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Chemours, presidente Juana Herrera y gobernador Rosas Aispuro, violan amparo312/2018

La empresa sigue construyendo; la alcaldesa Herrera Ale los protege, al igual que el gobernador

Juan Monrreal López

Diciembre 14 de 2018

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Gómez Palacio, Durango. – Mientras el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pronunció reiteradamente en sus discursos de toma de posesión que “ Por fuera de la ley nada, por encima de la ley, nadie”, aquí en este municipio, la empresa Chemours, representada por el vicepresidente global Luis Rebollar, la alcaldesa priista, Juana Herrera, junto con el gobernador panista José Rosas Aispuro Rosas, se han empeñado en violar sistémicamente los derechos humanos de las comunidades pertenecientes a este ayuntamiento, además de romper los ordenamientos de distintas leyes, incluidas los mandatos estipulados por el Amparo 312/2018 concedido a la Asociación Civil Pro Defensa del Ciudadano- Colegio de Abogados que preside, Víctor Pinedo Ledesma, mismos que obtuvieron Amparo del Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna,- el pasado 16 de marzo con la suspensión provisional de la construcción de la fábrica y la prohibición definitiva el pasado 4 de abril-, que ordenó detener la construcción de la empresa de veneno de cianuro de sodio de la compañía trasnacional Chemours, levantada en colindancia con los pueblos de Dinamita, El 7-Pueblo Nuevo, El Volado; integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.

Empeñados en que se construya la empresa productora de cianuro de sodio en esta parte del municipio, la compañía, la presidente, así como el gobernador del estado, cabildearon con la magistrada Renata Suárez Téllez, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la 10ª Región en Saltillo, Coahuila, sala a donde fue trasladado el caso Chemours con el expediente 312/2018 según denunciaron los afectados al presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Julio Menchaca Salazar.

Así que, contra toda ética, Renata Suárez, recibió en diversas ocasiones en privado a los abogados y representantes de Chemours, asienta la misiva entregada al senador; posteriormente, la juez Suárez Téllez, decidió sobreseer el juicio ignorando los 4 tomos de pruebas presentadas en contra la instalación de esta empresa bautizada por lo pobladores “como empresa de muerte”.

De esta manera, después de una campaña profusa en los medios de difusión de la Comarca Lagunera, – donde el representante General de la compañía Luis Rebollar, “hermanó” a la firma norteamericana con los habitantes de la región-, la juez Suárez Téllez hizo público el sobreseimiento de la suspensión definitiva el pasado 24 de octubre, con una decisión llena de irregularidades y fallas jurídicas elementales, tal como lo probó la Organización no Gubernamental, Pro-Defensa del Ciudadano A.C.-Colegio de Abogados.

Sin embargo, inconformes con la resolución de la juez Renata Suárez, Pro-Defensa del Ciudadano A.C. promovió la revisión del dictamen de la juzgadora del Distrito del Centro Auxiliar de la 10ª Región en Saltillo, Coahuila, consiguiendo la ratificación de la sentencia contenida en el expediente 312/2018 emitida el pasado 4 de abril.

Por ello, el pasado 21 de noviembre el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, José de Jesús Rosales Silva, ratificó la suspensión definitiva de la construcción de la fábrica y resolvió:

Único: se declara infundado el incidente de modificación a la suspensión definitiva interpuesto por Pedro Guillermo Marín Ávila apoderado general para pleitos y cobranzas de la tercero interesado (Sic) The Chemours Company Mexicana, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

Con todo y esto, la compañía sigue construyendo bajo el amparo de la presidente municipal Juana Herrera, y por supuesto del gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, quien traicionó los votos ciudadanos que lo llevaron a la gubernatura pensando que el nuevo gobierno sería distinto a los que han saqueado el estado y protegido a los caciques regionales de Durango.

Presidente Juana Herrera Ale, es punible por violar suspensión

Obligada por la ley, la alcaldesa Juana Herrera no ha cumplido con lo señalado por el Amparo 312/2018, por el contrario, ha dado protección a las brigadas de construcción que día tras día rompen la disposición jurídica de detener la construcción de esta empresa de veneno.

Amachada en su posición “machista de cacique, Herrera Ale, cree que puede burlar el amparo contra la empresa Chemours; ella cree que puede hacer lo que sea desde la presidencia, pero, no asume que no sería la primera presidente que fuera procesada por la justicia federal por violar esta suspensión dictada por el juez José de Jesús Silva Rosales”, declararó El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio a Demócrata Norte de México.

José Rosas Aispuro, también violenta Amparo 312/2018

En esta misma situación se encuentra el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, a quien la Constitución General de la República, y la Constitución de Durango, lo obligan a que “Las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, así como la obligación de conservarlo”, pero lejos de ello, Aispuro Torres se ha dedicado a “administrar el conflicto” confiando en que el brazo de la ley no lo alcance; pareciera que Aispuro Torres, vive una especie de autismo político, ya que los tiempos y roles sociales están cambiando en el país y el estado, con todo y las resistencias de las clases políticas tradicionales.

Chemours, no respeta la ley mexicana

La firma norteamericana Chemours, ha dejado en claro desde la colocación de la primera piedra de la empresa de veneno fincada en el centro de los pueblos del área de Dinamita- El 7-Pueblo Nuevo, que las leyes mexicanas no le importan.

Primero violó el Estudio de Impacto Ambiental de SEMARNAT, para después seguir con un rosario de desacatos a las leyes evidenciando que tipo de empresa es.

Tan prepotente y amafiado es el actuar de esta firma norteamericana que lejos de ceñirse al marco legal mexicano, optó por realizar acuerdos políticos con las autoridades federales, municipales en la persona de Juana Herrera y con el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

Después, ha seguido rompiendo la Ley de Amparo, pues lejos de detener los trabajos de construcción de la fábrica de veneno de cianuro de sodio, cabildeó con la juez, Renata Suárez Téllez, quien dictó sobreseer el caso, ignorando 4 tomos de pruebas violatorias de la compañía.

Peor; aun con la ratificación de la suspensión definitiva dictada por el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, José de Jesús Silva Rosales, la firma sigue levantando el monstruo que pretende arrojar 65 mil toneladas de cianuro por año en muchísimas minas de América.

Ahora con la ratificación del Amparo 312/2018 el pasado 21 de noviembre, Chemours se ha dado a la tarea de “bombardear” nuevamente a la comunidad lagunera usando los medios de difusión como El Siglo de Torreón, Milenio-Laguna, Multimedios Televisión y los grupos de radiofónicos de La Laguna, “hermanando” esta empresa de veneno con los intereses de la comunidad.

Precisamente el día de hoy, Barbara Anderson, Directora de innovación Editorial de Milenio, y quien se presenta en su cuenta de tuiter como “Activista del derecho de las personas con discapacidad”, da como un hecho en su columna, “Nada Personal, Solo Negocios”, que en 2019, la fábrica de cianuro de sodio se inaugurará en Gómez Palacio, a decir del presidente de Chemours, México y director global de recubrimientos, Gerardo Familiar Calderón, lo que ratifica al consorcio norteamericano como una empresa ilegal, toda vez que existe la suspensión de la edificación de la industria dictada por el juez José de Jesús Silva Rosales.

Las secuelas sociales dejadas en las comunidades por Chemours, Juana Herrera y Rosas Aispuro

Las comunidades del perímetro donde The Chemours Company Mexicana, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, está empeñada en levantar su fábrica de son agredidas cotidianamente por empleados de la empresa, funcionarios públicos de la presidencia municipal de Gómez Palacio. A diario, reciben amenazas cuando deciden no recibir las promesas de prebendas de la empresa y la alcaldía.

Decididos a levantar la “empresa de muerte”, la trasnacional y la presidente Juana Herrera, han mandado a hacer una encuesta a modo en la que retratan “que la mayoría de los habitantes de las comunidades los apoya”. Este tipo de corriente de opinión la amplifican pagando propaganda difundida profusamente con la intención de mostrar a los habitantes de las comunidades como intransigentes, como personas que se “oponen al progreso”.

Así, con estos dos instrumentos, rompen la ley, pues la construcción avanza día con día, con todo y que el amparo otorgado a la Asociación Civil Pro-Defensa del Ciudadano-Colegio de Abogados-Colegio de Baogados presidida por Víctor Pinedo Ledesma, que obliga a Chemours a detener la construcción del edificio.

A 530 días de que se haya colocado la primera piedra de fábrica de cianuro de sodio, quienes han puesto las víctimas son las comunidades. Después de este tiempo, existen 10 expedientes de ciudadanos criminalizados por la brutal represión policiaca que la presidente priista, Juana Herrera y el gobernador panista José Rosas Aispuro, ordenaron el pasado 9 de marzo.

Además, como saldos negros de ese día, existe una persona discapacitada, sin contar las innumerables perdidas materiales saqueadas por las fuerzas policiales.

Que no quede duda, en la lucha del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, se está jugando la existencia de un medio ambiente saludable o la instalación de una “empresa de muerte” productora de veneno de cianuro de sodio.

jmonrreall@yahoo.com

Twitter: @jmonrreall

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