Nacional

El costo de la resistencia en Guerrero

 

La impunidad es la constante en los crímenes cometidos contra los integrantes de movimientos sociales que defienden sus derechos y los territorios.

 Desinformemonos elcosto de la resistencia guerrero-prometeo

Olivia Arce, Raymundo Díaz y Meyatzin Velasco/Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

noviembre 24, 2013
Foto: Prometeo Lucero

 

Acapulco, México. Las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura son la constante contra los activistas guerrerenses, lo mismo estudiantes que ecologistas, líderes campesinos, productores agrarios, policías comunitarios y defensores de derechos humanos.

En el estado de Guerrero los movimientos sociales han tenido muchos motivos por los cuales mantener la voz en alto y no dejar de organizarse: pobreza, impunidad, falta de acceso a servicios dignos de salud, educación, vivienda y -cada vez de manera más frecuente- la defensa de sus territorios de empresas nacionales y extranjeras, que junto con el gobierno buscan explotar los recursos naturales que ahí se encuentran: agua, minerales, bosques.

Pero en Guerrero, defender los derechos que no les son garantizados, y pertenecer o ser líder de una organización social tiene su precio: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y amenazas son algunos ejemplos de lo que muchos defensores de derechos humanos y luchadores sociales enfrentan. La lista de agraviados es larga: Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas, Rocío Mesino, Luis Olivares. La represión es una constante, al igual que la resistencia que el pueblo de esta entidad realiza a lo largo de su historia.

La historia es larga, por lo que relatamos lo que sucedió a partir de que Ángel Aguirre Rivero llegó a la gubernatura del estado, en abril de 2011.

Un diciembre negro en 2011

En 2011, Joel Santana Villa, habitante de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, fue ejecutado extrajudicialmente el día 2 de diciembre, a pesar de estar bajo custodia del estado en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Iguala.

La madrugada del 8 de diciembre, a la altura del tramo carretero Tecpan-Atoyac, en la región de la Costa Grande de Guerrero, 20 personas armadas interceptaron el autobús en el que viajaban Eva Alarcón Ortiz y Miguel Marcial Bautista Valle, integrantes de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC). Ellos se dirigían a la Ciudad de México para unirse a las actividades del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Desde entonces se encuentran desaparecidos.

El 12 de diciembre, durante la realización de una protesta en la caseta de cobro de la autopista México-Acapulco, fueron ejecutados por policías federales y estatales los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Aquel día también fueron detenidos veinte estudiantes, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado, donde fueron torturados.

Aquel mes de diciembre, en medio de la preocupación de todos los movimientos sociales, el día 30 de diciembre fue ejecutado extrajudicialmente en Coyuca de Catalán el ecologista Ascencio Villa Santana.

En 2012, guerra contra los ecologistas

El 31 de mayo del año 2012, fue ejecutada extrajudicialmente Fabiola Osorio Bernáldez, habitante de la comunidad de La Laguna, en el municipio de Coyuca de Benítez, e integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes.

El 28 de noviembre, día en el que se realizaría el segundo desplazamiento forzado de los habitantes de dicha comunidad, a consecuencia de la constante violencia por parte de talamontes y otros grupos del crimen organizado, Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa, fueron ejecutados extrajudicialmente, a pesar de contar con una escolta de policías estatales para su protección.

En 2013, aumentan las ejecuciones

A finales del mes de mayo de 2013, fueron desaparecidos forzadamente y ejecutados extrajudicialmente Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, dirigentes de la Unidad Popular (UP) de Iguala. Días antes a su desaparición, realizaron un mitin en la caseta de Iguala.

El 5 de agosto, Raymundo Velásquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera, integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), fueron ejecutados extrajudicialmente.

El 19 de octubre, mientras realizaba trabajos de acopio para las comunidades que se vieron afectadas por el fenómeno natural Manuel, en el municipio de Atoyac de Álvarez, fue ejecutada extrajudicialmente Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

La madrugada del 29 de octubre de 2013,[1] [1] integrantes del ejército y la policía ministerial realizaron una incursión en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, municipio de Coyuca de Catalán, con el objetivo de detener a los presuntos responsables del asesinato del líder de la LARZES, Raymundo Velázquez Flores. Después de allanar las casas y a pesar de no contar con una orden judicial, fueron torturados y detenidos de manera arbitraria Uriel y Daniel Ruano García; Rey David Galeana Pastrana, Salvador del Carmen Vázquez y Gabino García, integrantes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG).

La colonia Frente Emiliano Zapata fue fundada en el año 2000 por sobrevivientes de la matanza de Aguas Blancas y otros grupos, quienes se aglutinaron en la OPPCG. Después de lo ocurrido el día 29 de octubre, Luis Olivares, uno de los líderes de esta organización, denunció los hechos y dio a conocer la situación de los jóvenes detenidos. Como consecuencia, el día 3 de noviembre fue ejecutado extrajudicialmente su primo David Romero Téllez. Cuando las autoridades encontraron el cuerpo, se encontraron una cartulina con amenazas directas contra Luis Olivares. Una vez más alzó la voz para que se conocieran los hechos e incluso interpuso una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM-Gro), pero no fue suficiente para garantizar su protección: el día 10 de noviembre, él y su compañera, Lilia Gatica, fueron ejecutados.

Detenciones arbitrarias, otra arma de desmovilización

En lo referente a las detenciones arbitrarias, el saldo no es más alentador, tan sólo en 2013, fueron aprehendidos cuatro maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG); Rafael Ochoa Ochoa, integrante de la Unidad Popular, fue detenido en Iguala; la coordinadora de la Policía Ciudadana de Olinalá, Nestora Salgado García, fue enviada a un penal de máxima seguridad en Nayarit. Durante el conflicto magisterial que tuvo lugar en el mes de mayo, en la zona conocida como Acapulco diamante fueron detenidos catorce Policías Comunitarios, quienes fueron liberados posteriormente.

En el mes de agosto, fueron detenidos arbitrariamente 39 policías comunitarios, comandantes y coordinadores pertenecientes al sistema de seguridad, justicia y reeducación comunitarias de la Costa Chica-Montaña, que integran Casa de Justicia de El Paraíso, ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres.

De la misma organización, pero de la sede ubicada en la ciudad de Tixtla, Gonzalo Molina González y su sobrino, el menor Ángel David Chanita Molina, fueron detenidos el día 6 de noviembre. Molina fue trasladado a otro penal de máxima seguridad en Oaxaca. Nestora Salgado, Bernardino García Francisco, Gonzalo Molina y otros 8 policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso aún se encuentran en prisión, acusados de haber cometido delitos como secuestro, privación de la libertad personal y terrorismo.

En los últimos meses fue anunciado el programa federal “Plan Nuevo Guerrero”, que incluye la construcción de un complejo hidroeléctrico en el Rio Papagayo, zona en la que desde hace diez años trabaja el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP); en las comunidades indígenas de la región de la Montaña, se desplegó la estrategia de “México sin hambre”, y se tiene conocimiento de los proyectos de extracción minera en esta región y la Costa Grande.

En un estado donde no existe una ley contra la tortura, donde la impunidad es la constante de todos los casos aquí enlistados, y con pobreza extrema, el panorama no se muestra alentador.

 


http://www.jornada.unam.mx/2013/11/11/estados/038n1est

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/11/01/index.php?section=politica&article=003n1pol

 

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