Falta de resultados y presuntas filtraciones, la tumba de Gertz Manero
Ricardo Ravelo
Noviembre 28 de 2025
Ciudad de México. – El fiscal Alejandro Gertz Manero, quien asumió la titularidad de la FGR en 2019, presentó su renuncia al cargo presuntamente por problemas de salud, aunque trascendió desde hace una semana que al menos en dos ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum le había solicitado su dimisión, la que no había entregado. En el Senado de la República, el coordinador de los senadores de MORENA –quien tiene 35 carpetas abiertas en la FGR por huachicol fiscal, tráfico de influencias y otros delitos –acelera la construcción de la mayoría calificada (necesitan 86 votos) para remover al fiscal Gertz, cuyos malos resultados terminaron con sepultarlo cuando aún le faltan dos años para dejar el encargo.
El destape de una investigación que implica al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, en delitos de tráfico de armas, drogas y huachicol fiscal, fue el detonador para que el Senado de la República y la presidenta Claudia Shienbaum aceleraran, de manera inusitada, la remoción de Alejandro Gertz Manero como fiscal General de la República.
Todo indica que ya había descontento en la cúpula de la 4T por rol de Gertz Manero, a quien le atribuyen las filtraciones periodísticas que pusieron bajo el reflector, entre otros, al coordinador de los senadores de MORENA, Adán Augusto López Hernández, como una de las piezas clave las operaciones de huachicol, presunto lavado de dinero y tráfico de influencias.
También se supo que el exgobernador de Tabasco era la cabeza protectora de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de López Hernández y señalado como jefe de la organización criminal conocida como La Barredora, que operaba –y opera –en Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y otros estados.
Hace una semana comenzó a correr la versión de que el fiscal Gertz Manero estaba mal de salud; que se encontraba hospitalizado en Estados Unidos bajo tratamiento y que en cualquier momento podía presentar su renuncia.
En realidad, trascendió que la propia presidenta de la República, Claudia Shienbaum, le había solicitado la renuncia al fiscal, pero el funcionario no la había presentado.
Tras hacerse público que Rocha Cantú era investigado por tráfico de armas desde Guatemala para los cárteles de la droga, huachicol y narcotráfico, el empresario se presentó ante la FGR para solicitar acogerse al programa de testigos protegidos, también llamado criterio de oportunidad.
Sin embargo, para tener derecho al llamado criterio de oportunidad es requisito que el aspirante tenga información veraz y creíble en contra de terceros, empresarios o políticos, que haya coadyuvado en sus negocios ilegales. Fue entonces cuando Adán Augusto López procedió a reunir a todos los senadores morenistas y aliados a fin de tener la mayoría calificada –86 votos –para aceptar la renuncia del fiscal Gertz Manero –se entiende que le exigieron la renuncia –y proceder entonces a elegir al nuevo titular de la FGR que, hasta donde ha trascendido, será Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la presidencia de la República.
Lo cierto es que Gertz Manero era una pieza que fue funcional en el sexenio de López Obrador, pese a sus malos resultados, pero se había convertido en un fiscal incómodo, sobre todo a raíz de que comenzaron a estallar los escándalos de corrupción y de vínculos de políticos y empresarios de MORENA con el crimen organizado.
La falta de resultados resultó ser la tumba del fiscal Gertz Manero. Negocios ilegales como el huachicol fiscal –que ha causado pérdidas hasta por 600 mil millones de pesos al fisco –; el desfalco en Segalmex (impune, por cierto) por 20 mil millones; la corrupción en Petróleos Mexicanos con la compra de la empresa Agronitrogenados que implicó a Emilio Lozoya en la operación para la compra con sobreprecios a los hermanos Ancira Elizondo, son algunos de los casos en los que no hubo sentencias firmes.
El escándalo mayor –sólo por citar a uno de los más polémicos –fue el caso Ayotzinapa, cuya investigación terminó sin poder consolidar una segunda “verdad histórica” porque cuando las indagaciones toparon con la muralla de los militares el caso fue frenado por los altos mandos del Ejército.
El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, por otra parte, no quiso que se afectara a los miembros de la Sedena.
La indagación terminó enfrascada en contradicciones, líneas de investigación que no evolucionaron y nunca tuvo una conclusión, lo que enojó a los padres de los desaparecidos, quienes recriminaron al gobierno su negativa de investigar a los altos mandos de la Sedena.
Con respecto al tema de los desaparecidos, los resultados brillan por su ausencia. Las desapariciones forzadas y sistemáticas continúan en todo el país, pero la FGR parece de capacidad para frenar ese flagelo atribuido a policías, militares y al crimen organizado.
Con respecto al rancho Izaguirre, descubierto en Jalisco como cementerio clandestino y campo de tortura, tampoco hay sentencias firmes.
El fiscal negó que ese predio haya funcionario como campo de exterminio, pero las madres buscadoras, que hallaron zapatos, ropa y otras prendas de las personas enterradas en el lugar, han sostenido que el rancho sí era campo de exterminio y entrenamiento.
El fiscal protagonizó escándalos que lo implicaron en asuntos personales, como el que ocurrió con su cuñada, la esposa de su hermano Federico Gertz, quien falleció el 27 de septiembre de 2015 como consecuencia de una congestión visceral generalizada derivada de una neumonía y un choque séptico, según los reportes médicos iniciales.
La muerte de Federico dio lugar a una prolongada batalla legal y mediática, ya que Alejandro Gertz Manero denunció que su hermano había sido víctima de un homicidio “por comisión de cuidados”.
La denuncia fue dirigida contra la esposa de Federico, Laura Morán Servín y la hija de ella, Alejandra Cuevas Morán, lo que resultó en la detención de la mujer, quien estuvo en prisión poco más de un año.
Fue entonces cuando el fiscal Gertz Manero fue señalado públicamente se utilizar los recursos de la FGR para litigar un asunto personal, presuntamente, su hermano fungía como uno de sus testaferros, es decir, tenía depósitos a su nombre que en realidad eran de Alejandro Gertz, por lo que el fondo del asunto no era en estricto sentido el supuesto homicidio de Federico, sino la cuantiosa fortuna que estaba de por medio, según versiones públicas.
Alejandra Cuevas recobró su libertad cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se podía atribuir responsabilidad penal a Alejandra Cuevas por la muerte de Federico, por lo que fue puesta en libertad. La esposa de Federico, Laura Morán, falleció en febrero de 2024, tras librar el embrollo legal.
Los conflictos de Gertz Manero
Con excepción de la estridente violencia criminal que azota al país, los casos emblemáticos de combate a la corrupción que ondeó el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador –Lozoya, Huachicol, Juan Collado, Rosario Robles, entre otros –pasaron a
segundo término tras el escándalo que, el sexenio pasado, protagonizan Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y fiscal General de la República (FGR), respectivamente.
Nieto, quien festinaba golpes al crimen organizado asegurando cuentas multimillonarias –aunque con sus investigaciones nunca logró sentencias firmes –terminó siendo acusado de beneficiarse de su cargo, plataforma que le habría servido para adquirir casas y departamentos cuyos montos, exorbitantes, por cierto, rebasan sus ingresos lícitos. El exfuncionario, sin embargo, se defendió y afirmó que dichos bienes los adquirió con créditos bancarios. Seguramente tenía –o tiene –suficiente solvencia para pagar las hipotecas.
El extitular de la UIF ya había atraído los reflectores de la prensa por sus desatinos en el desmantelamiento del patrimonio del crimen organizado.
Era muy dado a festinar antes de tiempo logros que no se sostenían ante el Poder Judicial, donde la mayoría de los casos fueron echados abajo por falta de pruebas. El caso más relevante fue La Operación Agave, que resultó un fiasco, ya que las autoridades terminaron devolviendo los recursos asegurados a los presuntos lavadores de dinero, presuntamente miembros del Cártel de Jalisco.
Otros casos no pudieron judicializarse por parte de la FGR debido a la falta de elementos probatorios, según se dijo. A todo esto, se suma las diferencias personales y políticas entre Gertz Manero y Santiago Nieto, que han interferido en el combate al crimen organizado, uno de los rubros medulares del gobierno de la Cuarta Transformación. Se afirma que Nieto quería ser el fiscal General de la República y que no cejó en su empeño por lograr su objetivo. Ese habría sido la causa del encono con Gertz Manero.
Pero en medio de este supuesto pleito quedó atrapada la lucha criminal, la cual hasta ahora ha resultado un verdadero fiasco en el gobierno de Claudia Shienbaum, no obstante, las múltiples capturas, expulsiones de capos a Estados Unidos y desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas.
Se decía que el crimen organizado era protegido en alguna de las dos instancias. O bien Santiago Nieto a propósito entregaba investigaciones débiles o en la FGR se dejaban de consignar algunas carpetas para favorecer a los intereses fácticos. Lo cierto es que el pleito trastocó el trabajo de ambos funcionarios, pues sus nulos resultados hoy dan cuenta de una clara ineficacia. Sin embargo, Santiago Nieto aseguró después que nunca hubo diferencias con Gertz.
Entonces, si nunca estuvieron peleados, ¿Qué pasó? ¿Fue un pleito fingido para justificar públicamente su pobre actuación frente al crimen organizado? Sería algo así como tú haces como que investigas y yo me niego a consignar los expedientes por ser fallidos. Lo cierto es que a lo largo de los primeros tres años del gobierno de López Obrador ambos funcionarios –Gertz Manero y Santiago Nieto –bajo pretexto de que tenían diferencias dejaron de atender los problemas del país: la violencia, el tráfico de drogas, el lavado dinero, entre otros males de fondo, lo que puso en entredicho la política anticrimen del entonces presidente López Obrador, quien desde que tomó posesión como mandatario se comprometió a pacificar el país y a combatir la corrupción. Nunca cumplió.
Presionado por el escándalo o por haberse exhibido en su boda con los enemigos del presidente, Santiago Nieto tuvo que renunciar a la UIF tras ser exhibido durante su evento nupcial celebrado en un hotel de lujo en Antigua, Guatemala, uno de los más caros de ese país.
El presidente defendió a Santiago Nieto –como también hizo lo propio con Gertz Manero –al afirmar entonces que eran funcionarios honestos en los que “tengo mucha confianza”. En realidad, al presidente no le quedó otra opción más que defender a sus colaboradores pese a sus presuntos actos indebidos, de otro modo, el discurso del combate a la corrupción se derrumbaría por completo.
Y es que el combate a la corrupción a lo largo de ese sexenio se tradujo en más discursos que resultados. En prisión sólo quedaban Juan Collado, el exabogado de los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada; Rosario Robles (que luego recobraría su libertad), por la llamada Estafa Maestra –que en realidad fue una venganza política de López Obrador –; el caso Lozoya, que pendía de alfileres y el de Alonso Ancira, negociado con el compromiso de devolver los 200 millones de dólares de sobreprecio por la venta de la planta Agronitrogenados, resultaron un fiasco. La compra que hizo Pemex resultó un negocio plagado de corrupción que puso al descubierto un cuantioso saqueo en perjuicio de la paraestatal.
Fuera de esos casos, el sexenio de López Obrador transcurrieron ondeando la bandera del combate a la corrupción sin encarcelar a los verdaderos responsables del saqueo del país: Carlos Salinas –intocable, por cierto, en este gobierno –, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con el montaje de la consulta, los expresidentes quedaron cobijados con el manto de la impunidad.
Por el tema de robo de combustibles –uno de los negocios más boyantes de la delincuencia organizada que sigue disparado –ningún funcionario de alto nivel de Pemex, ni policías ni militares y menos criminales pisaron la cárcel. En el primer año de gobierno de Claudia Shienbaum empezaron a caer altos mandos de la Marina, funcionarios y, algo peos, los señalamientos llegaron hasta la cúpula del poder.
Al cumplir un año en el poder, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa con el maquillaje de la negación y del engaño. Lo que queda es el mismo rostro del pasado arropado con un nuevo atuendo y un nuevo discurso que, por cierto, tiende a desgastarse por falta de resultados.
Otro de los escándalos de Gertz Manero estallaron cuando los diarios Reforma y El Universal publicaron sendos reportajes en los que expusieron que la UIF indagó al fiscal General de la República tras detectarse varias transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio es precisamente el mismo fiscal Gertz.
La indagación de la UIF comprendió un periodo de seis años, de 2015 a 2021, en la que la inmobiliaria Algerman realizó transferencias presuntamente inusuales al extranjero. La información publicada sostiene, además, que Juan Ramos López, actual subprocurador de delitos federales, funge como representante legal.
Los datos hablan: con base en las investigaciones atribuidas a la UIF, la inmobiliaria Algerman realizó en esos años transferencias electrónicas por 119 millones de pesos. Presuntamente, y de manera irregular, habría recibido 35 millones de pesos de vuelta.
Los movimientos financieros –de acuerdo con la información publicada –abarca el periodo en el que Gertz Manero ya era titular de la FGR, cargo al que arribó en 2019 tras ser propuesto por el presidente López Obrador.
Además, en el año 2020, la inmobiliaria citada recibió una transferencia de un millón de dólares de una cuenta de Banco Credit Suisse y otra transferencia adicional de 1.5 millones de dólares a través de Scotia Bank México.
Pero eso no es todo: Entre 2013 y 2021, el fiscal gastó en un año 109 millones de pesos en autos de lujo. De ser así, Gertz Manero tendría que explicar ese exceso: si los adquirió para armar una colección, rentarlos, usarlos personalmente o como inversión. En realidad, nadie entiende esta excentricidad de Gertz Manero, quien por cierto tiene una especialidad en psiquiatría.
Si el presidente López Obrador aceptó la renuncia de Santiago Nieto por el exceso de lujo en su boda, con mucha más pudo remover a Gertz Manero por invertir tanto dinero en autos de lujo, claro, si es que el funcionario realmente usó dinero público o del crimen organizado para tal propósito. Esto, sin duda, nunca se investigó.
Cuando le faltan dos años para concluir su periodo como fiscal, la suerte de Alejandro Gertz Manero está echada: El Senado de la República, con el activo Adán Augusto López –el huachicolero de la 4T –se aprestan para remover al fiscal y nombrar un sustituto en la FGR.
A reserva de que otro personaje arribe a la FGR, una de las candidatas de la presidenta Claudia Sheinbaum es Ernestina Godoy, que se desempeña como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.