Luis Hernández Navarro
Noviembre 4 de 2025
La mancha urbana avanza voraz y desenfrenadamente sobre los pueblos ancestrales que hoy forman la alcaldía de Milpa Alta. Intereses inmobiliarios ansían despojar de sus tierras a las comunidades. Quieren hacer grandes negocios devorando importante reserva ambiental, en el mero centro del país. El “progreso” a toda costa es su cabeza de playa para avanzar en el expolio territorial.
Dentro de la alcaldía conviven 12 pueblos originarios y avecindados. Se reconocen como descendientes de los fundadores ancestrales. A pesar de estar en las mismas entrañas del monstruo, preservan vivos sistemas normativos, cultura local y vida asamblearia para tomar decisiones.
En la década de los 70, lucharon exitosamente para conservar sus bosques y su agua en contra de la papelera Loreto y Peña Pobre. Recuperaron sus organizaciones agrarias y se deshicieron de representantes espurios. Rehicieron su identidad y se han ido reconstituyendo como pueblo. Continúan enfrentando a talamontes y comercializadores clandestinos de madera.
Pero no sólo a ellos. Sus bosques, terrenos de labranza y agua son el oscuro objeto del deseo del capital inmobiliario. Grandes desarrolladores ambicionan que esa propiedad social se desamortice y entre al mercado de tierras. Su herramienta para propiciar el desdoblamiento masivo de la Ciudad de México sobre el territorio semirrural de la alcaldía y suelo de conservación, es generar infraestructura. La ruta para engrosar allí la población urbana es el crecimiento de vías primarias de transporte masivo y la densificación de los usos de suelo.
Los pueblos los han enfrentado incansablemente durante décadas. También han resistido a alcaldes y políticos que funcionan como sus personeros. Tanto en el primer periodo (2018-2021) como en el actual (2024-2027), han chocado con el alcalde José Octavio Rivera Villaseñor, originalmente de Movimiento Ciudadano y ahora de Morena. En la pasada administración (2021-2014), se enfrentaron con la alcaldesa Judith Vanegas Tapia, en este momento diputada de Morena por Tláhuac y Milpa Alta.
Un recorrido a vuelo de pájaro de estos combates nos muestra lo incesante de la confrontación. En ellos, el abogado Carlos González ha acompañado a los pueblos y les ha otorgado asesoría legal eficaz. En 2020, la alcaldía y el sistema de agua local buscaron perforar un pozo en San Jerónimo Miacatlán para llevar agua a otras partes de la ciudad. El pueblo se opuso y tomó el predio donde se iba a horadar la tierra. Para reforzar su acción, presentaron un amparo.
En 2021, gobierno local y federal quisieron poner instalaciones de universidades en un terreno que la comunidad había designado para un centro de salud, en el Barrio Santa Cruz. Ya habían construido buena parte de la infraestructura, pero los pobladores se ampararon y todavía hoy en día siguen impidiendo el funcionamiento de las universidades.
En San Pedro Atocpan, en 2022, la comunidad logró recuperar un deportivo que el alcalde Octavio Rivera les había quitado con el uso fraudulento de una escritura que corresponde a otro inmueble. Rivera pretendía construir un complejo educativo, detrás del cual estaba la familia Baillères.
También en 2022, les quisieron imponer el Programa General de Ordenamiento Territorial. Buscaban hacer crecer la Ciudad de México sobre suelo de conservación, con la construcción de centralidades o polos de desarrollo. Uno de ellos, en el pueblo de San Antonio Tecómitl (fundado en 1140). Era ilegal, pues no consideraba ni el derecho a la consulta, ni los derechos agrarios de la comunidad. Finalmente, el 9 de diciembre de 2022, se alcanzó una negociación favorable con el gobierno, en la que se retiró la propuesta oficial.
Ya como alcaldesa, doña Judith quiso construir un mercado sobre tierras ejidales, sin anuencia del ejido de Tecómitl. Presentaron un amparo y lograron que se decretara una suspensión. Pero a la gobernante le valió madres y siguió adelante con la infraestructura. Levantó dos plantas. Los ejidatarios interpusieron denuncias ante el juzgado de distrito que llevaba el asunto. Los recursos se declararon infundados. Sin embargo, metieron el recurso de queja ante el décimoctavo tribunal colegiado en materia administrativa, el cual resolvió que la alcaldesa, y varios funcionarios más, habían violado la suspensión. Les impusieron multas y quedó abierta la vía penal y administrativa para ser removidos del cargo.
Ahora, en lo que es una aplicación del reordenamiento territorial a cachitos, al margen de lo que desea la población, se quiere instalar el Cablebús de Tláhuac a Milpa Alta. La obra acelerará la urbanización y el despojo de las tierras. Las protestas no se han hecho esperar. Sin embargo, se anunció que el 21 de noviembre comenzará su construcción.
En este contexto, el 30 de octubre, en una reunión de trabajo entre diputados locales y funcionarios del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, en el marco del inicio de la consulta para la elaboración y aprobación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, la diputada Judith Vanegas Tapia le puso el dedo inquisitorial al abogado de los pueblos Carlos González.
En el peor estilo policiaco, dijo: “Atrás de todo esto está Carlos González García. Ha sido enemigo histórico de todo esto que se intenta hacer. Fue a levantar a los pueblos y barrios originarios. Él estaba detrás del movimiento en contra de la doctora Claudia. La doctora Sheinbaum sabe quién es él”.
La amenaza de la legisladora pone en peligro al abogado. Irónicamente, ese mismo día, el 30 de octubre, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos acordó por unanimidad requerir, como lo había hecho hace casi un año, a los gobiernos de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Morelos y Ciudad de México para que cuiden de su persona y derechos, y no se le afecte en su vida ni su seguridad e integridad. Es decir, el Estado mexicano considera que él está en riesgo. La acusación de Judith Vanegas lo pone aún más en peligro.
X: @lhan55