Desde El Altiplano
Ricardo Ravelo
Noviembre 3 de 2026
Actividad recurrente por parte de mafiosos, políticos y empresarios, el delito de lavado de dinero es el menos castigado en México y por ello brilla como una de las actividades ilegales impunes.
Pese al discurso oficial, en el sentido de que para debilitar al crimen es necesario erosionar su base financiero, lo cierto es que esta retórica ha resultado falsa en los últimos tres sexenios, el de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
La Fiscalía General de la República –antes PGR –ha integrado 8 mil 145 carpetas de investigación en los últimos veinte años; sin embargo, las sentencias firmes que ha logrado son bajas. Tan sólo ha llevado a sentencias irrevocables en 17 casos, lo que equivale al 0.2 por ciento del total de investigaciones abiertas. Las causas: que las investigaciones no están bien integradas. En muchos casos impera la falta de capacitación de los agentes del Ministerio Público, en otros, por desgracia, se impone la corrupción institucional.
En los últimos tres sexenios, quizá los que más han ofrecido combatir al crimen organizado, el lavado de dinero se ha impuesto como una actividad relevante y no menos impune.
En el gobierno de Felipe Calderón sólo se lograron 9 sentencias. Ese fue el sexenio de la guerra contra el crimen organizado, guerra fallida, por cierto, pues no se logró desmantelar ningún cártel, por el contrario, se internacionalizaron y adquirieron mayor fortaleza.
Con Enrique Peña Nieto la extinta PGR sólo pudo sentenciar a tres acusados, mientras que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –el de los abrazos y no balazos –únicamente se obtuvieron cinco sentencias firmes. Con Claudia Sheinbaum, en dos años de gobierno, no hay sentencias, pero sí fallos favorables en primera instancia.
Una de los casos más emblemáticos es el del empresario mexicano de origen chino Zenli Ye Gon, dueño de laboratorios e importador de precursores químicos para elaborar drogas químicas.
Fue sentenciado en junio de 2026 a 15 años de prisión por uso de recursos de procedencia ilícita, luego de que se le acreditaron transferencias inusuales al extranjero.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, Ye Gon enfrentó a la justicia tras el aseguramiento de 207 millones de dólares que estaban resguardados en la recámara de una residencia en la ciudad de México.
Nunca se supo a donde fue a parar el dinero, pues el entonces presidente Felipe Calderón manejó tres versiones: que lo entregaría al Banco del Ejército; otra, que lo enviarían a un banco de Estados Unidos y una tercera versión fue que el recurso se utilizó para apoyar a los jóvenes adictos a las drogas. Ninguna cuadra, hasta ahora.
En los últimos años, el lavado de dinero se ha convertido en una actividad muy sofisticada. Ahora los cárteles blanquean activos utilizando criptomonedas, una modalidad moderna, mientras otras formas de ocultar dinero son a través de la llamada empresa fantasma. Con ese instrumento desvían dinero público y lo mandan a paraísos fiscales. El lavado de dinero empobrece a los países, pues se evaden los impuestos mientras que las necesidades de la población aumentan.
Los países que más lavan dinero son Estados Unidos, Suiza, Rusia, España, Inglaterra, entre otros, son naciones que proponen muchas alternativas para frenar el lavado, pero al mismo tiempo operan los llamados paraísos fiscales, territorios con leyes propias donde se protege no sólo el secreto bancario sino la identidad de personas que, desde cualquier lugar del mundo, mueven miles de millones de dólares que son producto de actividades ilegales.
El lavado de dinero es una actividad que no es nueva. Data de hace unos dos mil años, inició en China y, después, se sofisticó en Estados Unidos en los años treinta del siglo pasado, cuando Al Capone invertía dinero sucio en negocios legales. Así nacieron las famosas lavanderías y por ello se le conoce como lavado de dinero.
En México, por ejemplo, existe una gran dinámica criminal y, por ello, se requieren de múltiples instrumentos para blanquear dinero sucio. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el lavado de dinero llegó hasta la presidencia de la República.
El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, fue acusado de lavar dinero a través de su casa de bolsa Vector, que fue utilizada para depositar dinero a las empresas chinas que proveían de precursores químicos al cártel de Sinaloa para elaborar fentanilo, la droga letal que mata a cien mil ciudadanos estadunidenses cada año.
También lavó dinero de prestanombres de Genaro García Luna y del cártel de Sinaloa. Por esas razones también fueron suspendidas otras dos instituciones financieras –Ci Banco e Intercam –, pues se acreditó por parte del Departamento del Tesoro que estaban vinculadas al blanqueo de activos.
De acuerdo con un informe del Departamento del Tesoro de junio de este año, el cártel de Jalisco Nueva Generación habría lavado unos 7 mil millones de dólares producto del huachicol fiscal, el delito que más ha causado pérdidas a la hacienda pública: cerca de 600 mil millones de pesos.
El grupo criminal, que opera con más de veinte actividades ilegales, pudo blanquear esa suma en el sistema financiero mexicano, de acuerdo con el Tesoro estadunidense. Sin embargo, en México ni siquiera se encendieron las alertas.
Esto indica que la actividad de lavado de activos está protegida por el Estado. Es por ello que México, aunque no ha sido declarado como un paraíso fiscal, sí opera como tal, aunque las autoridades lo nieguen.
