CONTRALOR PGJEC
Juan Monrreal López
El contralor de la PGJE de Coahuila, tiene expedientes penales pendientes
Jaime Martínez Cepeda, busca diputación para mantener la impunidad.
Es miembro del grupo de Raúl Sifuentes Guerrero
La estructura delincuencial montada en Coahuila por el gobernador Enrique Martínez y Martínez se ramifica, desde sus secretarios, a todos los niveles de las dependencias estatales.
Este es el caso de Jaime Martínez Cepeda, director general de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien es oriundo de San Pedro de las Colonias e incondicional del aún secretario de gobierno, Raúl Sifuentes Guerrero.
De acuerdo con la ley, Jaime Martínez Cepeda no podría desempeñarse en esa responsabilidad, pues sus antecedentes compilados en expedientes penales, como la averiguación 129/995, así como sendas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC) lo harían sujeto de veto.
Más aun. El homicidio del menor de edad, Arturo Contreras Avitia, el 11 de junio de 1995, vecino de la colonia Nueva Solidaridad, del municipio de Francisco I. Madero, por una probable falta administrativa; perpetrado por policías ministeriales y preventivos, coordinados por Martínez Cepeda, muestra como aplica la Ley el Contralor.
Con todo, Jaime Martínez, fue diputado local en 1999; pudo disputar la presidencia municipal de San Pedro en las elecciones del 2002; para convertirse en el primer candidato priísta en perder la alcaldía de ese Municipio.
Derrotado, partió a Saltillo, lugar en el que su padrino Raúl Sifuentes lo incrustó como contralor en la PGJE , pasando por encima de la Constitución de Coahuila.
Al cártel de Martínez, las leyes siguen sin preocuparles.
Por Juan Monrreal López
Abril 15 de 2005
San Pedro de las Colonias, Coahuila.- Jaime Martínez Cepeda siempre ha bateado en la nómina pública. De no ser por su ineficiencia y porque siempre ha intentado obstruir la aplicación de la justicia -sobre todo cuando ésta es exigida por ciudadanos de escasos recursos económicos-, esto no tendría nada de ruin.
La trayectoria de Martínez Cepeda es larga, pero contra la ley y la justicia; las correrías de este delincuente sin sentencia se remontan a los años en que fue agente del Ministerio Público (MP) en su natal San Pedro de las Colonias y en el municipio de Francisco I. Madero, precisamente cuando el hoy secretario de gobierno, Raúl Sifuentes Guerrero -por cierto ya destapado como precandidato a suceder a Martínez y Martínez- fungía como delegado de la PGJE en La Laguna.
Y desde el MP, el hoy contralor protagonizó francachelas no pagadas, riñas, obstrucción de la justicia y otras “lindezas” por el simple hecho de portar una charola como representante de la ley.
En San Pedro de las Colonias, es recordado porque una vez impuesto como “autoridad ministerial” se despachó con la cuchara más amplia de la impunidad.
En efecto, detuvo líderes opositores por el simple hecho de ejercer sus derechos constitucionales, protegió el narco menudeo rampante en la ciudad, e incluso, mostrando sus entrañas, despojó de propiedades a su tío Julio Martínez, un viejo luchador social opositor al PRI.
Finalmente, para encubrirlo, dado el cúmulo de tropelías cometidas – mismas que terminaron con sendas recomendaciones de la CDHEC – fue sacado del municipio.
En el municipio de Francisco I. Madero, se recuerdan sus andanzas en Las Malvinas, la zona de tolerancia del pueblo, en donde las zacapelas que protagonizó fueron de antología.
También, los habitantes de la colonia Nueva Solidaridad lo relacionan con el homicidio de Arturo Contreras Avitia, a quien policías ministeriales y preventivos, coordinados por él, David Ortiz Polanco y Alberto Terrones Hernández, victimaron a tiros en el vecindario.
El homicidio fue puesto en claro por la recomendación de la CDHEC pero nunca fue castigado.
La recomendación 004/96 asienta que: “En los actos en que a la postre resultó muerto el joven Arturo Contreras Avitia, intervinieron un gran número de policías, se hizo un despliegue de fuerza innecesaria para resolver un problema que quizá se reducía a una simple falta administrativa” concluye la CDHEC.
Sólo que Martínez Cepeda, decidió que se usaran “fusiles AR- 15” para demostrar su autoridad.
Andanzas en San Pedro
En 1988 el origen social de los gobernantes sampetrinos cambió. En ese año, el actual secretario de finanzas del estado, Javier Guerrero García, se quedó con la presidencia municipal gracias al apoyo afectivo de Eliseo Mendoza Berrueto, el gobernador.
La idea vendida por este grupo de oportunistas, fue trepar al municipio sobre el carro de la modernidad salinista. Ahora, declararon entonces, “los profesionistas con mayor preparación y visión social gobernarán”.
Efectivamente; el Ayuntamiento fue avasallado por la corrupción modernizada que impuso el falso cardenista y hoy secretario de finanzas de Martínez y Martínez, Guerrero García y su corriente salinista.
Por escrito quedó registrada la historia de saqueos que la pandilla de Guerrero García cometió en el municipio; las obras públicas fantasmas, la quiebra del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), el empobrecimiento de los ejidos, la migración rampante, la explosión del narco menudeo, entre otros, fueron los “avances” de la pandilla.
Como miembro de la banda figuró también el expresidente del comité directivo estatal del PRI, José Luis Flores Méndez “El Chapo”, quien luego de heredar la alcaldía de Javier Guerrero, a su vez dispuso la presidencia para uno de los suyos, Gabriel Sánchez Garza.
Sánchez Garza es recordado como uno de los alcaldes más corruptos en la historia de San Pedro.
Cuando terminó su trienio se llevó los archivos municipales y desmontó los motores de patrullas y camiones recolectores de basura, dejando inservible la planta vehicular del municipio; para colmo, es primo del secretario de gobierno Raúl Sifuentes Guerrero; socio de la Constructora Mayrán , una de las grandes beneficiarias del sexenio de Martínez y Martínez
Es en este entorno en 1994, en el que Jaime Martínez Cepeda cobró como MP de la localidad, con todo el apoyo del actual secretario de Gobierno, quien era delegado de la PGJE en La Laguna.
En esos días, el alcalde Sánchez Garza enfrentaba las protestas continuas de la Organización Popular Independiente (OPI), que lideran Enrique Mata Coronado y Rubén Núñez Quistián.
La OPI exigía que los recursos del ramo 33 -partida de recursos federales a los municipios-, se aplicaran de modo legal, es decir, al combate de la pobreza, pues entonces eran manejados a discreción y sólo con fines partidistas.
Sánchez Garza preparó una celada a los líderes y pidió a Jaime Martínez que parara en seco a la OPI. Éste, expedito, lo hizo.
Fue al término de una reunión “negociadora” entre la OPI y la alcaldía, en la que Jaime Martínez esperó a Mata Coronado y Núñez Quistián, en las escaleras del edificio municipal, y ahí los detuvieron sin orden de aprehensión.
El perpetuo infractor
A pesar de pertenecer a pandillas distintas, Jaime Martínez tiene arraigado defender a sus “compañeros” de partido, al fin y al cabo todo lo que es se lo debe al PRI.
Así, en 1995 se dedicó a perseguir a todo inconforme con los evidentes desvíos de recursos públicos y manipulación de los canalizados al ramo 33, intentando sembrar miedo entre la población.
Y por eso detuvo a Mata Coronado, abogado de profesión, quien llevó su propia defensa.
Una vez libre, el líder de la OPI interpuso una denuncia contra su agresor por abuso de autoridad, pero la querella fue archivada por orden directa de Raúl Sifuentes.
Hartos, los dirigentes de la OPI interpusieron nueva denuncia penal por “obstrucción de la justicia”. Esa nueva querella fue presentada ante el MP Guillermo Olivas Jurado; tampoco prosperó.
A la averiguación previa penal recayó el número 129/ 995, y quedó asentada contra el “licenciado” Jaime Martínez Cepeda, con domicilio en la calle Jesús María Gámez número 327 de la ciudad de San Pedro.
Martínez Cepeda fue citado a comparecer a las 14 horas del 2 de diciembre de 1995, pero nunca se presentó.
Martínez Cepeda, fue trasladado como MP a Francisco I Madero, para encubrirlo. Los resultados ya se conocen. Un muerto a mansalva por los policías coordinados por él.
Al expediente penal 129/995 se le dio el clásico carpetazo. En su momento, Mata Coronado y Nuñez Quistián lo denunciaron.
Jorge Abdala, el protector
1997. Insostenible ya como MP, Jaime Martínez fue incorporado como secretario del Ayuntamiento a la administración del alcalde electo – posteriormente destituido- Jorge Abdala Dabdoub, y desde ahí, junto al director de Comunicación Social, Alfredo Flores Arzola, se convirtió en verdugo de los medios de información que “desestabilizaban” la conducción municipal, llevada con manga ancha por la pandilla.
A su estilo, Jaime Martínez maquinó ataques contra el semanario El Demócrata de San Pedro, en complicidad con el autollamado “rostro del alcalde” Alfredo Flores.
También acentuó la persecución contra los miembros del PRD; pero especialmente lo hizo contra la regidora panista María Dolores Reyes Godoy; a la vez que buscaba con inquina reprimir a los miembros de la OPI.
El municipio era gobernado a capricho de los hijos del alcalde -Carlos y Jorge Abdala Serna-, y pronto Jaime Martínez chocó con ellos.
Como castigo fue degradado a asesor jurídico del Ayuntamiento, lugar que a la postre abandonó por los continuos roces con el par de mozalbetes.
Aun así, Jaime Martínez prosiguió con la defensa desmedida hacia el estafador presidente del PRI de ese momento, Jorge Lorenzo Dávila Hernández, quien cometió fraude con materiales de vivienda en el fraccionamiento Valparaíso y a pesar de ser acusado y demostrado, las denuncias tampoco prosperaron.
Corrido en definitiva por los hijos del alcalde -por cierto miembros del grupo ultraderechista México Nuevo-, Jaime Martínez siguió en la nómina municipal, como asesor, en la Dirección de Seguridad Pública; su padrino, Raúl Sifuentes, se encontraba fuera de la región, en averiguaciones previas del la PGR , aun así, pudo sostenerlo.
Negro diputado
1999. Enganchado al carro de las aspiraciones de Enrique Martínez, a partir de la coordinación de la campaña en La Laguna , Raúl Sifuentes utilizó a Jaime Martínez en el municipio de San Pedro para golpear al grupo de Javier Guerrero García y poder encaramar al desprestigiado fullero Francisco Bilbao Marcos, a la silla del Ayuntamiento.
La recompensa para Jaime Martínez fue una curul local, y ya como diputado, promovió las iniciativas que su padrino Raúl Sifuentes presentó ante el Congreso coahuilense, desde la Comisión de puntos Constitucionales.
Además fungió como el principal “delator” de las actividades de los otros legisladores ante Raúl Sifuentes, personaje cuyas principales cartas son las “tácticas policíacas”.
La negra trayectoria de Jaime Martínez fue por fin valorada y castigada por el pueblo. Postulado en septiembre de 2002 por Raúl Sifuentes para la alcaldía de su natal San Pedro, se convirtió en el primer priísta en la historia municipal en perder la posición.
Con el voto, el pueblo lo declaró su enemigo.
En busca de la impunidad
2002. Después de ser derrotado por el neo perredista Emilio Bichara Marcos Wong -miembro activo del grupo México Nuevo del PRI, al momento de la nominación-, Jaime Martínez se refugió en Saltillo al cobijo de su padrino y protector sempiterno.
A pesar de sus negros antecedentes como MP, y de tener en contra averiguaciones previas inconclusas, recomendaciones de la CDHEC ; Jaime Martínez fue colocado en la Dirección de la Contraloría Interna de la PGJE , en el que opera descaradamente a favor de la precandidatura de Raúl Sifuentes, quien aspira a “la más grande del estado”.
2005. Hoy, Jaime Martínez está desatado, dice que quiere “la revancha”. Maneja que la posición a la alcaldía la tiene negociada con el todavía secretario de gobierno de Coahuila. “No le busquen, la candidatura es mía” dijo apenas a miembros del grupo de Javier Guerrero García, en San Pedro, quienes también quieren regresar a terminarse el resto del pastel municipal.
Martínez Cepeda, está seguro de alcanzar la nominación. Subraya que sólo por “imponderables muy fuertes”, se ve nuevamente en el recinto de Coss en Saltillo; ahí donde sesionan los diputados coahuilenses.
“Diputado cuando menos”, amenaza Jaime Martínez en la búsqueda eterna de la impunidad..