Rubén Moreira, exigimos resultados acerca de los desparecidos ¡Pidamos lo imposible!
Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Enero 14 de 2016
Desde la administración de Felipe Calderón, cuando éste inició la guerra contra la delincuencia organizada, guerra en la que hay que decirlo, salió derrotado por sus adversarios, desde entonces las desapariciones forzadas son el pan de cada día y las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han advertido del incremento de este fenómeno y gracias a ellas el tema está en la agenda pública.
Según los datos del Estado mexicano hasta el momento, en México hay 27mil desaparecidos, pero las autoridades no saben, o no quieren saber ni informar cuántas de estas personas han sido víctimas de desaparición forzada (es decir, con la participación de agentes estatales), cuántas por desaparición a manos de actores no estatales y cuántas se han ausentado voluntariamente; desde mi punto de vista, que lo supieran e informaran es demasiado pedir dada su incapacidad en todos los niveles.
Amnistía Internacional (AI), la organización de derechos humanos más grande del mundo, a la cual pertenezco desde hace varios años, presentó ayer el informe: “Un trato de indolencia”, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México.
AI estudia la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua, estos casos muestran varias facetas de la problemática: “la magnitud a la que pueden llegar las desapariciones en México, las formas de reacción del Estado mexicano frente a este tipo de delitos y las afectaciones de los derechos humanos de las víctimas”.
En este informe AI hace un recorrido por las diversas formas de organización de los familiares de personas desaparecidas en la búsqueda de sus seres queridos y deja en claro que en México no importa si un caso de desaparición se trata de una situación oculta o es un caso de alto perfil, las autoridades parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales para encontrar la verdad y garantizar justicia.
AI exige que el Estado mexicano asuma su deber de realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas, investigar los hechos, llevar a quienes sean responsables ante la justicia y asegurar reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, debe desarrollar una política pública con tendencia a la prevención de las desapariciones de personas.
AI ha encontrado que la búsqueda de las personas desaparecidas en México es deficiente e inicia tarde. En cuanto a los 43 estudiantes de Ayotzinapa las deficiencias han sido muy graves y las autoridades reticentes a incorporar todas las recomendaciones efectuadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar un análisis técnico sobre la investigación del caso y en Cuauhtémoc, las víctimas en general no son buscadas por las autoridades, éstas se limitan a realizar algunas acciones con poca utilidad en la indagación, de manera que la investigación es solamente un formalismo estéril.
Según el informe de AI el Estado mexicano ha anunciado la creación de una Ley General sobre Desapariciones que regulará la actuación de todas las autoridades mexicanas (federales, estatales y municipales) con respecto a este tema, es imperativo que esa ley contemple la complejidad del fenómeno y dé respuestas que vayan más allá de la sanción penal.
En Coahuila el gobierno estatal inició el megaproyecto en busca de los desparecidos (VANGUARDIA 14-1-16). Este gobierno lleva más de 4 años ofreciendo resultados en este tema y… Rubén seguimos pidiéndote lo imposible, estás obligado.