Candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, creó pandilla panista

Con estilo “políticamente correcto”, el exalcalde de Torreón en el período 1997-1999, convalidó los fraudes cometidos contra la ciudad por la administración priísta, al omitir las acciones legales correspondientes, “perdonándolo todo” a cambio de gobernar tranquilo.

Por eso, los desvíos de recursos públicos del fallecido ex alcalde priísta Mariano López Mercado, los timos del ex tesorero municipal Alejandro Gidi Abugarade, así como el fraude en el Sistema municipal de agua y saneamiento de Torreón (SIMAS) consumado por Ariel Berrueto Pruneda, nunca tuvieron consecuencias jurídicas.

Más. Desde el gobierno, los llamados funcionarios del primer nivel, Juan José Gómez Hernández, Hernán Sirgo Ortiz, Jaime de Lara Tamayo, entre otros, se convirtieron en proveedores municipales; ilegalidad que les permitió apuntalar sus empresas al borde de la quiebra.
Desde entonces, la “radicalidad” de Zermeño Infante cambió al igual que la de Vicente Fox. Ahora los priístas son sus amigos, en todo caso “sólo ocasionales adversarios electorales”, y se nota.

De manera que de ganar Zermeño Infante la gubernatura, sería ingenuo esperar el castigo a los desvíos millonarios y enriquecimiento ilícito de Enrique Martínez y Martínez, y su cartel de delincuentes sin sentencia.

Como se vea, la pandilla martinista está cubierta.

Torreón, Coahuila.- Nacido en el Distrito Federal, Jorge Zermeño llegó a Torreón en 1974.

Apoyado por su suegro, Manuel González Hinojosa, Zermeño Infante escaló rápidamente la estructura burocrática panista, dominada en ese entonces por Alberto González Domene, Alejandro Gurza Obregón, el fallecido Edmundo Gurza Obregón, Jaime de Lara Tamayo y por supuesto Ramón María Nava González.

Con esos apoyos ocupó la diputación federal plurinominal a la LV Legislatura. Y de allí pal real. El camino de los puestos burocráticos será escalera ascendente para él, hasta conseguir la alcaldía de esta ciudad y la senaduría que actualmente ocupa.

En aquel 1997 cuando ganó la presidencia municipal, el lema de la campaña zermeñista, decía, al igual que este momento, llegó la hora .
La ciudad estaba caliente. La efervescencia social había echado del ayuntamiento al priísta Mariano López Mercado.

En esos tiempos, aun quedaban en Zermeño, impostados gestos justicieros que nunca aplicó contra quienes habían saqueado las arcas del municipio. Y sí, por el contrario, aplicó garrote y represión contra las manifestaciones ciudadanas.

Durante esta administración, las violaciones a las garantías individuales fueron reiteradas. El quebrantamiento a los Derechos Humanos, igualmente.

El gobierno de Jorge Zermeño, se convirtió en primer lugar de recomendaciones formuladas por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC). Descrédito que siempre quiso recomponer con gimoteos en los medios de comunicación electrónicos, principalmente en el canal local de Televisión Azteca.

Aún más. El Congreso del estado, recibió peticiones ciudadanas – al igual que en el período de López Mercado- para fincarle juicio político y desaforarlo, por abuso de poder, así como por tráfico de influencias.

En sí, Zermeño Infante, también ocupó la punta de este tipo de demandas en la Cámara legislativa local; peticiones que fueron desechadas por los diputados, merced a la red de complicidades amarradas entre él y Rogelio Montemayor Seguy.

Por esto, entre otros pactos en lo oscuro, no se entablaron las querellas contra los funcionarios defenestrados, Mariano López Mercado, el corrupto ex tesorero Alejandro Gidi Abugarade y el gerente del SIMAS Torreón, Ariel Berrueto Pruneda; por cierto, hermano del representante del gobierno de Coahuila en México, Federico Berrueto Pruneda, y cuñado de José Ángel Pérez Hernández, candidato del PAN a la alcaldía de esta ciudad en la vigente contienda electoral.

Era la hora de las componendas, Montemayor- Zermeño.

Funcionarios zermeñistas, empresarios quebrados 

“Los funcionarios de Jorge (Zermeño) son empresarios quebrados, ya verá que resultarán como los marianistas (de López Mercado)” me dijo en aquella ocasión, el panista Jesús Burciaga Rojas, miembro de Acción Ciudadana, una de las pocas voces críticas del momento. Y tenía razón.

La administración municipal sirvió para que las empresas de los burócratas del llamado primer nivel, volvieran a florecer.

Es el caso del tesorero de esa administración Hernán Sirgo Ortiz, propietario de la empacadora de carnes frías Wobbsi, misma que tuvo mejorías notables de inmediato; como fue la renovación del parque vehicular, además de las transformaciones al proceso de producción junto con el remozamiento de las instalaciones, y por supuesto la renegociación de las deudas de la empresa, dada la privilegiada posición que dominaba.

Por si fuera poco, se adjudicó el concurso nacional de adjudicación de vísceras del rastro municipal a precios que nunca se conocieron.
Otro. Juan José Gómez Hernández, gerente del SIMAS, quien con su alto salario vino a imponer tabla de excelsos honorarios, 73 mil pesos mensuales de 1997.

Pero eso no fue todo.

Tutorado por el priísta Braulio Manuel Fernández Aguirre – dueño del Grupo Radio Estéreo Mayrán (GREM)- Gómez Hernández saltó a la administración gubernamental desde el asiento que ocupaba como Consejero del SIMAS. Desde allí, mudó su fábrica de pinturas “ La Fortuna ” en verdadero emporio, al convertirse en abastecedor municipal.

En el trienio zermeñista, no hubo cordón de banqueta, líneas viales y postes, que no fueran remozados con pinturas provenientes de “ la Fortuna ” de Juan José Gómez Hernández.

Y mientras el negocio de pinturas y otras actividades particulares mostraban prosperidad, la paramunicipal SIMAS catapultó su deuda.
Más. Juan José Gómez, junto con Zermeño Infante, trabajó deliberadamente con el despacho de contadores de Librado García Aymerich, para llevar a cabo el arqueo de la paramunicipal, a sabiendas que los resultados clarificadores del gran fraude cometido por Ariel Berrueto contra SIMAS, quedaría sin castigo.

De hecho, el propio Jorge Zermeño, “perdonó” a Ariel Berrueto, explotando el argumento, que el balance llevado a cabo en la paramunicipal no tenía validez jurídica. En efecto, la auditoria no la consumó el poder encargado de hacerla, es decir, la Comisión de Hacienda del Congreso del estado; pero tampoco nunca se hicieron los intentos necesarios por castigar el quebranto de la empresa.
Otro beneficiado con el ejercicio de poder fue el vicepresidente del Consejo promotor para el desarrollo de las reservas territoriales (COPRODER) Guillermo Carstensen Fajardo, dueño de la constructora KGCJ y yerno del segundo regidor y presidente de obras públicas del cabildo, Jaime de Lara Tamayo.

Carstensen Fajardo, entre otros trabajos, medio construyó el drenaje del Parque los Fundadores.

Desatado el escándalo por las inundaciones que sufrió este espacio, considerado la obra cumbre de la administración zermeñista, el empresario burócrata tuvo que renunciar el 30 de septiembre de 1998, dejando tirada la construcción.

Carstense Fajardo, delataría públicamente después el incumplimiento del acuerdo de pandilla que tuvo con Zermeño Infante, para buscarle una salida decorosa de la administración.

De cualquier manera, KGCJ, salió huyendo de la obra, pero nunca se le fincaron responsabilidades.

Más escándalos administrativos; el Parque los Fundadores 
La construcción del Parque los Fundadores fue presentada como una de las obras cumbre del trienio de Jorge Zermeño.
El levantamiento fue hecho sobre los terrenos de la antigua zona de tolerancia de la ciudad. Desde el principio, la edificación estuvo llena de irregularidades.

La entonces primera regidora del ayuntamiento, María del Carmen Fernández Ugarte, conocida como “Carmiña”, operó ilegalmente la edificación de esta área.

Como presidenta de la Comisión de hacienda del municipio; ella valuó, indemnizó, y extendió cheques ante la complacencia del alcalde.

Al margen de la usurpación de funciones de la primera regidora – verdadero poder en el ayuntamiento- la información pública que hizo circular la tesorería municipal, era que los predios donde se asentaría el parque se adquirieron en 15 millones 600 mil pesos. Sin embargo, como en su momento lo publicó Demócrata Norte de México, fuentes internas de la tesorería confiaron que en avalúo paralelo, el monto verdadero de indemnizaciones alcanzó 18 millones 800 mil pesos.

Enredados entre la prepotencia de Carmiña Fernández y la cerrazón de Zermeño Infante, para dar a conocer los verdaderos números; el Instituto Mexicano de Valuación de la Comarca Lagunera A.C., emitió el juicio del precio de los terrenos donde se yergue el mencionado parque.

Así, con fecha del 20 de febrero de 1997, las 145 propiedades que conformaban la antigua zona de tolerancia tenían un valor comercial de 10 millones 191 mil 100 pesos, una diferencia de más de 8 millones de pesos.

Al margen de los negocios bajo el manto blanquiazul que varios funcionarios y regidores panistas llevaron a cabo con este parque, la actuación de la primera regidora María del Carmen Fernández, debió haber sido sancionada.

Ilegalmente fue juez y parte, pero además, ilícitamente se dio tiempo para extender cheques de indemnización de los terrenos.
Lejos de parar esta actitud prohibida por la Ley , Jorge Zermeño, siempre defendió en público y en privado, la ilegal actuación de Carmiña Fernández.

Al final de cuentas, un parque proyectado para costar 16 millones de pesos, elevó su precio a más de 40 millones, merced a los actos de rapiña de la entonces primera regidora y los sobreprecios de las constructoras.
  
Otro desastre, el Colector las Fuentes

Considerado otra de las obras cumbres de la primera administración panista, el Colector las Fuentes, ubicado al sureste ciudad, dio inicio al momento mismo que los zermeñistas tomaron el mando.

Con un presupuesto original de 18 millones de pesos, pasaron 31 meses de ese gobierno y nunca se terminó, aunque los promociónales de la radio y televisión anunciaran con fe y singular alegría la conclusión del desagüe.

De hecho, esa cloaca nunca ha operado correctamente.

En su momento, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna , Raúl Aldaba Carreón, descalificó la obra desde tres ángulos.
Dijo en ese entonces. En lo legal, viola la Ley de obras públicas y adquisiciones. Tiene elevado costo, cerca de 20 millones. Por si fuera poco, cuenta con elásticas especificaciones técnicas; mismas que luego repercutirían en el colapso del colector.

El asunto es que Aldaba Carrreón, arreció las críticas. Señaló que las obras públicas eran concesionadas de acuerdo a intereses y compromisos partidistas así como de grupo “se trafica con influencias, por eso tanta obra otorgada a funcionarios públicos”.

En realidad, el Colector las Fuentes nació viciado. Nunca se supo claramente como se había subastado.
En septiembre de 1998, la Oficialía Mayor de la presidencia proporcionó a este reportero información acerca de cómo se había otorgado la construcción de la alcantarilla.

Dijeron que la obra era de “invitación restringida”. Confiaron que el trabajo fue dividido entre varias constructoras en lugar de concursar la totalidad del colector.Explicaron que la intención fue beneficiar a varias empresas en las distintas etapas del proyecto. Los resultados se siguen viendo. Inundaciones recurrentes cada vez que llueve.

Como miembros del Consejo de planeación de desarrollo municipal (COPLADEM) el organismo dirigido en aquel tiempo por Aldaba Carreón, señaló refiriéndose al concurso de obras que nada hasta ese instante había sido claro de parte de la administración zermeñista.
Por ejemplo ¿por qué se otorgaron obras a empresas que quedaron en cuarto o quinto lugar en propuesta económica? Se preguntaba. Indagaciones que quedaron sin respuestas.

Luego el presidente del organismo de los Ingenieros Civiles remató “mire, respecto al Colector las Fuentes, a usted le dieron una información, lo que nosotros sabemos es que la obra se le dio a una compañía de Monterrey, cuyo nombre desconozco, pero ésta a su vez, subcontrató casi toda la obra a ITESA. Para el caso, la Ley de obras públicas y adquisiciones dice que no se puede subcontratar más del 30 porciento de la obra, y eso quiere decir que hay un ilícito”.

Mismo que nunca se investigó, a pesar del deficiente drenaje construido.

En todo caso, los siete kilómetros del Colector las Fuentes, nunca han quedado bien. Cada compañía construyó con especificaciones técnicas particulares, sin apegarse a ningún proyecto integral.

Así, cada vez que llueve en esta seca región, las colonias del sureste siguen pagando las consecuencias del colector mal construido bajo el manto blanquiazul; una tubería que costó mas de 20 millones de 1998.

Las palabras de Aldaba Carreón, finalmente fueron enterradas por las componendas del poder, pero también por el silencio de los medios.
“Si los constructores y el gobierno municipal hicieron ese enjuague, los dos son culpables, entonces que se les sancione a los dos”.

Las cerezas de la calamidad zermeñista

En los pasillos del blanquiazul torreonita, siempre se manejó con confidencialidad, el apoyo que recibió Jorge Zermeño, del priísta gómezpalatino Carlos Herrera Araluce, para ganar la alcaldía.
El mismo sigilo se practicó, con el triunfo de Rosario Castro Lozano, cuando ganó por primera vez bajo los colores blanquiazules la alcaldía de Ciudad Lerdo.

El pago de Zermeño Infante, fue colocar en la Dirección de seguridad pública municipal (DSPM) a Javier Gutiérrez Pesqueira, a pesar de que salió huyendo y con deshonra del mismo puesto en la ciudad de Gómez Palacio, Durango
Gutiérrez Pesqueira, comandó la DSPM de la ciudad duranguense y cuando el conducía la institución, apareció una banda de policías dedicada a asaltar a mano armada pequeños comercios, así como tiendas de conveniencia; al margen de la explosión del narco menudeo en numerosas “tienditas”, cantinas y bares de la ciudad.

Con la huída de Gutiérrez Pesqueira, de Gómez Palacio, desaparecieron distintas armas del arsenal municipal. Pistolas, escopetas y rifles sustraídos, nunca aparecieron.

Pese a esos antecedentes, Zermeño Infante colocó a Gutiérrez como jefe policíaco para velar por la seguridad de los torreonenses.
Gutiérrez Pesqueira, por cierto, ocupa hoy el mismo puesto en la administración municipal que encabeza el panista Guillermo Anaya Llamas; quien lo sostiene en la DSPM , pese a que se han documentado las extorsiones llevadas a cabo, contra vendedores de droga al menudeo, expendedores clandestinos de alcohol y casas de juego. Incluso las fotografías de estos hechos, están publicadas.

Otro dato. A la llegada de Jorge Zermeño a la alcaldía, las drogas llamadas duras, principalmente la cocaína, eran de las elites económicas de la ciudad. Las llamadas tienditas no habían despuntado en las colonias populares. El precio de un “pase” era casi inaccesible en los barrios pobres de la localidad.

Coincidentemente, con la llegada de Zermeño a la alcaldía y de Gutiérrez a la DSPM , el impulso de la cocaína descolló en colonias populares como la Antigua Aceitera , Nueva Aurora, Primero de Mayo, Zacatecas, Polvorera, Rinconadas, San Joaquín. Y como no.
El polvo corría por las calles a 200 pesos la grapa, sólo que en estos barrios el enervante era surtido por 40 pesos la dosis. Y de allí en adelante los cristales de coca circulan por estas arterias depauperadas, con las consecuentes reyertas por este mercado.
Recientemente, hubo una balacera de más de cuatro horas en el sector de San Joaquín. La DSPM permaneció muda, no hizo detenciones a pesar de saber quien comanda las bandas.

Gutiérrez dijo a los medios que ellos no intervinieron porque no podía arriesgar a sus elementos, declaración que el actual alcalde panista Guillermo Anaya Llamas respaldó. ¿Entonces para que está la policía? se preguntaron los torreonenses.

El asunto de Demócrata Norte de México 
La clase política del estado, luchadores sociales, empresarios, saben de las inquinas que Enrique Martínez y Martínez – el que no guarda odios ni rencores, dice su nueva propaganda- y el ex secretario de gobierno Raúl Sifuentes Guerrero, utilizaron para bloquear el trabajo informativo y empresarial de este medio.

Tanta ha sido la tirria de Enrique Martínez, que este reportero fue a parar a las oficinas de gobernación en julio de 2001.
En primera instancia, el ex titular de la Subsecretría de asuntos políticos, Juan Molinar Horcasitas, dijo que el asunto de Demócrata Norte de México recibiría atención prioritaria.

Molinar, al igual que Santiago Creel, se enteraron -incluso documentalmente- de las operaciones ilegales de Martínez y Martínez. Nunca procedieron.

Después, el ex subsecretario para asuntos de medios de comunicación, José Luís Durán Reveles, llevó el asunto, y en uno de esos viajes, pidió a Jorge Zermeño intervenir, por ser senador de la República.

Zermeño Infante, nunca quiso molestar a su señoría Martínez y Martínez, por la amistad que llevan.