireles y, a su vez, es en enlace con las más altas autoridades del gobierno estatal, entre otras, con el gobernador Enrique Alfaro, y otros funcionarios del gabinete.
Con ese esquema de protección, establecen los reportes, Mireles Escobedo ha realizado múltiples negocios presuntamente relacionados con el blanqueo de activos. A partir de los contactos políticos, ha hecho del tráfico de influencias un instrumento para obtener sumas cuantiosas de dinero mediante extorsiones. Para ello utilizan una red de notarios, todos ellos aliados suyos, que operan con el grupo para consumar despojos, constituir “empresas fantasmas” que son utilizadas en el esquema de lavado. Como tienen influencias en el aparato policiaco, han hecho de los “falsos positivos” una especialidad cuando quieren quitar de en medio a un rival.
A la red de complicidades no escapan el gobernador Enrique Alfaro ni su hermano David, señalan los documentos consultados. Tampoco el cuñado de ambos, Rafael Martínez. Éste último, dicen los informes, es un importante enlace con el Poder Judicial para torcer sentencias a favor o en contra de aliados y rivales; cobrar cuantiosas sumas de dinero por los fallos judiciales donde están en juego sumas millonarias o propiedades de alto valor. Este esquema lo llevó a cabo el exgobernador Aristóteles Sandoval, asesinado hace un año, pero el siguió activo a partir de que Enrique Alfaro tomó las riendas del poder.
Mireles y la familia en el poder no actúan solos. La lista de funcionarios presuntamente ligados a Leonardo Mireles, al gobernador Enrique Alfaro, y que forman parte de la red de complicidades, está conformada por Daniel Espinoza Licón, titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. También se cita a Juan Pablo Hernández Venadero, juez décimo de lo civil; Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez décimo tercero civil; Gerardo Octavio Solís, fiscal; Luis Carlos Nájera, exfiscal, Pablo Lemus, exalcalde de Zapopan, David Alfaro, hermano del gobernador, Carlos Lomelí, llamado “El Super delegado”; Camilo González Lara, excomisario (ya finado).
En la misma lista se incluyen los nombres de varios notarios que estarían ligados al entramado de negocios Mireles-María de los Ángeles López-Enrique Alfaro:
Jorge Alonso Osuna Salazar, Leopoldo Castellanos, Pedro Pulido Montalvo, Alejandro de la Torre Ulloa y Alejandro López Rivera. Éste último es referido en los informes como notario número 64 de la ciudad de Guadalajara.
No es todo: Los documentos citan otra lista, pero de los presuntos socios de Leonardo Mireles que, a su vez, estarían ligados a la red Alfaro y presuntos cómplices:
“Nemesio Oseguera, Oscar Nava Valencia, Juan Nava Bejines, Juan Carlos Nava Valencia, Rafael Martínez Martínez, Ricardo Ramírez Angulo, Mauricio Sánchez Garza, Archivaldo Guzmán Salazar, Christian Fernando Gutiérrez Ochoa, Rubén Oseguera González, Juan José Esparragoza Monzón, Héctor Caro Helenes, Enoch Caro Elenes, Hassein Figueroa Gómez, Leopoldo Ochoa Juárez, Felipe Tome y César Iván Cervantes Casillas.
De acuerdo con los reportes, María de los Ángeles López –“La Loba” –es el enlace entre el gobernador Enrique Alfaro y Leonardo Mireles. Recientemente salió a flote la adquisición de una propiedad – la escritura pública 425 está inscrita en el tomo 1, libro 10 –atribuida a la señora López que está valuada en más de 40 millones de pesos. Según los informes, dicha propiedad fue otorgada por Mireles. Hasta ahora la propietaria no ha acreditado el origen de los recursos que le permitieron adquirirla.
El truculento Mireles
Los presuntos vínculos de María de los Ángeles López y de su esposo Camilo González con Leonardo Mireles se remontan a finales de los años noventa y principios de este siglo.
Fue en el año 2002 cuando López, González y Mireles decidieron aliarse para construir una suerte de empresa criminal. Uno de los primeros golpes que asestaron fue en contra de Pedro Mireles Félix, tío de Leonardo; otro blando fue Eduardo Mireles Mireles, su primo hermano.
Presuntamente con documentos falsos despojaron a sus víctimas de propiedades. Para ello, utilizaron firmas apócrifas y procedieron a realizar una compra-venta de acciones. En este presunto fraude habría participado el notario 64, Alejandro López Rivera, citado en los informes referidos como parte del esquema de Mireles.
Mediante la fabricación de delitos lograron encarcelar a Pedro Mireles, quien murió en prisión el 7 de julio de 2009. Extrañamente, el 29 de noviembre de 2002, siete años antes, Eduardo Mireles Mireles fue asesinado en un bolerama. Otra pieza que estorbaba en los planes de negocios era Ismael Mireles, pero el 15 de septiembre de 2010 fue hallado muerto. Apareció colgado de un puente. Con esta última muerte, Leonardo Mireles pudo apropiarse del centro comercial Independencia, valuado en varios millones de dólares.
Otras muertes del círculo cercano de Leonardo Mireles también fueron vistas como sospechosas. Fue el caso de Jorge Osuna Tovar, hijo de Jorge Alonso Osuna, con quien Mireles tuvo diferencias de fondo porque, a sus espaldas, Los Osuna vendieron una propiedad que le habían despojado a Pedro Mireles, pariente de Leonardo.
Se trató de un predio ubicado en Periférico y Calzada Independencia que cuenta con una superficie de 15 mil metros cuadrados. Cuando Leonardo Mireles se enteró de la maniobra interpuso recursos legales, pero fue tarde. La propiedad había sido vendida.
El pleito creció a niveles insospechados. Lo extraño es que Jorge Osuna Tovar, quien vendió el terreno, apareció muerto el 27 de febrero de 2015, Fue ejecutado de un balazo en la cabeza en un expendio de alcohol de la calle López Mateos. El padre del occiso responsabilizó a Mireles de la muerte de su hijo. Quiso cobrar venganza, pero no lo consiguió.
Otra de las historias cruentas de Mireles ocurrió en el año 2009. Mediante el mismo esquema de la falsificación y utilizando el respaldo de notarios públicos construyó otro plan, esta vez para apropiarse de la empresa Zafiro S.A., que poseía un predio de 30 mil metros cuadrados localizados en calles Patria y Acueducto, una de las zonas con mayor plusvalía.
Con documentos falsos, crearon la empresa fantasma Consorcio Acueducto S.A de C.V., la cual fue constituida por el notario 64 el mismo día de la operación.
En el acta aparecen nombres falsos como compradores –Carlos Leaño Lozano es uno de ellos –que supuestamente le venden la propiedad a Oscar Nava Valencia y Juan Nava Begines –“El Lobo” y “El Tigre”, respectivamente –socios de Leonardo Mireles. Según las fuentes consultadas, el esquema utilizado es bastante recurrente por el grupo presuntamente para llevar a cabo operaciones de lavado de dinero.
Pero ocurrió que aparecieron los verdaderos propietarios del terreno y en 2019 interpusieron una demanda mercantil –1474/2019 –en el juzgado séptimo, así como una denuncia penal ante la Fiscalía del estado en contra de todas las personas implicadas en el fraude.
Las fuentes citadas explicaron que Mireles, María de los Ángeles López y otros cómplices “movieron sus influencias en el gobierno del estado: entraron en contacto con el gobernador Enrique Alfaro y Pablo Lemus para tratar a toda costa de frenar las demandas por la venta del terreno a Los Valencia”.
Lo que siguió después fue que, con artimañas jurídicas, las autoridades municipales inventaron que el terreno tenía adeudos por concepto de impuesto predial. Por ello, el predio, según se dijo, sería puesto a remate. Sin embargo, una alta autoridad del gobierno de Jalisco ordenó que el terreno fuera invadido con patrullas y policías a fin de impedir cualquier decisión.
De esta forma se frenó su remate, pero, sobre todo, que fueran afectados los intereses económicos de Leonardo Mireles, el protegido de Enrique Alfaro.
POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO DE JALISCO A COLUMNA DE RICARDO RAVELO