Desde el Altiplano
Ricardo Ravelo
Noviembre 6 de 2025
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, a manos de un comando armado, tiene tintes políticos, pero también criminales, de acuerdo con los primeros detalles que se conocen de la investigación.
El presidente municipal tenía diferencias con el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla –cuestionado en 2021 por haber arribado al poder financiado presuntamente por el crimen organizado –y también con Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, abogado criminólogo y actual diputado federal por esa entidad.
Lo que se comenta entre la clase política michoacana es que Carlos Manzo estaba trabajando y muy fuerte para ser el próximo gobernador en Michoacán, pero no convenía a los intereses del mandatario, pues Manzo estaba comprometido con hacer una purga en el estado para combatir al crimen organizado, abatir a los cárteles y poner fin a cuatro décadas de violencia criminal.
En 2024 ganó las elecciones y se convirtió en el primer alcalde independiente; se caracterizó por ejercer mano dura contra el crimen, pues quería erradicar a los mafiosos que delinquen en las calles, pero también a los que ejercen el poder político.
El sábado 1 de noviembre, en medio de una fiesta por el día de muertos, el alcalde Manzo se adentró entre la gente para festejar, ver las ofrendas y saludar a sus simpatizantes.
El munícipe tenía a su servicio a catorce miembros de la Guardia Nacional que lo cuidaban; también contaba con protección de policías municipales de su confianza. Pero en la logística de seguridad algo falló, pues un comando armado, presuntamente del Cártel de Jalisco Nueva Generación, se infiltró entre la gente y le dispararon con un arma nueve milímetros. El edil cayó abatido y bañado en sangre.
Sobre este artero crimen circulan varias versiones: que fue víctima de una guerra entre cárteles; que tenía diferencias con miembros del partido MORENA; que estaba distanciado del gobernador Ramírez Bedolla; que no quiso pactar con el crimen organizado; que se negó a aceptar peticiones del CJNG para colocar gente en el Ayuntamiento y en las policías.
Hasta ahora lo que se sabe es que días antes de su muerte fue amenazado; otras fuentes consultadas sostienen que las amenazas las recibió en varias ocasiones y provenían presuntamente de políticos ligados a los cárteles.
Lo que llama sobremanera la atención es que existiendo tintes criminales en este asesinato la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, no haya atraído el caso y hecho al menos alguna declaración al respecto.
El único que salió a dar la cara ante el crimen fue Omar García Harfuch, quien dijo que el crimen no quedará impune y que se irá hasta las últimas consecuencias.
Michoacán –puerta de entrada en la ruta del pacífico en el tráfico de drogas –lleva más de cuarenta años sumido en la violencia. Ningún mandatario ha conseguido pacificar ese territorio que actualmente está controlado por cuatro cárteles: La Familia Michoacana, el Cártel de Jalisco, Los Viagras y Cárteles Unidos.
Todos estos grupos michoacanos fueron declarados por el gobierno de Donald Trump como organizaciones terroristas extranjeras, pues también son señaladas de ser parte de la red de fabricantes y exportadores de fentanilo hacia Estados Unidos.
Además, estos cárteles se dedican al cobro de piso, una modalidad delictiva que tiene atemorizados a los productores de aguacate y limón, quienes a la fuerza deben compartir sus ganancias con el crimen organizado que en Michoacán opera impunemente.
En medio de este control que ejerce el crimen organizado –que además gobierna varios Ayuntamientos en Michoacán –ocurrió el crimen de Carlos Manzo, quien se había comprometido con el pueblo de Uruapan a erradicar a los cárteles. De esa forma preparaba su camino hacia la gubernatura. Y no hubo otra forma de pararlo más que a tiros. Cabe recordar que, en 2006, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia de la República, organizó la guerra contra el narcotráfico precisamente en su tierra, Michoacán, que entonces ya estaba dominada por grupos mafiosos.
Fue en Michoacán donde se pusieron en marcha los llamados Operativos Conjuntos Contra el Crimen Organizado, una política que resultó fallida porque no logró devolverles la paz a los territorios, al contrario, avivó más el avispero y convirtió el país en zona de guerra.
Además, la guerra contra los cárteles no fue pareja. El cártel de Sinaloa era el consentido del sexenio y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, resultó ser una pieza clave en la protección de los principales hombres de esa organización: “El Chapo Guzmán”, “El Mayo Zambada”, los hermanos Beltrán Leyva, Nacho Coronel, entre otros, que gozaron de impunidad durante el caldenorato.
Además de ser la puerta de entrada en la ruta del Pacífico, Michoacán, tierra de nadie, es un territorio muy codiciado por los cárteles. Por ahí llega mucha droga de Colombia vía submarinos, que descargan en el mar y luego los pescadores levantan los bultos de cocaína para embodegarlos y después moverlos hacia Estados Unidos.
Amplia y poderosa es la red de complicidades que se por años se han tejido en Michoacán entre gobernadores y el narco; alcaldes y grupos criminales que tienen bajo su poder y dominio el poder criminal y político. En Michoacán sólo manda una voz: la del crimen.