Ricardo Ravelo
Noviembre 11 de 2022
“Fredy Chacón opera con un esquema de lavado de imagen”.
De acuerdo con las denuncias de empresarios afectados, Fredy Chacón y su cómplice Daniel Kachlon están dedicados el secuestro, fraude y lavado de dinero en favor del Cártel de Jalisco, de acuerdo con denuncias oficiales. Además, operan en la impunidad y ninguna autoridad frena sus acciones.
En la clase empresarial de Tijuana, Baja California, se encendieron los focos rojos ante la ola de extorsiones y frecuentes amenazas de secuestra que, aseguran, provienen de un personaje conocido como Fredy Chacón del Real y su cómplice Daniel Kachlon.
Según las denuncias, Fredy Chacón del Real estuvo preso en Estados Unidos. Enfrentaba una cadena perpetua por el delito de secuestro, pero se asegura que logró escapar de la cárcel, aunque también circula la versión de que negoció con las autoridades y así pudo recuperar su libertad. Pero cruzó la frontera.
Ahora radica en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde ha desplegado una serie de negocios aparentemente ilegales relacionados con el lavado de dinero en favor del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de América Latina.
Las denuncias recibidas de parte de varios empresarios agraviados, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, señalan que Fredy Chacón y su socio Daniel Kachlon se dedican al fraude a través del servicio de nómina. También al secuestro y a la extorsión. Ya son considerados un peligro y les temen.
Para ello utilizan el Call Centers de Tijuana, en las avenidas 20 de noviembre, Rancho Alegre 3470 y utilizan “como empresas fachadas” BPO Centers Callcast S.A. de C.V. y Fast Hunt Services. A estas compañías están ligadas al menos un centenar de empresas norteamericanas “que realizan lavado de dinero desde un centro de operaciones ubicado en la ciudad de Tijuana”.
La misma denuncia –dirigida a la Unidad de Inteligencia Financiera, el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia de Baja California –señala que, además de presunto defraudador y lavador de activos, Fredy Chacón y su socio Daniel Kachlon están dedicados al secuestro.
Este negocio lo llevan a cabo mediante amenazas o solicitudes de préstamos que oscilan entre los 250 mil y hasta 500 mil dólares –que luego no pagan –. Los empresarios que han cedido a estas presiones han decidido no interponer acciones legales por temor a ser secuestrados y/o asesinados por la banda. De hacerlo, se enfrentaría al crimen organizado.
Dice la denuncia: “De igual forma este sujeto (Fredy Chacón y su cómplice Daniel Kachlon) ha cometido una gran cantidad de fraudes a través de estructuras piramidales con dinero en efectivo y la lista de víctimas asciende a unas cuarenta y dos personas”.
Hasta ahora ninguna autoridad federal, local ni de Estados Unidos ha tomado los hilos de alguna investigación criminal, pese a las denuncias presentadas por los afectados.
Las personas defraudadas por este “clan” señalan, además, “que los denunciados están estrechamente ligados al negocio de lavado de dinero para el CJNG y exigen “la urgente intervención de las autoridades; que se investiguen sus cuentas bancarias y transacciones a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, sus transferencias bancarias diarias en dólares que realizan a Estados Unidos, así como en bancos de Tijuana con ese esquema de lavado de dinero que es producto del secuestro y narcotráfico hacia Estados Unidos”.
Fredy Chacón opera con un esquema de lavado de imagen. Para ello, se publicita en varias revistas nacionales internacionales en las que proyecta un perfil de empresario; sin embargo, es un esquema con el que suele ocultar sus verdaderas actividades.
Es una mafia que está bajo la observación de autoridades incluso internacionales.
APUNTES DEL SUBSUELO
LA SENTENCIA INJUSTA: El EMPRESARIO GANADERO Jhovani Aguirre Benítez fue sentenciado a ocho años de prisión el pasado 27 de octubre por los delitos de posesión de arma prohibida (una pistola .380) y posesión de mil gramos de cocaína que, diecisiete horas después de su captura, fue hallada en el interior de su camioneta que no estuvo a resguardo de las autoridades sino a disposición de policías.
Durante el operativo de captura, el pasado 14 de agosto de 2021, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) estaban acompañados del capo Álvaro Sánchez Sánchez, cabecilla del cártel conocido como “Los Hermanos Sánchez”, que opera en Tequisquiapan, Querétaro; Estado de México, Chiapas y Veracruz y que, a gran escala, introduce cuantiosos cargamentos de droga a Estados Unidos. Actualmente está bajo investigación de la DEA y de la FGR (aunque en esta última instancia mantiene a varios fiscales comprados, según la denuncia del agraviado).
Con base en la denuncia de Jhovani Benítez, fue Sánchez Sánchez quien pagó a las autoridades federales para que lo incriminaran: primero lo acusaron de robo de 2, 500 pesos en perjuicio de una señora “que no conozco”; luego lo acusaron de trata de personas, más tarde sobrevino su detención bajo el argumento de que una denuncia ciudadana alertó a los agentes de que en una camioneta de su propiedad viajaban personas armadas. Eso bastó para detenerlo.
Lo cierto en esta historia es que Jhovani Aguirre fue víctima de una venganza porque, según ha denunciado, Sánchez Sánchez le propuso asociarse con él en el tráfico de drogas utilizando sus vehículos. “Como me negué porque no me dedico a esos negocios sucios”, comenzó a hostigarme hasta que logró encarcelarme con delitos fabricados.
Jhovani Aguirre fue notificado de la sentencia el lunes 7. En el alegato de apelación que ya preparan sus abogados se cuestiona que el juez no tomó en cuenta que la camioneta del detenido no se puso a resguardo de las autoridades, pues los policías la mantuvieron en su poder durante varias horas -17 en total — tiempo suficiente para operar la siembra del arma y la droga, ya que los policías eran pagados por Sánchez Sánchez, según afirma el agraviado.
Ya en manos de la autoridad, no tuvo acceso a un abogado de oficio, como lo establece la ley; además, la matrícula del arma hallada –dice –no coincide con la que se puso a disposición del juzgador. Todo el cúmulo de testimoniales contradictorios y hechos evidentes de corrupción no fueron tomados en cuenta por el juez de la causa, acusa.
Además, añade el propio Jhovani Aguirre, la sentencia en su contra fue comprada por Álvaro Sánchez, ya que días previos a que se dictara le mandó decir a su familia que “de él dependía si el juez lo sentenciaba a ocho o a veinte años”.
Esto puso en evidencia que el capo del narcotráfico pudo haber presionado o sobornado a juez Fuerte Tapia para que dictara sentencia condenatoria, según sus consideraciones.