Gustavo Leal F.
Octubre 10 de 2026
Sin reconocer afectaciones directas sobre los trabajadores asegurados de reformas para métricas estatales impulsadas por interesados despachos actuariales, el diputado claudista Alfonso Ramírez Cuéllar declara que en muchos estados se realizaron reformas, pero “el costo inercial de regímenes anteriores continúa presionando las finanzas públicas comprometiendo el pago pensionario o desplazar recursos destinados a programas prioritarios ( La Jornada, 23/7/26). ¿Costo “inercial” o reformas actuariales contra los trabajadores? El problema de fondo es, nuevamente, el insuficiente diagnóstico tecnocrático deliberadamente sesgado de Ramírez.
Según él, estos esquemas cubren principalmente a servidores públicos y trabajadores universitarios sumando 12 por ciento de la PEA. Pero diversas instituciones ya recurren a subsidios para “cubrir” sus obligaciones y otras comenzarán a “necesitarlo” entre 2025-42 porque hay “menor” relación entre personas activas y en retiro donde las aportaciones “reducidas” deben pagar pensiones crecientes. Las entidades más presionadas son Morelos, Coahuila-Magisterio, San Luis Potosí-Telesecundaria e Isssteesin con dos activos por retirado. Además, requerirán subsidios durante 2025-30 Campeche, Colima, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. Jalisco, Tamaulipas y Zacatecas lo harán entre 2031-36; Michoacán 2037-42 mientras Aguscalientes y Guanajuato después de 2042.
Como lo hace la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, el BID y el CIEP, Ramírez se arropa en la raída bandera tecnocrática del costo pensionario: el “costo” para los gobiernos estatales aumentará de manera “importante”. Los siempre oportunos e interesados propulsores de la “bomba pensionaria”. Y lo peor para su catastrófico “diagnóstico” es que ¡ese “gasto” seguirá creciendo!
Su tecnocrático diagnóstico repite de otros que “en muchos casos” no existe relación directa entre las aportaciones realizadas y los beneficios otorgados, además de que las reservas financieras son reducidas. Una nueva legislación “debe buscar” equilibrio entre sostenibilidad económica, viabilidad política y protección social. Claro: la protección social, lo más importante, al final.
Ya antes, frente a los costos sociales pensionarios del modelo neoliberal de autopensión-Afore, se contentó con proponer emitir una “Ley general de pensiones” federal para atender el “problema” financiero. Ley, agregó, para los “tres órdenes de gobierno” debiendo “establecer” parámetros mínimos y máximos en materia de requisitos y beneficios para “todos” los sistemas públicos del país. Es decir, para consagrar la inequidad estructural pensionaria del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) congelando intacto el marco neoliberal con pensiones a la baja y fortaleciéndolo con más subsidios fiscales.
Y para seguir incrementando la burocracia sin enfrentar la problemática de fondo y sus bajas pensiones, Ramírez quiere además “crear” una secretaría o autoridad nacional especializada con “capacidad técnica, financiera y de coordinación” para “elaborar” un plan nacional pensionario, así como “regular, supervisar y dar seguimiento a todos los esquemas que reciben recursos públicos”. Es decir: una secretaría no sólo incapaz de resolver el desafío estructural de elevar realmente el nivel pensionario, sino que nacería justamente para lo contrario: para toparlo constitucionalmente.
Claro que él aclara que con “su” Ley no se busca “imponer un modelo único de pensiones”. ¡Por supuesto que no! Ese modelo de autopensión ya está impuesto: es el SAR neoliberal.
Por supuesto que este diagnóstico tecnocrático sesgado proviene directamente –desde hace años– de despachos actuariales que militan por la absoluta inmovilidad gubernamental preservando intacto el SAR y que Ramírez se limita sencillamente a repetir. Como comunicó el propio despacho actuarial
que lo inspira: “el diputado Ramírez planteó como principal acuerdo la Ley general de pensiones y me dio los créditos de la propuesta. Ojalá se concrete para poner en orden las pensiones en México” (24/7/26).
Después de la más intensa y extendida protesta de que se guarde memoría –desde la imposición de Ley-Issste-2007-Calderón-Beltrones– encabezada por el magisterio democrático durante las jornadas sucesivas de los años 2025-2026, la respuesta legislativa del partido Morena confirma su enorme sordera frente al alcance nacional de una amplia demanda legítima. Sin desconcer la urgencia de actuar sobre el desafío de las pensiones estatales y universitarias las repeticiones de Ramírez sólo imponen una agenda tecnocrática más. Vaya respuesta legislativa después del gran debate 2025-26.
Como presidenta de todos los mexicanos y honrando sus 36 millones de votos, Claudia Sheinbaum tiene ahora la palabra para buscar rutas alternativas antineoliberales que corrijan de raíz el triste paisaje legislativo que pinta su cercano diputado Ramírez.
