Nuevo León

Los Yerros legislativos del Congreso del Estado de Nuevo León; muestra falta de cultura jurídica…

RAÚL A. RUBIO CANO

Octubre 4 de 2019

Definitivamente el Congreso del Estado de Nuevo León, ya debe de conseguirse verdaderos asesores en muy diversos avatares a los que se enfrenta para supuestamente salvaguardar el Bien Común de sus representados y a la Madre Naturaleza.  Los yerros legales en que el Poder Legislativo de Nuevo León ha incurrido, son muy diversos, el caso de nombrar como personas Non Gratas a Pedro Salmerón y Gerardo Fernández Noroña, es más que evidentes su ignorancia jurídica o conocimiento de sus funciones como Poder Legislativo y por eso, la Justicia Federal otorgó suspensión provisional al juicio de amparo que se ha entablado en contra de esa resolución del Congreso de nombrarlos personas Non Gratas a Salmerón y Noroña, ya que tal resolución de Non Gratos, no tiene fundamento alguno legal y convierten en todo caso, al Congreso, en un tribunal especial, función que no es la suya y ello puede prestarse a que esta acción se siga utilizando contra cualquier persona que el Legislativo considere nociva por su manera de pensar, expresarse o actuar. El caso es gravísimo, una pifia de comportamiento institucional del Congreso es de dimensiones impresionantes; por eso, esta pifia debe de ser llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que las sanciones contra el Congreso del Estado de Nuevo León, sientan un verdadero precedente; como fue el caso de la acción legal de Luis Santos de la Garza, contra el control de los procesos electorales por parte del gobierno de Jorge Treviño y el Congreso del Estado de aquellos años. Situaciones como esta, demandan de un Centro de Investigaciones Jurídicas, y también, de una Casa de la Cultura Jurídica, como la que tenemos en Nuevo León, que preside la licenciada Angélica Arévalo, pero que no “la pela el Legislativo” para nada. Por cierto, hoy a las 17 horas, habrá en esa recinto de reflexión académica (Zaragoza y Espinoza), conjuntamente con la UDEM en conmemoración a sus 50 años, la presentación del libro “Derecho y Política Ambiental” de la doctora Angelina Valenzuela y bueno, sería conveniente que interesados en el tema ambiental y en particular nuestros diputados, asistieran a tal evento, más, cuando andan  hablando de iniciativa recién aprobada sobre la determinación de delitos ambientes para el Estado de Nuevo León, pareciendo que éstos no han existido en la entidad, cuando es precisamente a partir de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (2013), donde se regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños… O sea, la mencionada Ley apunta los posibles delitos ante agresiones al Medio Ambiente para posteriormente dar parte al Agente del Ministerio Público. Una realidad de protección ambiental fincada desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando éste se comprometió a disminuir las emisiones de CO2 en un 35 % dentro de los Acuerdos 20-30 con el mundo, firmados en la ONU. Hoy, todo ello se refuerza con la expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, del gobierno de AMLO, misma que muy bien podrá aplicarse entre otros rubros, a aquellas personas y sus bienes que atacan la salud de la población y, ahí va la contaminación del aire, agua, suelo, ecosistemas, en fin, ya tenemos en México un aparato legal para meter en cintura a pedreras, fábricas contaminantes, minas, corrales de engorda, aserraderos, destructores de montañas, selvas, desiertos, costas, mares, lagunas, presas, ríos, arroyos, etcétera y puede ser aplicada por Ministerios Públicos federales y locales, por el Presidente de la República, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno. Que quede claro, esto no es Comunismo, es simplemente respetar el Bien Común y a la Madre Naturaleza, como se ha hecho en los Estados Unidos de América. Por lo tanto, Legisladoras y Legisladores de Nuevo León ya por favor, déjense asesorar por quienes entienden de aguacates ¡Órale! raurubio@gmail.com

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