Hermann Bellinghausen
Junio 22 de 2026
La resistencia lleva dos décadas, pero es con el actual gobierno de Chiapas que las autoridades al fin materializan un proyecto que anteriores administraciones de distintos partidos no pudieron. Una primera conclusión es que todos los organismos políticos coinciden en la construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas (SCLC)-Palenque por la ruta que escogieron. Y para lograrlo, por igual desestiman, criminalizan o cooptan a las comunidades.
Los organismos civiles independientes que perseveran en la entidad documentan el demoledor avance de la vía. En febrero emitieron un posicionamiento, confirmado el 16 de junio: “Desde el inicio, las comunidades han denunciado que el proyecto se impulsa sin cumplir con los requisitos legales y no cuentan con información ambiental, social y cultural suficiente, información técnica adecuada ni se ha realizado una consulta libre, previa e informada”. Se promovieron amparos por los derechos a la información, la libre determinación y la consulta previa, “señalando la falta de difusión de la manifestación de impacto ambiental y la imposibilidad de participar de manera informada en la toma de decisiones”. Sin embargo, “los juzgados han negado las suspensiones solicitadas, bajo el argumento del interés social y el orden público”.
No es la primera vez que esto ocurre. Más bien es la tendencia histórica de la sociedad nacional mayoritaria y no indígena. Se trata de la aniquilación en cámara lenta del verdadero país indígena, el que vive y cultiva las tierras ancestrales, y que más allá del apapacho folclórico en las capitales, es víctima constante del despojo, la imposición y el debilitamiento de sus estructuras comunitarias por la mediatización o falsificación de asambleas y procesos de consulta. La ley, como quien dice, se impone mediante ilegalidades.
El documento destaca “la estrategia de fragmentación para destruir el tejido comunitario, limitar la organización y resistencia de los pueblos que años atrás frenaron el mismo proyecto”. Inicialmente se llamó Plan Puebla Panamá, luego Plan Mesoamérica, y ahora se despliega en el sureste del país para “favorecer al comercio mundial y no la calidad de vida de los pueblos originarios”.
Éste es el meollo que las autoridades soslayan y la sociedad urbana no indígena desestima tajantemente. Para funcionarios y usuarios (turistas y transportistas de manera destacada) son prioridad la comodidad y la movilidad, que reducirá el viaje a Palenque a dos horas de las cinco o seis que toma actualmente, y eso si no hay bloqueos o asaltos. Así, las limitaciones de gestión, seguridad y servicios se resuelven con el despojo. La misma lógica de la minería, la urbanización, la gentrificación y el reordenamiento del paisaje; el extractivismo destruye lo que toca.
Quienes no se someten “enfrentan amenazas, hostigamientos, intimidaciones y coerciones de las autoridades locales, municipales y estatales”, así como de las empresas contratadas. Se amenaza a las comunidades con las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal o el Ejército, “que llevaría a cabo la obra en las parcelas o tramos donde la gente se resiste”.
La vía partirá por el medio uno de los enclaves indígenas más antiguos, vivos y ricos de México. La autopista de cuota beneficiará al turismo (ese nuevo Baal), a ganaderos, políticos y urbanitas, atropellando literalmente a los pueblos tseltales y choles, ahí hace cientos de años con sus milpas y parajes, sitios sagrados, vestigios arqueológicos, arroyos y manantiales que abastecen a las comunidades, así como los formidable ríos Agua Azul y Tulijá.
Las caravanas documentan que en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Chilón el impacto ambiental es notable. La deforestación “afecta a zonas de bosques escasos como el mesófilo de montaña y áreas donde viven diversas especies en peligro de extinción”. El proyecto “niega formas
de producción y reproducción de la vida campesina al cortar veredas y caminos. La extracción de material pétreo para la carretera destruye los cerros; en los últimos meses se ha visto la afectación por deslaves e inundaciones en poblados a causa de la obra”.
Súmese que el condicionamiento de los programas sociales se utilizan “con fines distintos al de combatir la pobreza y la degradación ambiental; mediante engaños se repite en las comunidades que sus tierras ya fueron pagadas por haber recibido dichos programas”. Igual con fertilizantes y herramientas, “mediante la firma de documentos en blanco o la entrega de certificados agrarios y documentos que acrediten la posesión de la tierra para tener acceso a programas sociales”.
En las caravanas también participan indígenas y organizaciones comunitarias, recibidas fraternalmente por los pobladores que enarbolan el lekil kuxlejal, “una forma de estar-en-el-mundo que prioriza relaciones armónicas y respetuosas con la Madre Tierra ( nantic lumquinal), así como la integración de la comunidad, poniendo como centro el común frente a la cultura del enriquecimiento individual”. Nada de esto detiene a las autoridades, para quienes, capitalismo por delante, el negocio del progreso no tiene límites. Como siempre, se impone la lógica del colonizador.
La Jornada
