Ricardo Ravelo
Febrero 22 de 2024
“Durante el periodo en que fue director de la empresa el robo de combustibles se convirtió en el más jugoso negocio del régimen priista. Y lo sigue siendo”.
¿Y las acusaciones contra Enrique Peña Nieto por recibir dinero de
Odebrech para su campaña? ¿Y el caso de los sobornos contra
legisladores para aprobar la Reforma Energética? ¿Y las
acusaciones contra Luis Videgaray, Secretario de Hacienda de
Peña, por las operaciones de corrupción para favorecer el proyecto
neoliberal? ¿Y el asunto de Agronitrogenados? Todo está
convertido en cenizas. Estas preguntas ya no tienen respuestas,
aunque una realidad pesa y mucho: se llama impunidad. Emilio
Lozoya está libre: llevará su proceso en libertad y, para zafarse del
asunto, sólo le falta un escalón. El Presidente Andrés Manuel
López Obrador emitió un juicio sobre este asunto: que el Poder
Judicial está podrido. No le faltan razones, pero la FGR también
está en estado de pudrición por no integrar bien su carpeta de
investigación, ya por incapacidad, ya por corrupción. Lo cierto es
que el Fiscal Alejandro Gertz Manero resultó ineficaz para
favorecer los intereses de la sociedad, pero muy eficiente como
tapadera de los hombres del sistema.
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, obtuvo su libertad condicionada, es decir, podrá llevar su juicio en libertad. Así, el caso terminó convertido en toda una farsa sexenal.
Lozoya había sido extraditado de España, donde se refugió, porque la FGR pactó con él y sus abogados que la ruta legal que se seguiría era que incriminara al expresidente Enrique Peña, al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y a Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía, implicado en la trama de corrupción, principalmente en la venta de la planta Agronitrogenados, un mega fraude que se quedó impune.
Sorprende la ineficacia de la Fiscalía General de la República (FGR) para sostener en prisión a uno de los principales funcionarios corruptos del sexenio de Peña Nieto. Ahora, la FGR, lo deja ir porque no lo pudo mantener en prisión.
Larga es la historia de Lozoya. Huyó del país tras el cierre del Gobierno de Peña Nieto; se le acusó de actos de corrupción con la empresa brasileña Odebrech; operó para vender con sobreprecio la empresa Agronitrogenados, la cual terminó comprando Alonso Ancira Elizondo, el llamado “Rey del acero”, y dueño de Altos Hornos de México. El empresario, quien también se escondió en España, fue extraditado y meses después fue puesto en libertad tras llegar a un acuerdo con las autoridades para reparar el daño. Ofreció pagar 200 millones de dólares. Salió de la cárcel y luego se declaró en quiebra.
El trato que recibió Lozoya por parte de la FGR fue príncipe. Tras arribar a México, procedente de España, fue internado en el hospital Ángeles para un chequeo médico. Luego fue llevado a una casa lujosa de seguridad. Supuestamente no podía salir ni hacer vida social, pero un día fue sorprendido
en un restaurante de lujo comiendo pato laqueado a la pekinesa. Lo fotografiaron y esto se tradujo en un golpe a la FGR por los privilegios que otorgaba a uno de los funcionarios más corruptos del sexenio de Peña Nieto.
LOZOYA, EL FAVORECIDO
El giro que dio el caso Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, sorprende. Apenas hace tres años, tras ser detenido en Málaga, España, el exdirectivo de la paraestatal había dicho, a través de su primer abogado, Javier Coello Trejo, que pelearía hasta donde topara para evitar la extradición a México, donde tiene cuentas pendientes con la justicia.
Sin embargo, de buenas a primeras despidió a su defensor –la familia ya no me hacía caso, admitió Coello Trejo –y aceptó regresar a México para enfrentar a la justicia mexicana. El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que Emilio Lozoya hablaría todo lo que sabe sobre la corrupción orquestada en perjuicio de Pemex durante el Gobierno de Peña Nieto, aunque en realidad todo está por verse.
Lozoya está acusado de recibir multimillonarios sobornos de la empresa Odebrecht, desde el 2012, recursos que habrían sido invertidos en la campaña de Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República. Según las autoridades, recibió depósitos de Odebrecht por unos doce millones de dólares.
Después, la contratista brasileña siguió otorgando dinero a Lozoya a fin de obtener más contratos de la paraestatal, los cuales se les otorgaron. En esa etapa Pemex fue un nido de corrupción, el propio director de Pemex, por ejemplo, cobraba un millón de pesos si algún empresario tenía interés en entrevistarse con él por asuntos de negocios.
Durante el periodo en que fue director de la empresa el robo de combustibles se convirtió en el más jugoso negocio del régimen priista. Y lo sigue siendo. Por todas partes se abrieron tomas clandestinas y, desde el tercer piso de la Torre –sede de la paraestatal Pemex –operaban el robo de gasolinas que después era vendida entre los concesionarios gasolineros a mitad de precio.
Lo extraño del allanamiento de Lozoya es que, tan pronto como decidió regresar a México a enfrentar los cargos en su contra, su abogado, Javier Coello Trejo, presentó su renuncia a la defensa.
Exsubprocurador General de la República, llamado “El Fiscal de Hierro”, Coello Trejo, visitó a Lozoya en España poco después de que fue aprehendido y declaró que su cliente pelearía hasta el final por impedir su extradición. Dijo, además, que en el juicio contra su cliente era importante que la Fiscalía General de la República citara a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto por los fraudes en Pemex y los sobornos de Odebrecht. Expuso, por otra parte, que Lozoya actuó recibiendo órdenes del entonces Presidente de la República.
Coello Trejo argumentaba entonces que su cliente no actuó solo en Pemex porque no se mandaba solo: él también recibía órdenes Luis Videgaray Caso, quien fue secretario de Hacienda en el Gobierno de Peña Nieto y del entonces Presidente de la República. Por ello, explicó, es fundamental que Peña Nieto declare en este caso.
Esta insistente petición de Coello Trejo nunca fue tomada en cuenta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, dijo que no enjuiciaría a ninguno de los expresidentes a menos que esto se decidiera mediante una consulta popular. La consulta popular se llevó a cabo y la votación –según dijeron –fue insuficiente para vincular a proceso a los exmandatarios.
Antes de la consulta, el propio Presidente argumentó que, aunque hubiera una aprobación popular para llevar a juicio a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, “yo votaría en contra”. Ahí marcó la línea. Y a lo largo del sexenio se ha
dedicado a culpar al pasado de toda la corrupción, pero a los expresidentes no les han tocado ni un pelo.
La posición del Presidente puso en sentido que López Obrador algo les debe a los exmandatarios, sobre todo al último –Enrique Peña Nieto –, pues en diversas ocasiones ha rechazado la posibilidad de llevarlo a juicio a pesar de que él mismo ha denunciado que le entregaron un país plagado de corrupción y completamente saqueado.
Pero el fondo de las cosas estaba por verse. Tras su regreso a México, Emilio Lozoya enfrentó a la justicia. Recibió un trato de terciopelo. Pero las pruebas que ofreció resultaron insuficientes para citar a declarar a Peña Nieto. Fue acusado de corrupción y delincuencia organizada. Pero nada procedió.
Desde siempre existían dudas de que se mantuviera firme para acusar a Peña Nieto. Si decidió venir a México, y enfrentar a la justicia de la que siempre huyó, es porque el camino legal ya está arreglado. Nadie da pasos en falso. Es muy probable que todo esté negociado, de ahí que haya tomado la decisión que siempre evadió.
Ahora Lozoya está libre. Llevará su proceso en libertad. Y tras su salida de prisión –y cuando faltan ocho meses para que concluya el sexenio de López Obrador –las cárceles se están quedando sin los presos emblemáticos debido a sus actos de corrupción.
Quedan en prisión los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte –de quien se afirma que financió a Morena cuando era mandatario y que le harán el favor de liberarlo; el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, acusado de ligarse al cártel de Jalisco; Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, acusado de corrupción y otros delitos; César Duarte, exgobernador de Chihuahua.
Los autores intelectuales del huachicoleo –el saqueo millonario a Pemex –están libres, lo mismo que muchos capos emblemáticos como Ismael “El Mayo” Zambada, “Los Chapitos”, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, entre otros, que han gozado de impunidad en el actual gobierno.