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Caso García Luna: Frente al daño, una sentencia mínima

Ricardo Ravelo

Octubre 17 de 2024

“La sentencia parece corta considerando el nivel que tenía el entonces funcionario en el gobierno mexicano”.

Tomando en cuenta el nivel de un servidor público de la talla de Genaro García Luna, quien fue pieza clave en la secretaría de seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón que terminó ligado al crimen organizado, una sentencia de treinta y ocho años resulta menor para el daño que le causaron al país y cuyas consecuencias aún se padecen por doquier. El grado de violencia y dolor humano que ese gobierno le causó al país no tiene parangón en la historia del país más que con la llamada Guerra Sucia, otra atrocidad cometida por una cauda de locos en el poder. Durante el sexenio calderonista –2012 -2018 –el aparato policiaco y militar desató una guerra contra el crimen cuyos resultados están en entredicho. Las consecuencias, sin embargo, se siguen padeciendo porque, lejos de combatir a los cárteles, éstos fueron protegidos a cambio de sumas millonarias. La violencia aún duele y mucho en todo el territorio. La gran pregunta que se impone es: ¿Ahora que García Luna ha sido sentenciado a treinta y ocho años de cárcel, en México se abrirá proceso contra el expresidente Felipe Calderón? Porque resulta ingenuo pensar que el exmandatario ignorara los vínculos criminales de su jefe de seguridad pública.

En su etapa de esplendor como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, el cártel de Sinaloa enviaba maletas repletas de dólares que entregaban a Genaro García Luna y éste, a su vez, las remitía a Los Pinos, la residencia que ocupó Felipe Calderón de 2006 a 2012.

Con estos elementos, Genaro García Luna, el superpolicía del sexenio de Calderón, fue declarado culpable por un jurado en Nueva York y, hoy, el juez Brian Cogan lo sentenció a 38 años de prisión por haber estado al servicio del crimen organizado siendo funcionario de máximo nivel del gobierno mexicano.

La sentencia parece corta considerando el nivel que tenía el entonces funcionario en el gobierno mexicano; también porque desde el máximo poder del gobierno de la República se apoyó al grupo criminal, en este caso el cártel de Sinaloa, el más poderoso de México.

De esos 38 años de condena, García Luna ya compurgó cinco. Le restan 33 y todavía puede apelar la sentencia y si así lo decide podría convertirse, todavía, en testigo colaborador y hablar sobre lo que sabe respecto de las ligas entre políticos y el crimen organizado.

Pero eso dependerá de la estrategia que defina su defensa. Se considera que el principal implicado, en caso de hablar, sería Felipe Calderón, el expresidente refugiado en España e impune en México.

García Luna: La red mafiosa impune

Los pagos multimillonarios, eran parte de los acuerdos que había alcanzado García Luna y miembros del cártel de Sinaloa, encabezado entonces por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael “El Mayo” Zambada.

En el juicio que libra García Luna en Nueva York han salido datos y evidencias de las operaciones de narcotráfico que apoyó el exfuncionario mexicano cuando fue secretario de Seguridad Pública y era uno de los hombres más poderosos del gabinete de Calderón Hinojosa.

De acuerdo con el expediente criminal integrado en Estados Unidos, García Luna fue colocado en la Secretaría de Seguridad Pública a petición del cártel de Sinaloa; la organización criminal alcanzó dicho acuerdo, según la indagatoria, con “en el más alto nivel del poder político” para que su aliado fuera el funcionario estelar de la seguridad en ese sexenio panista.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, se le declaró la guerra al crimen organizado a través de operaciones militares. Sin embargo, la guerra fue desigual, pues no a todos los cárteles de les combatió con la misma intensidad. Al menos el cártel de Sinaloa fue el grupo criminal más privilegiado durante el gobierno calderonista, de acuerdo con las declaraciones de testigos protegidos exhibidos en Nueva York.

Mediante el recurso de la autoinculpación, Iván Reyes Arzate, excolaborador de Genaro García Luna en la secretaría de Seguridad Pública, fue sentenciado a diez años de cárcel en Estados Unidos. El exfuncionario habría colaborado con las autoridades estadunidenses y a eso obedece la sentencia tan baja que le fue impuesta. Reyes Arzate compurgará sólo ocho años, ya que lleva preso veinticuatro meses.

Brazo derecho de García Launa, Reyes Arzate confesó que colaboró con el cártel de Sinaloa cuando fungió como funcionario federal en el gobierno de Felipe Calderón. Conocido como “La Reina”, Reyes dijo, además, que brindó protección al cártel de Sinaloa mientras simulaba combatir al crimen en México.

Reyes Arzate colaboró durante algún tiempo bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública, García Luna, en el sexenio 2006-2012.

En su juicio, desarrollado en Estados Unidos, salió a flote información respecto de que recibió al menos unos tres millones de dólares en sobornos, todo ello, a cambio de informar al cártel sinaloense sobre investigaciones conjuntas entre México y Estados Unidos a un grupo llamado “El Seguimiento 39”. También dijo que recibió 290 mil dólares del cártel encabezado por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, primero, e Ismael “El Mayo” Zambada.

La confesión autoincriminatoria de Reyes Arzate abrió la puerta a una colaboración con fiscales estadunidenses; por la información de que dispone, se ha convertido en uno de los testigos de cargo más pesados que enfrentará Genaro García Luna en su juicio, que iniciará, según se ha dicho, en octubre de este año después de unas tres posposiciones.

Bajo la acusación de enriquecimiento ilícito, derivada del hallazgo de inversiones por más de 27 millones de pesos en bienes inmuebles, el pasado 25 de noviembre de 2021 el gobierno mexicano solicitó formalmente la extradición de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

Esta decisión, sin embargo, ha desatado polémica, pues se aseguró entonces que detrás de este proceso habría oscuras negociaciones para liberar al exfuncionario, quien fue detenido en 2019 en Dallas, Texas, por varios delitos, entre otros, conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud y haber brindado protección al cártel de Sinaloa.

A lo largo de un año, García Luna solicitó a las autoridades de Estados Unidos su liberación bajo fianza, sin suerte. En la primera ofreció el pago de un millón de dólares y en el segundo dobló la suma, pero la petición le fue negada: La razón, según argumentaron las autoridades estadunidenses, es que el exfuncionario mexicano fue considerado un personaje con muchas relaciones políticas — y en el crimen organizado — que lo podían ayudar a evadir la acción de la justicia.

Después de la experiencia por el caso del General Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto –quien fue detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y protección al cártel H-2 y, un mes después, liberado y devuelto a México –el procedimiento que intenta el gobierno mexicano con García Luna fue visto como blanco de muchas sospechas.

El canciller Marcelo Ebrard explicó que el objetivo de la extradición era procesar y juzgar a García Luna en México, lo que no ocurrió. El delito por el que se le persigue es el de enriquecimiento ilícito y en Estados Unidos lo investigan por fomentar el tráfico de drogas y brindar protección al cártel de Sinaloa. En realidad, los cargos del expediente estadunidense son más graves. Tanto, que lo declararon culpable y lo sentenciaron a treinta y ocho años de prisión.  En México, el delito de enriquecimiento ilícito es de los pocos donde se revierte la carga de la prueba: es el acusado quien debe demostrar el origen lícito de su patrimonio. Por ese delito fue acusado Raúl Salinas de Gortari, uno de los políticos más corruptos, y fue liberado.

El cártel de Sinaloa

Preso en Estados Unidos por servir a los intereses del cártel de Sinaloa; acusado de brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” –quien compurga una cadena perpetua en Estados Unidos por delincuencia organizada — Genaro García Luna empezó a ser cuestionado en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón por sus nexos con el narcotráfico, en particular, con el cártel de Sinaloa, el más poderoso del mundo, de acuerdo con la DEA.

García Luna ha sido señalado de ser el “policía del panismo”, pues ocupó cargos importantes desde el gobierno de Vicente Fox –fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) –y con Felipe Calderón fungió como Secretario de Seguridad Pública.

De acuerdo con el periodista Jesús Lemus, autor del libro “El Licenciado” (Editorial Harper Collins 2020) García Luna ya servía a los intereses del narcotráfico, y en particular del cártel de Sinaloa, desde el gobierno de Vicente Fox.

Dentro del cártel que entonces dirigía Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el funcionario era conocido como “El Licenciado”. Después de que Felipe Calderón fue calificado como presidente electo, luego de ganar las polémicas elecciones de 2006, miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada, Arturo Beltrán Leyva y Sergio Villarreal Barragán, “El Grande” maquinaron el plan de comprar la secretaría de Seguridad Pública para que García Luna fuera su protector.

La ejecución del plan, según afirma Jesús Lemus, fue Villarreal Barragán, quien acudió a una fiesta de bautizo organizada por el entonces senador panista Guillermo Anaya Llamas –compadre de Felipe Calderón – en la ciudad de Torreón, Coahuila.

“El Grande” le pidió el favor a Anaya Llamas, a quien conocía desde tiempo atrás porque una hermana del político coahuilense estuvo casada con un hermano del narcotraficante, quien actualmente vive en Estados Unidos.

De acuerdo con el libro “El Licenciado”, Anaya Llamas le pidió a “EL Grande que acudiera a la fiesta y que ahí le presentaría al presidente electo. Así ocurrió. En ese encuentro, Villarreal Barragán hizo la propuesta a Calderón y éste aceptó. De acuerdo con Lemus, el pago por la Secretaría de Seguridad Pública fue multimillonario y de esa forma el cártel de Sinaloa se consolidó como el grupo criminal más poderoso del mundo.

El policía de Calderón

A continuación, se relatan las acusaciones que en su momento le fueron hechas a García Luna y a varios de sus colaboradores más cercanos que lo acompañaron desde que fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el gobierno de Vicente Fox, y posteriormente como secretario de Seguridad Pública, en la administración de Felipe Calderón. Tales acusaciones salieron a flote en el sexenio de Fox, donde García Luna fue un estratega policiaco. Ocupó la titularidad de la Agencia

Federal de Investigaciones, una copia bastante degradada del FBI. Nadie imaginaba entonces que el funcionario federal ya tenía nexos criminales, de acuerdo con los expedientes consultados.

Y es que varios de sus colaboradores cercanos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron acusados de corrupción y de tener ligas con el narco desde el año 2008; sin embargo, García Luna nunca destituyó a ninguno de ellos, por el contrario, los cobijó y los mantuvo en sus respectivos cargos.

Por ejemplo, Mario Velarde Martínez, quien durante el gobierno de Vicente Fox fungió como secretario particular de García Luna en la AFI tuvo tratos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. De acuerdo con las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República, este personaje era parte de la red de funcionarios que colaboraba con el crimen organizado.

En aquel momento, Velarde era el quinto hombre cercano al entonces secretario de Seguridad Pública que era investigado por la PGR. Entonces estaba adscrito a la División Antidrogas de la Policía Federal en la SSP.

En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, integrada durante la llamada “Operación Limpieza” –que permitió la captura de altos funcionarios de la SSP y de la PGR por servir al crimen organizado, en particular al cártel de Sinaloa –Alberto Pérez Guerrero, identificado como testigo protegido con el nombre de “Felipe”, pormenorizó las complicidades de exfuncionarios policiacos con el narco:

Según “Felipe”, Velarde Martínez y Ricardo Gutiérrez –exdirector de la Interpol México y quien fue arraigado durante el gobierno de Calderón por sus presuntos nexos con el narco –tenían en común su amistad y presuntos negocios de venta de información con José Antonio Cueto, señalado en ese tiempo como responsable de reclutar e infiltrar a funcionarios para brindarle información a los hermanos Beltrán Leyva sobre operativos, órdenes de aprehensión, investigaciones y extradiciones.

Narra el testigo “Felipe”:

“A principios del año 2007, el licenciado Mario Arturo Velarde Martínez se desempeñaba como director de área y es amigo cercano de Cueto, de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Me pidió información sobre dos asuntos de los cuales no recuerdo en las oficinas de Interpol, en los que tenía conocimiento Cueto, por los cuales me dio Velarde Martínez la cantidad de 4 mil dólares, de los cuales 2 mil entregué a Cueto”-

El mismo día de esta declaración ministerial, realizada en la Embajada de México en Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA) entregó a la PGR una fotografía del cercano colaborador de García Luna, quien ya formaba parte de las investigaciones y de los expedientes oficiales.

La imagen fue presentada al testigo protegido “Felipe”, quien lo identificó de entre cinco fotografías de otros funcionarios que ya estaban siendo investigados tanto en México como en Estados Unidos por servir al crimen organizado.

El testigo “Felipe” identificó el rostro de Velarde Martínez. El testigo protegido tenía información sensible: había sido agente de la PGR y su último cargo fue haber sido comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por ello, conocía a los colaboradores cercanos a García Luna ligados al narcotráfico, entre otros, a Ricardo Gutiérrez, director de Interpol-México; Ricardo de la Guardia, exdirector de Despliegue Regional e Interpol; Miguel Colorado, ex coordinador de Servicios Técnicos de la SIEDO –hoy SEIDO –y al capitán Fernando Rivera, exdirector adjunto de Servicios Técnicos de SIEDO.

Otros fueron arraigados, pues ya se tenía datos y evidencias de sus ligas con el cártel de Sinaloa y, en particular, con la célula de los hermanos Beltrán Leyva. Sus nombres: Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP; Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de

Operaciones de la PFP –éste fue ejecutado durante su etapa como testigo colaborador cuando tomaba café en un Starbucks ubicado en la colonia Del Valle de la Ciudad de México –; Gerardo Garay Cadena, entonces jefe de la Policía Federal ´Preventiva y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol-México.

Redes mafiosas

 Mario Velarde negó los cargos y los nexos que le imputaron con el narcotráfico, pero no fue suficiente: un testigo protegido de la DEA y de la PGR reveló que servía a los intereses del cártel de Sinaloa.

El testigo lo describió tal cual es físicamente.  Dijo: “Mario Velarde Martínez es de tez blanca, cabello negro corto y ondulado, mide un metro con 65 centímetros de estatura, tiene entre 38 y 40 años de edad, es de ojos color negro, nariz regular, con frente un poco pronunciada”.

Y añadió: “Tiene un tic nervioso de estarse jalando los pellejos de los dedos pulgares y que casi siempre tiene curitas en los dedos por ello y que cuando lo conoció el declarante era el secretario particular del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, pero después se fue como director de Enlace Externo en Interpol y más tarde quedó bajo las órdenes de la licenciada Maribel Cervantes, en la Policía Federal”.

Otro de los colaboradores de García Luna –Ricardo Gutiérrez –fue indiciado porque dos testigos protegidos lo acusaron de proteger los movimientos de Rey Zambada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El testigo también dijo que le vendía información a los Beltrán Leyva.

De acuerdo con el testigo y las investigaciones que entonces realizó la PGR, el exmilitar Roberto García –quien estaba adscrito a la Coordinación Técnica de la SIEDO –fue comprado por el cártel de Sinaloa, pero cuando lo detuvieron pidió acogerse al programa de testigos protegidos y fue identificado con el nombre de “David”.

En aquella ocasión, el testigo relató que once años atrás “El Rey Zambada” –hermano de Ismael Zambada García –era conocido como “El licenciado Óscar” para tratar con comandantes y funcionarios federales. Conocía a José Antonio Cueto desde los tiempos de la Fiscalía Antidrogas (FEADS).

Dijo el testigo: “Cueto conoció a todos los comandantes de la Policía Judicial Antidrogas, esos comandantes le presentaron al licenciado “Oscar” –o sea Rey Zambada – y añadió el testigo “David”.

“Óscar o el licenciado Óscar cuando utilizaba el Aeropuerto para viajar le hablaba a Cueto y él llamaba a Ricardo Gutiérrez, que era titular de Interpol México para que no pasara por ningún filtro de revisión; en específico, se trataba de gente que venía de Colombia, aunque no sé los nombres, pero se venían a ver con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”,

Por otra parte, el testigo “Felipe” –cuyo verdadero nombre es Alberto Pérez Guerrero – relató que el director de Interpol tenía problemas económicos y por eso vendían información al crimen organizado e incluso le llegó a pedir un préstamo de 300 mil pesos a Cueto, enlace de los Beltrán Leyva.

Según “Felipe”, un abogado de narcotraficantes que tiene su despacho en Guadalajara, de apellido Valenzuela o Valencia, le pagó dos asesorías que le brindó Cueto para elaborar unos amparos. Primero pagó 30 mil pesos y en otra ocasión le dio de 4 a 6 mil dólares.

Dijo: “Al pretender entregarle ese dinero (a Cueto) me pidió que le entregara 2 mil dólares a Ricardo Gutiérrez Vargas, director General de Interpol, lo que realicé directamente en su oficina ubicada en Torre Pedregal sobre Periférico Sur, enfrente del hotel Camino Real por el Pedregal y al recibir este dinero Gutiérrez Vargas me dijo que gracias, este ya sabía que esto era de parte de José Antonio Cueto; oficinas donde el emitente prestaba sus servicios.

“Esta entrega de dinero a Gutiérrez se repitió en una segunda ocasión sin saber qué cantidad, ya que era un sobre que Cueto me entregó y me dijo que se lo diera al director de Interpol refiriéndome que era dinero”.

“Felipe” también expuso en aquel testimonio que entre abril y mayo de 2007 Gutiérrez le dio un sobre cerrado con información que le pidió llevar al domicilio de Cueto en Valle Escondido, Atizapán, y así lo hizo.

Estos excolaboradores de García Luna fueron procesados por sus nexos con el crimen organizado. Cuando estaban en funciones fueron protegidos por García Luna. Todos ellos tenían nexos con Rey Zambada, quien ahora es uno de los testigos clave en el juicio que enfrentará el exsecretario de Seguridad Pública en Nueva York.

Cabe aclarar que todos los señalamientos incriminatorios en contra de los exfuncionarios –tanto los que operaban con García Luna como los que despachaban en la extinta PGR –formaron parte del expediente conocido como “Operación Limpieza”. La mayoría de ellos, sin embargo, fueron exonerados aparentemente por falta de pruebas; otros fueron encarcelados y recobraron su libertad. Ahora los testigos protegidos que hicieron las acusaciones testificarán en contra de García Luna. Es el caso de Rey Zambada y otros que dicen conocer detalles sobre la forma en que el exsecretario de Seguridad Pública brindó protección al crimen organizado, en particular, el cártel de Sinaloa.

Ahora la pregunta se impone: ¿Qué pasará con el expresidente Felipe Calderón? ¿Seguirá impune o también la justicia norteamericana también le pasará cuchillo?

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