Archivo 2005

Pinocho en Coahuila I

Pasado Negro

“No me he enriquecido desde el poder, nunca he engañado”: Enrique Martínez y Martínez

 

Detector de mentiras de TV Azteca lo declara probo

Desvío de 437 millones de pesos en 1975, y lo que falta de escribir, no son suficientes para declararlo deshonesto.

En una entrevista televisiva a modo, trasmitida el 26 de junio pasado, Enrique Martínez y Martínez, declaró al locutor de Televisión Azteca, Javier Alatorre, que nunca ha mentido, que jamás ha engañado, que no es ambicioso. Ya en carrera, en el colmo de la desfachatez y megalomanía, dijo que nunca ha hecho negocios desde el poder, pero además, nunca ha cometido una deshonestidad.

Esta es una breve reseña – que se dividirá en varios textos – de los actos ilegales y enriquecimiento ilícito que Martínez y Martínez ha cometido desde el poder; hechos de los que existen expedientes sepultados en dependencias como la PGJE de Coahuila, juzgados de Nuevo León y el gobierno federal.

También, existen documentos oficiales en distintas oficinas del Registro Público de la Propiedad , tanto como archivos hemerográficos donde se atestigua, como este clan catapultó desde el poder su riqueza inexplicable, obviamente, violentando el marco de las Leyes.

Las transgresiones de Ley de este plutócrata no son de ahora, lo acompañan a lo largo de toda su truculenta carrera en el poder público.

Martínez y Martínez, se irá en diciembre de la gubernatura, tal vez alguien por fin le finque responsabilidades.

Shakespeare diría en Macbeth, “Con su lamento, el búho presagia”.

 Juan Monrreal López

Agosto 1 de 2005

Torreón, Coahuila.- Con treinta y cinco años en el poder público, Enrique Martínez y Martínez, potenció las riquezas que su padre del mismo nombre, había acumulado desde que sacó tajada de la tesorería municipal de la ciudad de Saltillo; oficina donde despachó en 1954, bajo el mando del alcalde Carlos Valdés Villarreal.

Frustrados los intentos para convertirse en presidente municipal – vetado por el grupo empresarial Saltillo, dado su origen de clase, pero también por su analfabetismo – Enrique Martínez y Martínez, padre del actual ejecutivo coahuilense, se dio a la tarea de construirle a Enrique júnior, una carrera en la administración pública a costa de lo que fuera.

Por eso, casi a finales de los cincuenta, presentó sin rubor en tertulia política al vástago con su destino “ser el futuro gobernador de Coahuila”.

Y a eso dedicó todos los esfuerzos, bienes, relaciones y componendas que había cosechado desde la oficina de los dineros que había usufructuado.

Enrique Martínez, padre, venía de la nada económica. Por eso, en aquellas épocas se identificaba plenamente con un locuaz ex agente de tránsito, que de buenas a primeras, se había convertido en “jilguero” del ex gobernador Raúl Madero González, y de quien se decía era el “bueno” para la alcaldía de la ciudad de Saltillo para los años 1958-1960, su nombre; Oscar Flores Tapia.

En esos años, el poder y el origen de Eulalio Gutiérrez Treviño, quebraron los sueños del parlanchín empleado vial. Gutiérrez se hizo de la alcaldía saltillense, arrojando al ambulantaje político, a quien años más tarde lo relevaría en la gubernatura. Flores Tapia esperaría 17 años para cobrar vendetta de esto que consideró afrenta.

Oscar Flores, venía del Barrio El Mirador, en el populoso Cerro del Pueblo, sector con carencias de agua potable, drenaje e irregularidad de los predios invadidos.

Flores, reconocería después en un mitin de campaña hacia la gubernatura en 1975, que en 1968, año de la matanza de Tlatelolco, seguía acarreando agua para la modesta vivienda que ocupaba.

Así, hermanados por el rebajamiento social del que eran objeto por los saltillenses pudientes, ambos trepadores sociales se hacían más llevadero el menosprecio contándose las cuitas diarias, a tal grado que culminaron en compadrazgo; vínculo que después serviría para que el hoy gobernador Enrique Martínez y Martínez, no fuera a parar a la cárcel en 1975; cuando se descubrió el fraude cometido desde las oficinas de la Dirección de egresos de la tesorería estatal, contra la Federación.

A diferencia que su compadre, la fortuna sonrió rápido a Enrique Martínez, padre.

Oscar Flores Tapia, tuvo que trajinar 17 años más por las oficinas del PRI en México, en un ir y volver constante a Saltillo, hasta que Luís Echeverría Álvarez, lo señaló como el “bueno” para Coahuila.

Pero los documentos allí están.

Las fotos familiares de los Martínez y Martínez, a principios de los años cincuentas, dejan ver a una familia modesta que tiene como jardín un patio de tierra protegido con algunas tejas de ladrillo y bancas de madera, como las usadas por las familias de escasos recursos económicos, tanto que por jardineras, usan pequeños botecitos y modestas macetas cuelgan de las paredes de la morada.

Mientras tanto, Óscar Flores Tapia, siguió avecindado en la Colonia El Mirador, esperando que el flamígero dedo del poder presidencial lo señalara para despachar desde el Palacio Rosa de Saltillo.

Entrelazadas las historias de estos personajes, las mismas los mantendrán unidos en los caminos del enriquecimiento ilícito desde el poder, pero sobre todo, darán protección, plataforma política e impunidad a Enrique Martínez y Martínez, hijo.

1975, Óscar Flores Tapia, impunidad para el cachorro Martínez y Martínez

El 22 de diciembre de 1975, la Procuraduría de Justicia del estado citó a declarar al recién nombrado Director de egresos de la tesorería general del estado, Enrique Martínez y Martínez, por el presunto fraude de 437 millones de pesos, propiedad de la federación.

Martínez, recién había dejado el puesto de Director de ingresos, de la tesorería que había tenido a su cargo Carlos Ayala Espinosa, actual Director del instituto estatal del deporte de Coahuila (INEDEC).

En la denuncia presentada por la Secretaría de hacienda y crédito público (SHCP) en contra de Carlos Ayala Espinosa, Enrique Martínez y el ex gobernador del estado, Eulalio Gutiérrez Treviño; la dependencia los señaló como indiciados al momento que fueron descubiertos por el arqueo que la Secretaría de Hacienda llevó a cabo a través de la dirección de Vigilancia de fondos y valores de la propia dependencia.

El primero de diciembre de 1975, el escándalo del desvío de los 437 millones de pesos de la federación se hizo público una vez que el diario El Siglo de Torreón, dio a conocer que los interventores de la SHCP habían descubierto el monumental desvío de recursos.

Uno de los primeros sospechosos en declarar fue Enrique Martínez y Martínez; pues de acuerdo a su responsabilidad administrativa, él manejó directamente los ingresos que correspondían pagarse a la federación, de hecho el autorizó con su firma que se canalizaran a otra cuenta que no correspondían.

Conforme con informaciones hemerográficas y declaraciones de funcionarios de esas épocas, Enrique Martínez y Martínez, registró los citados 437 millones de pesos en el rubro de ingresos propios, cuando este dinero debería entregarse a la SHCP bajo el rubro de tributaciones a la federación.

Mediante esta omisión, Martínez y Martínez, incurrió en el delito de desvío de recursos públicos, fechoría que debería haberlo llevado a prisión de no ser por la protección que le brindó Oscar Flores Tapia, aquel antiguo agente vial que enloquecido por el poder, quiso cambiar su nombre por el de Oscar Fiori Muro, aduciendo orígenes italianos.

La investigación

Instalado como gobernador, Oscar Flores Tapia, quiso cobrar las facturas de insultos que había acumulado en su loca carrera por alcanzar la gubernatura.

En contraposición, a los pocos amigos que tenía, los empezó a premiar a manos llenas con esas facilidades que da el poder para enriquecer en poco tiempo a quienes lo usan en términos personales.

Con múltiples inquinas encima, Flores Tapia aprovechó el desvío de los 437 millones de pesos de la Federación , blandiéndolo contra su antiguo enemigo político; Eulalio Gutiérrez Treviño, gobernador que él relevó y quien en 1958 le impidió ascender a la alcaldía saltillense.

Lejos de suspender a Enrique Martínez y Martínez, recién nombrado director de egresos de la tesorería, quien fue el que autorizó ingresar los 437 millones de pesos como ingresos propios; Flores Tapia lo protegió hasta el final e incluso lo siguió premiando, tanto que lo hizo alcalde de Saltillo en 1979, poco antes de ser arrojado de manera vergonzosa de la gubernatura.

Para resguardarse, al mismo tiempo que servía de ariete en contra del ex gobernador, Enrique Martínez – asesorado por el propio Flores Tapia – declaró ante la PGJE que el único responsable de tal desvío de recursos era Gutiérrez Treviño, como si él no hubiera estado a cargo de la dirección de ingresos de la Tesorería general.

De acuerdo a la información periodística de esa época, Martínez y Martínez era junto con el tesorero Carlos Ayala Espinosa, los dos principales responsables del atraco a la República , tanto que Carlos Ayala se dio a la fuga. Clandestinidad que terminó en 1999, al momento de ser nombrado Director del INEDEC por Enrique Martínez, antiguo subordinado suyo y cómplice de aquel desfalco.

Sin poder, caído cual Ícaro, Eulalio Gutiérrez Treviño – por cierto tío del senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez – aguantó el peso de la persecución de Flores Tapia, quien más que aplicación de la Ley , quería sacudirse al grupo que representaba este exgobernador, pero también tomar venganza por la rabia contenida por 17 largos años.

Según cuentan políticos al igual que empresarios saltillenses, tanto Oscar Flores Tapia, como Enrique Martínez, siempre supieron donde estaba escondido el ex tesorero Carlos Ayala Espinosa, sólo que Flores Tapia al parejo que los Martínez y Martínez, le debían mucho, de manera que lo protegieron.

Flores Tapia y los Martínez, miel sobre hojuelas

 

Con el ascenso del antiguo agente de tránsito a la gubernatura, la carrera de Enrique Martínez y Martínez, creció desmesuradamente. Tapados con el amplio manto que otorga la autocracia, el escándalo del desvío de los 437 millones de pesos se fue apagando, hasta consumar un acto más de impunidad.

Mientras esto sucedía, el compadrazgo entre Flores Tapia y Martínez y Martínez, padre, tejían intereses mutuos encaminados a enriquecerse, además de tenderle la pasarela camino a la presidencia municipal a Enrique Martínez júnior.

Oscar Flores convirtió a Martínez y Martínez, padre, en presidente de la Cámara de la propiedad urbana de Saltillo. Enrique Martínez, Primero, entregó a cambio como préstamo la casa ubicada en Hidalgo y Valdez Sánchez, lugar donde posteriormente se instaló una funeraria de la familia Martínez.

Así, desde ese puesto estratégico dentro de la vida saltillense, tanto Martínez y Martínez padre, como hijo, vislumbraron el camino abierto para acaparar eriazos, cañadas, tierras de repastadero, mismas que recibieron inyecciones de sobreprecio por la vía de la obra pública, gracias a compadrazgos o bien utilizando el poder público; tal como está asentado en el Registro público de la propiedad de la ciudad capital.

La magnitud del ilícito

 

Aunque 437 millones de pesos es una cifra alejada de la imaginación del común de los ciudadanos, para cualquiera es una cantidad enorme de pesos.

Tan es así, que siendo Torreón la ciudad con mayor presupuesto estatal, en 1975 este municipio recibió ingresos en ese año por 4 y medio millones de pesos, es decir, el desvío de recursos cometido por Martínez y Martínez y Carlos Ayala Espinosa, junto con los demás indiciados fue cerca de cien veces más que la cuenta pública de Torreón. De esas proporciones fue el desvío de recursos, aun así, nada pasó en términos de castigo señalado por la Ley.

Y es que los Martínez saben que desde el poder, los negocios son más jugosos y sin riesgos; pero además que los compadrazgos en el poder público son más redituables. Por ello, Martínez fue salvado de ir a la cárcel por el compadre de su papá, aquel ex agente de tránsito convertido en gobernador. Sin embargo, las huellas de aquellas trapacerías allí están, para quien las quiera ver.

 

Detector de mentiras a modo

Ha mentido, le preguntó Javier Alatorre a Enrique Martínez, quien quería aparentar ser un hombre probo, sereno frente a las cámaras de televisión y ante el detector de mentiras, quizá calibrado a conveniencia.

Martínez respondió; no. El aparato ni se inmutó, como tampoco el anunciador televisivo.

Luego el presentador preguntó “¿Para conseguir esta posición política que ahora tiene como gobernador, ha cometido alguna deshonestidad, ha hecho trampa alguna vez?”

“¡No!” dijo quien desde que ingresó a la vida pública vio acrecentar los bienes familiares con riquezas que difícilmente hubiera conseguido desde el mundo empresarial.

El descubrimiento del desvío de 437 millones de pesos propiedad de la federación en 1975, fue apenas el inicio de la larga lista de actos delincuenciales protegidos por el poder público que ha detentado.

Después, como se sabe, vinieron los negocios inmobiliarios desde la alcaldía saltillense, el despojo a los más pobres de Torreón mediante la entrega ilegal de terrenos a los fraccionadores; fraudes a la federación- otra vez – en el área habitacional de Mirasierra, el uso del poder gubernamental para negociar la estafa a BANCRESER, la construcción de panteones usando la constructora del ex secretario de gobierno Raúl Sifuentes Guerrero, además de emplearlo para introducir obras de infraestructura urbana en sus fraccionamientos; evasión de impuestos estatales, la violación a la Ley de aguas nacionales, desvío de recursos públicos, el uso de la investidura de gobernador para especular con terrenos urbanos y rurales, el otorgamiento de obra pública a sus socios, empleo del mismo Notario público que los narcotraficantes del grupo Aztlán, nepotismo; en suma, el uso y abuso del poder público para enriquecerse ilegalmente.

El animador televisivo ni se enteró de estas historias. El detector de mentiras traído ex profeso para interrogar al gobernador más corrupto que ha tenido Coahuila, al igual que el anunciante de la pantalla chica dijeron que pasó la prueba de honestidad.

Que bien por ellos. Confeti para su fiesta. Geppetto estaría feliz con estas creaturas.

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