Con el apoyo de países aliados –Colombia, Honduras, Guatemala, Chile, Ecuador, entre otros –el gobierno de Donald Trump inicia una cruzada continental contra los grupos del crimen organizado que operan en América Latina
*Según explicó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se trata de una ofensiva militar, ahora por tierra, para exterminar a los cárteles de la droga, a quienes consideró enemigos tan peligrosos como ISIS (Estado Islámico) o Al Qaeda, grupos armados y extremistas
*En el caso de los cárteles de la droga, declarados por Estados Unidos como organizaciones del terrorismo, el combate se realizará con el ejército estadunidense y con el apoyo de las Fuerzas Armadas de cada país aliado
Ricardo Ravelo
Agosto 25 de 2026
Ciudad de México. – Con la anuencia de los gobiernos de Honduras, Guatemala, Colombia, Chile, Ecuador, entre otros aliados, Estados Unidos inicia la cruzada contra grupos criminales y terroristas.
Se trata de operaciones conjuntas que dirigirá el ejército de Estados Unidos en coordinación con las Fuerzas Armadas de los países aliados referidos, a fin de destruir a los cárteles de la droga —u organizaciones del terrorismo— que han amasado grandes fortunas con el tráfico de drogas como cocaína, heroína, pero también con el letal fentanilo que ha provocado la muerte de unos 100 mil ciudadanos norteamericanos anualmente.
El anuncio lo hizo hace unos días el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, desde una zona selvática de Panamá, donde se hicieron ensayos, presuntamente, de lo que será el combate contra las organizaciones criminales y/o del terrorismo.
Durante el gobierno de Donald Trump se empezó a construir el proyecto quizá más ambicioso de combate criminal en todo el continente latinoamericano. Ésta, sin duda, es una lucha continental y no como se hacía antes, país por país, sino que esta vez se coordinará una tarea con todos los países aliados.
Para ello, el gobierno de Donald Trump comenzó a construir las alianzas apoyando a candidatos de la derecha que ganaron elecciones en distintas naciones latinoamericanas, como Colombia, Guatemala, Honduras, Chile, entre otros. La llamada izquierda sólo tiene tres bastiones: Cuba, Nicaragua y México. Pero aún no se sabe por cuánto tiempo, pues en el caso de México —que por cierto no forma parte de los países aliados para combatir al crimen organizado— se están realizando investigaciones de fondo para desmantelar redes criminales desde Washington y las baterías apuntan hacia la llamada «mafia del poder» encabezada por políticos, en su mayoría, del partido MORENA, como Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Inzunza, senador de la República, que cobra sin trabajar, y a quien se ligó con el cártel de «Los Chapitos» desde que fungió como secretario de Gobierno durante el primer tramo del gobierno de Rocha Moya. Ambos ya son considerados por Estados Unidos como prófugos de la justicia.
Las investigaciones también alcanzan al senador Adán Augusto López Hernández, cabecilla de una red de huachicol fiscal que enlaza, además, al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador —» Andy» López Beltrán— relacionado con la introducción de buques de gran calado cargados con huachicol y que provenían de Estados Unidos. Al hijo del exmandatario se le menciona en el
expediente de los hermanos Farías Lagunas —sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
En marzo de este año, de acuerdo con fuentes consultadas, a Andy López Beltrán le cancelaron la visa estadunidense, pero el caso trascendió a niveles de escándalo hasta hace unos días, cuando López Beltrán hizo público la cancelación de su visa enviándole una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que, con tono de arrogancia, le pidió que despidiera a dos de sus principales colaboradores por meterse en asuntos políticos de México: Marco Rubio y Cristopher Landau, respectivamente.
Pero eso no fue todo: gobernadores, senadores y diputados de MORENA cerraron filas en favor del hijo del expresidente y convirtieron el tema de la cancelación de su visa en un caso de violación a la soberanía nacional, cuando en realidad se trata de un caso particular.
La embajada de Estados Unidos en México respondió a López Beltrán y al gobierno de México afirmando en un comunicado que la visa estadunidense es un privilegio y no un derecho; que ellos se reservan el derecho de otorgarla o cancelársela a cualquier persona cuando ellos así lo consideren pertinente.
Es el mismo caso de Adán Augusto López, pero el senador y fundador del cártel de La Barredora cuando fue gobernador de Tabasco, no ha querido confirmar ni negar si su visa está cancelada, aunque diversas versiones que circulan dentro y fuera de México coinciden en que no sólo le cancelaron su visa, sino que está siendo investigado por nexos con la delincuencia organizada, en particular por el caso de La Barredora y el tráfico ilegal de combustibles.
Pese a tener un grave problema de inseguridad debido al crecimiento del crimen organizado y el lavado de dinero, México no ha aceptado que Estados Unidos ingrese al país, con su ejército, para combatir la criminalidad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no se va a permitir la violación de la soberanía —aunque haya sido violada varias veces, entre otras, con la extracción de Ismael «El Mayo» Zambada en junio de 2024— e insiste en que México fortalecerá sólo la cooperación con su principal socio comercial.
La posición de México de no colaborar con Estados Unidos quedó clara desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando después del caso de la captura en Los Ángeles, California, del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, expulsó a los agentes de la DEA que operaban en México y su reingreso lo condicionó a la rendición de cuentas respecto de sus investigaciones criminales en México. Reformó la Ley de Seguridad Nacional y los obligó a entregarle un informe mensual a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre sus investigaciones, también los obligó a solicitar permiso a la instancia militar para portar arma.
Esto fue visto por la DEA no sólo como un agravio sino como un golpe oficial que lo que trataba de impedir es que la DEA avanzara sobre las investigaciones que ya realizaba en contra de altos funcionarios gubernamentales por nexos con el crimen organizado, tráfico de fentanilo y huachicol fiscal. A muchos ya se les investigaba por sus nexos con el cártel de Sinaloa, que vivió tiempos de jauja durante el gobierno anterior.
Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum repite la misma estrategia, pues se ha negado a detener a los personajes que desde hace tres meses solicitó el gobierno de Estados Unidos en extradición por tráfico de armas, drogas, lavado y vínculos con el cártel sinaloense.
Esa lista la encabeza el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien vive protegido por Fuerzas Federales desde que dejó la gubernatura y colocó en el poder a una mujer incondicional suya, Yeraldine Bonilla Valverde, quien es gobernadora pero el que sigue mandando en Sinaloa es Rocha Moya.
En tanto que en México siguen los jaloneos con Estados Unidos por la falta de cooperación eficaz en materia criminal, los golpes desde Washington contra gobernadores de MORENA continúan. El semanario Zeta de Tijuana publicó, por ejemplo, que las agencias norteamericanas investigan a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por tráfico de drogas, nexos con el cártel de «Los Rusos» y huachicol fiscal. La investigación también alcanza a su exesposo, Carlos Torres Torres, quien comenzó a ser investigado por la FGR y después de algunos meses concluyeron que no había pruebas en su contra.
Otros mandatarios también están en la lista negra de Washington: Alfonso Durazo, de Sonora; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, entre otros, por presuntas ligas con el crimen organizado.
El golpe asestado a «Andy» López Beltrán fue interpretado como un mensaje directo de Washington al expresidente López Obrador, a quien consideran el jefe del clan; es la primera vez que le tocan a su primer círculo familiar. Y parece que vienen más golpes. Al menos eso se infiere tras las declaraciones del secretario Cristopher Landau: «rellenen su bolsa de palomitas porque esto sigue», dando a entender que habrá más sacudidas en contra del grupo político-criminal que encabeza López Obrador, de quien se afirma que hace algunas semanas se instaló en la Ciudad de México y abandonó su finca “La Chingada” en Palenque, Chiapas.
La cruzada continental contra el crimen organizado, encabezada por Estados Unidos, no incluye por ahora a México, pero seguramente le exigirán mayor cooperación y la entrega de los políticos solicitados en extradición. De otra forma, la presidenta Claudia Sheinbaum podría enfrentar, en un futuro, posibles acusaciones por encubrimiento de personajes asociados con el terrorismo.
