Tundirle al magisterio

Horizonte ciudadano

Rosa Esther Beltrán Enríquez

El lunes pasado, por enésima ocasión los maestros de Coahuila afiliados a la Sección 38 del SNTE, a los sindicatos de la Universidad Autónoma  Agraria Antonio Narro  y el de la Universidad Autónoma  de Coahuila salieron a las calles para hacer público su reclamo de justicia,  en vista de que la  Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila y la del Servicio Médico, aprobadas el 22 de diciembre pasado son discriminatorias e inequitativas  ya que, como ha sucedido históricamente, esa ley concentra el poder en una sola de las partes aportantes, el secretario general de la Sección 38 del SNTE.

Los docentes, activos y pensionados denunciaron que la nueva ley contiene incrementos en las aportaciones e  inclusive contribuciones adicionales del trabajador y del pensionado para cubrir el pago de medicinas y planes de aseguramiento que hacen discriminatorio y desigual el otorgamiento de los servicios de salud ya que se exige que continúen aportando al servicio médico y dejan fuera a sus beneficiarios (en caso de fallecimiento del titular).

Como ya se ha expuesto varias veces en este espacio, los trabajadores derecho-habientes denuncian que, desde hace algunos años, la Auditoría Superior del Estado detectó corrupción en el manejo de los recursos de la DIPETRE y el Gobierno no ha actuado  a fin de investigar y sancionar a los responsables de estos presuntos hechos,  por lo que los trabajadores exigen una  AUDITORIA EXTERNA CON TERCERÍA DE PARTES para que se transparente el uso de los recursos derivados de las aportaciones ya que es evidente el déficit económico, la falta de calidad en la atención médica, así como la exponencial escasez de medicamentos, además de una cuantiosa deuda que el Servicio Médico tiene con los laboratorios farmacéuticos; todo lo anterior atenta contra de la salud de todos los derecho-habientes y sus beneficiarios.

La Coalición de Trabajadores de la Educación del Estado (CTE) rechaza la Ley de Pensiones y la del Servicio Médico y exige al Gobierno del Estado y al  Congreso local que se hagan las enmiendas necesarias  con el consenso de las partes involucradas, apegadas a nuestra Constitución y a los diferentes Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos para evitar la afectación a las familias coahuilenses cuyo patrimonio presente y futuro depende del trabajo, pensión o jubilación de los maestros de la educación pública en este Estado, formadores de muchas generaciones de niños y jóvenes.

Ante hechos tan graves la CTE exige que se identifiquen las causas de la quiebra de pensiones, para que el gobierno del estado aplique la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Coahuila a quien resulte responsable por el quebranto al patrimonio de la DIPETRE y del Servicio Médico,  que son patrimonio de los trabajadores.

Los manifestantes reclamaban la presencia de quien se dice gobernador, Rubén Moreira a fin de entregarle una carta con sus demandas y dialogar con él, pero las puertas del edificio de gobierno fueron cerradas y los maestros cercados por guardias armados, por lo que calificaron a Rubén de represor.

Igual, los asistentes denunciaron las trapacerías y corruptelas de Carlos Moreira a su paso por las secciones del SNTE, el mega endeudamiento de Coahuila por parte del ahora ex presidiario Humberto y exigieron respeto a sus derechos humanos.

Después de casi 2 horas de espera se presentó el subsecretario de Gobierno, Alberto Aguirre, quien ante los acres reclamos de los docentes ofreció que el jueves a las 12 del día Rubén Moreira acudiría a un diálogo. Habrá que ver si Rubén cumple o vuelve a escabullirse.