Políticos, empresarios y criminales han hecho del huachicol el negocio más rentable con el apoyo –o complicidad –del poder político en turno. Andrés Manuel López Obrador, quien arribó al poder en 2018, se comprometió a combatir el delito, pero siguió en jauja, aunque en el discurso oficial el saqueo a Pemex había desaparecido al igual que la corrupción. Personajes como Sergio Carmona –cuyo hermano era jefe de la aduana de Raynosa, Tamaulipas –era uno de los más boyantes empresarios del huachicol. Le dieron protección porque financió las campañas de MORENA. Actualmente uno de los más visibles políticos ligados al llamado huachicol fiscal es Adán Augusto López, líder delos senadores y presunto jefe del grupo criminal conocido como La Barredora. Sin embargo, a pesar de que tiene 35 denuncias en la Fiscalía General de la República, el político tabasqueño sigue impune y operando al más alto nivel.
Ricardo Ravelo
Diciembre 30 de 2025
El negocio del huachicoleo sigue en jauja. Destruir sus redes –principal objetivo del actual gobierno –sigue pendiente a más de un año de que Claudia Sheinbaum tomó el poder. Por más que en el discurso afirmen que se combate, lo cierto es que la ordeña de ductos, así como el llamado huachicol fiscal permanecen impunes.
Todo sigue igual, aunque la mandataria pregone las bondades de su gobierno en materia de crimen organizado: sostiene que ya no hay violencia ni corrupción; que el país ha cambiado y que ya están sentadas las bases de la transformación. Sin embargo, otra es la realidad.
Lejos de ser combatidas, las organizaciones dedicadas al robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex) siguen intactas; a más de un año de gobierno, ningún funcionario ligado a este negocio ilegal está preso salvo el general Eduardo León Trauwitz, quien fuera responsable de
seguridad de la paraestatal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este personaje actualmente vive en Canadá y está sujeto a un juicio de extradición.
El militar fue detenido en Canadá en diciembre de 2021 a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), pero poco después fue puesto en libertad para llevar su juicio de extradición en prisión domiciliaria en ese país.
En México se le acusa de ser la llave más importante de Pemex para permitir el robo de combustibles.
Pese a la militarización histórica que vive el país –ni con Felipe Calderón las Fuerzas Armadas invadieron tantos espacios en el gobierno federal –los cárteles de la droga continúan obteniendo ganancias millonarias por el robo de gasolinas a través de ductos de Pemex. También a través de la importación ilegal de gasolinas a través de las aduanas.
Con este negocio se relacionan grupos criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, según datos oficiales, controla amplios territorios desde Quintana Roo hasta Baja California; también una parte del cártel de Sinaloa está implicado en este boyante negocio, además de grupos ligados al cártel del Golfo y al del Noreste, amos y señores en Tamaulipas,
que se dedican a la extracción de combustibles de las tuberías de Pemex que atraviesan el país.
Todo esto ocurre cuando ya ha transcurrido más de un año de gobierno –y seis de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió combatir el delito –sin golpes importantes frente al crimen organizado que, boyante y poderoso, controla territorios, se apropia de recursos naturales y gobierno en municipios y estados.
Al crimen nada lo detiene. Desde cualquier punto del país, los grupos criminales dedicados al robo de combustibles –El Huachicoleo, como se le conoce comunmente –siguen operando impunemente, pues ninguna autoridad civil ni militar impide que los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) sigan siendo perforados para extraer gasolinas.
Las redes se mantienen en Pemex y siguen operando el hurto de combustibles en complicidad con ramajes criminales ligados a los grandes cárteles, como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, entre otros, que han encontrado en el “huachicoleo” una fuente inmensa de ingresos. Después de las drogas sintéticas, en cuyo mercado han intervenido la mayoría de los cárteles declarados por Estados Unidos como grupos terroristas, el saqueo de combustibles se enlista como la segunda fuente más importante de ganancias.
Y es que pese a ser uno de los problemas que más preocuparon al gobierno de la Cuarta Transformación desde el inicio de la administración de López Obrador, en 2018, el robo de combustibles se mantiene boyante en todo el país. La mayoría de las redes criminales están intocadas, mientras que los altos funcionarios de Pemex implicados en ese negocio permanecen
impunes.
A tres años de la crisis de combustibles, propiciada por el cierre de ductos y la persecución de “huachicoleros” y distribuidores de gasolinas robadas, el negocio sigue en jauja; los llamados perforadores de ductos siguen operando sin tregua y, en muchos casos, hasta con protección.
De acuerdo con datos oficiales, entre enero y junio de este año se han detectado unas poco más de cinco mil perforaciones en la red de ductos de Pemex, lo que indica que se realizan 29.3 orificios cada día. Los estados con mayores redes criminales dedicadas al robo de combustibles, según los mismos datos consultados, son Puebla, Estado de México, Veracruz e Hidalgo. El problema está más arraigado en las entidades gobernadas por MORENA.
Tanto en el mar, zonas fronterizas y en diversas regiones del país, los huachicoleros siguen explotando el combustible mediante perforaciones en las redes de ductos, los cuales cruzan por poblaciones completas, rancherías, comunidades rurales y rubanas. En esos territorios, en su mayoría abandonados por las autoridades, existe un vacío legal que, a su vez, se ha convertido en el mejor asidero para la proliferación de estas bandas criminales.
En varios casos, las organizaciones criminales están relacionadas con los cárteles de la droga. Es el caso de “Los Zetas”, cártel del Noreste y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Este último grupo delictivo controla redes de “huachicoleo” desde Quintana Roo hasta Baja California. Esto indica que tiene presencia en las 32 entidades federativas del país.
Según datos de Pemex y de la Fiscalía General de la República (FGR), responsable de combatir este delito, el número de tomas clandestinas en los ductos de la paraestatal, son operados por particulares y supera el 6.6 por ciento a las registradas en el primer semestre del año 2024.
La subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex dio a conocer un informe en el que indica que en los primeros seis meses de este año, el número de tomas clandestinas sumó las 5 mil 315, es decir, 331 más que los 4 mil 884 detectadas dentro del mismo periodo pero del año 2020. El estudio indica que este amento equivale al 6.6 por ciento.
Esos mismos informes establecen, además, que los grupos de la delincuencia organizada dedicada a la extracción de combustibles robados en ductos de Pemex realizó 25.5 perforaciones diarias; de esta manera se abrieron igual número de tomas clandestinas, lo que se traduce –indica el documento consultado –que se perforaron 1.14 ductos cada hora.
En el primer semestres de este año, esos mismos grupos del crimen organizado ejecutaron 29.3 perforaciones ilegales por día, lo que equivale a 1.22 cada hora. Así la dinámica criminal.
No sólo eso: Informes de Pemex indican, por otra parte, que los estados de Hidalgo, Estado de México y Puebla (Este último enclavado en la zona conocida como “El Triángulo Dorado del Huachicol” –siguen en los primeros lugares como las entidades con mayor robo de combustibles. Ahí ninguna autoridad ha podido poner orden.
Los datos hablan: De acuerdo con las cifras oficiales, esos tres estados reportan siete de cada diez tomas clandestinas realizadas por la delincuencia organizada a nivel nacional.
La dinámica del llamado “huachicoleo” se centra, en segundo lugar, en los estados de Michoacán –tierra de nadie –; Guanajuato –controlado por el CJNG y el cártel Santa Rosa de Lima –, Tlaxcala, Tabasco –la tierra del presidente López Obrador –Jalisco, Tamaulipas –aquí manda el narco –y Querétaro, por citar sólo algunas entidades más afectadas. En todas estas entidades se detectaron entre diez y 34 tomas clandestinas por donde se extraen gasolinas Magna, Premium y diésel.
Debido a los volúmenes de combustibles robados a Pemex este delito sigue impactando al más alto nivel del gobierno federal. La propia Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, en su reporte mensual, expuso que en agosto de este año el desvío de hidrocarburos de Pemex causó pérdidas
considerables.
Pero el huachicol no se queda atrás, pues la extracción ilegal de petrolíferos se cuantifica en unos 4 mil barriles diarios y la actividad del crimen organizado en perjuicio de la empresa petrolera va al alza, según indican los datos consultados. Tan sólo el llamado huachicol fiscal causó pérdidas al fiscal por unos 16 mil millones de pesos, recurso que se dejó de percibir debido a que los introductores de combustibles evadieron los impuestos.
Con base en datos estadísticos se establece, además, que esos 4 mil barriles diarios producto del llamado “huachicoleo” le redituaron al crimen organizado ingresos por unos 2 mil 290 millones de pesos en un semestre.
Para sacar este cálculo, las autoridades tomaron como referencia el precio promedio nacional de gasolina –19.91 pesos por litro en gasolina regular –. Utilizando los mismos parámetros –pero con un precio promedio por litro de gasolina de 11.14 pesos –el crimen organizado extrajo ilegalmente unos 4 mil 800 barriles diarios de combustibles. Las ganancias: 538.8 millones de pesos.
Esto indica que, aunque las tomas clandestinas lograron reducirse en 81 mil barriles diarios en noviembre de 2020 a 4 mil barriles en el primer semestre de este año –este delito sigue siendo uno de los más rentables para los grupos criminales.
El huachicol, impune
En diciembre de 2018, al tomar posesión como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador decidió enfrentar al crimen organizado dedicado al robo de hidrocarburos de Pemex. Desde años atrás, la paraestatal venía padeciendo un desmedido saqueo que mermaron sus
finanzas. En buena medida, esto contribuyó a la quiebra de la principal empresa del gobierno. La estocada fue la corrupción atroz, documentada con los contratos amañados y las compras a sobreprecio –como fue el caso de la planta Agronitrogenados –adquirida por Pemex con un sobre-giro de más de 200 millones de dólares.
En aquel golpe al crimen se detectó, por ejemplo, que desde la torre de Pemex, ubicada en la Ciudad de México, había un piso destinado para operar todo el robo de combustibles. Ese espacio era el cuarto de control desde donde se enviaban las señales – la información sobre los horarios y el tipo de producto que bombearían a través de los ductos se le pasaba a la delincuencia organizada desde la propia sede de la paraestatal –para que las redes del crimen estuvieran alertas y así extraer las gasolinas.
Ahí operaban altos funcionarios de la paraestatal que resultaron ser parte de una amplia red criminal dedicada al saqueo de Pemex. Este negocio venía operando durante varios sexenios y siempre se encubrió a los responsables con el manto de la impunidad.
Tras el golpe asestado por López Obrador, sobrevino la crisis: Las empresas distribuidoras de gasolinas pararon sus actividades y se generó una escasez de gasolinas que no tiene precedentes en el país.
La crisis llegó a ser un verdadero escándalo internacional. Fue tan fuerte el impacto que el presidente López Obrador ordenó la compra de cien pipas para la distribución de gasolinas, ante el cierre temporal de los ductos.
La escasez de gasolinas se prolongó por varias semanas, hasta que paulatinamente se fue normalizando. El resultado de aquel intento de combate criminal, sin embargo, derivó en impunidad: ningún funcionario de Pemex y nadie de la delincuencia organizada está en la cárcel por ese delito.
Las perforaciones en los ductos de Pemex disminuyeron. También los volúmenes de combustible robado. Sin embargo, el delito sigue operando a nivel nacional, pero extrañamente no se combate ni se encarcela a los responsables del saqueo a Pemex. De buenas a primeras, el tema salió del discurso presidencial.
En agosto último, Pemex emitió un reporte sobre sus resultados financieros correspondientes al primer semestre del año. Expuso en dicho documento que las operaciones de la paraestatal está sujetas a riesgos por conductas criminales, pues el desvío de petróleo crudo, gas natural y productos refinados del sistema de ductos continúa. Esto implica riesgos mayores debido a que la delincuencia suele adulterar los productos.
Y en el mismo documento la paraestatal alertó que está en riesgo al estar expuesta a un mercado ilícito de combustibles, el cual es extraído de sus propios ductos, lo que se ha traducido en pérdidas multimillonarias que, hasta ahora, no se recuperan.
Una fuente consultada, quien se dedica al “huachicoleo”, dice que las redes dedicadas a este negocio ilegal operan como los cárteles de la droga.
“Desde Pemex nos asignan zonas y rutas. Nosotros operamos, sacamos el producto, lo vendemos a los propios concesionarios de Pemex (los gasolineros) y luego entregamos un porcentaje de las ganancias a quienes nos brindan protección”.
Pese a todo, el negocio continúa como si nada pasara.
Lo peor, sin embargo, es que la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que el huachicoleo está siendo combatido, cuando en realidad sigue envuelto en la más completa impunidad.