Ricardo Ravelo
Enero 11 de 2024
El 23 de marzo próximo se cumplen 30 años del asesinato de Colosio. Después de un amplio desfile de fiscales impuestos por los presidentes en turno, la verdad sobre este caso sigue extraviada.
El Juez Quinto de Distrito, Jesús Alberto Chávez Hernández, recibió de la Fiscalía General de la República el expediente de los presuntos asesinos de Luis Donaldo Colosio que incluye al segundo tirador, plenamente identificado por autoridades. Pese a las evidencias y pruebas, el juzgador decidió negar las órdenes de aprehensión. Con esa decisión, tanto autores intelectuales como materiales siguen envueltos en la impunidad.
Veintiocho años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial del PRI, la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el caso para ahondar en la investigación con el objeto de llegar al esclarecimiento del magnicidio ocurrido en marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
La decisión del Fiscal Alejandro Gertz Manero, tomada el 4 de abril de 2023, lo llevó a construir un nutrido equipo de fiscales encabezados por Abel Galván Gallardo, extitular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada. Unas de sus primeras acciones fue enviar la averiguación previa a la Fiscalía Especializada en materia de derechos humanos de la FGR.
Galván Gallardo también solicitó a la dirección general del Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura copia de las constancias del expediente que integró la comisión especial del caso Colosio.
No sólo eso: el 26 de octubre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mediante una recomendación, indicó a la FGR que realizara una nueva investigación por las supuestas violaciones graves que sufrió Mario Aburto, sentenciado a 30 años por el crimen del entonces candidato presidencial.
La CNDH también expuso, en el momento en que se abrió la indagatoria, que el objetivo sería subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento del crimen. A esta posición se sumó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso le ofreció la protección del Estado al asesino material de Colosio si declaraba la verdad y demostraba que había sido torturado.
El 23 de marzo de 2021, dijo el Presidente: “A nosotros nos interesa mucho que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio; fue una vileza lo que le hicieron. Este es un asunto de justicia y un asunto de Estado”.
Otras acciones se enfocaron en crear la Comisión de la Verdad a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta institución internacional le pidió al Presidente López Obrador el indulto para Mario Aburto, pero dicha decisión no se ha tomado, aunque su caso está en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el presunto caso de tortura.
Un año después de la reapertura del caso Colosio, el Fiscal Abel Galván y su equipo han dado pasos agigantados en la búsqueda de esclarecer el asesinato: localizaron al presunto segundo tirador que privó de la vida al entonces candidato del PRI. Cabe recordar que en la investigación inicial, la extinta PGR acusó por este hecho a Othón Cortez, quien fue liberado por falta de pruebas, pues nunca acreditaron que él haya hecho el segundo disparo.
El nuevo expediente del caso Colosio fue robustecido por el equipo de Galván Gallardo con más evidencias que apuntan a personajes públicos que habrían participado en la maquinación del magnicidio como autores intelectuales.
Tan pronto se obtuvieron las evidencias suficientes, el Fiscal Galván Gallardo se reunió con su jefe superior, Alejandro Gertz Manero, y se tomó la decisión de consignar el expediente ante el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, encabezado por Jesús Alberto Chávez Hernández.
El objetivo de la Fiscalía era que el juzgador librara varias órdenes de aprensión en contra de presuntos autores intelectuales del crimen de Colosio y del segundo tirador que las autoridades federales ahora sí tienen plenamente identificado.
Sin embargo, el Juez Chávez Hernández determinó negar las órdenes de aprehensión con argumentos endebles y torcidos que ya están siendo analizados por los fiscales con el objeto de apelar el fallo judicial porque aseguran que el nuevo expediente es sólido y contundente por el cúmulo de evidencias que lo soportan.
Una fuente cercana a este caso que pidió el anonimato dijo a este reportero que después de que el Juez Chávez Hernández emitió el fallo, varios colegas suyos se reunieron con el juzgador para celebrar el revés que le dieron a la Fiscalía. Entre choque de copas y risas expresaron palabras como las siguientes: “que se vayan a la chingada el Presidente y la Fiscalía … no les vamos a dar gusto en este caso, todo los que nos consignen sobre este asunto no pasara”.
De esta manera – añade la fuente — se pierde la oportunidad de llegar al esclarecimiento del caso Colosio; es tan grave la corrupción en el Poder Judicial o sus intereses políticos que en lugar de hacer justicia optan por obstruirla.
El 23 de marzo próximo se cumplen 30 años del asesinato de Colosio. Después de un amplio desfile de fiscales impuestos por los presidentes en turno, la verdad sobre este caso sigue extraviada. En el pasado se protegieron los intereses políticos al más alto nivel y todo indica que en la actualidad el mismo Poder judicial sigue encubriendo a los asesinos del excandidato presidencial. De confirmarse que Mario Aburto, el llamado asesino solitario, fue torturado podría quedar en libertad. Si esto ocurre el caso Colosio seguirá en el limbo, como ha ocurrido con todos los crímenes de Estado.