La crisis de Sinaloa vuelve a plantear una pregunta incómoda: quién ejerce realmente el control del territorio mexicano
Junio 19 de 20226
Geografía de una alianza. La crisis de Sinaloa vuelve a plantear una pregunta incómoda: quién ejerce realmente el control del territorio mexicano.
Durante décadas, el Estado mexicano sostuvo que la seguridad dependía de sus instituciones, de sus fuerzas armadas y de su capacidad para imponer la ley. Sin embargo, en vastas regiones del país la realidad ha seguido otro curso: la violencia disminuye o se recrudece según los equilibrios que establecen los grupos criminales que disputan el territorio. Comprender esa contradicción es indispensable para entender el México contemporáneo.
Cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció públicamente la existencia de una alianza entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la declaración pasó casi inadvertida entre las cifras de detenciones, decomisos y reducciones delictivas que suelen acompañar sus conferencias.
Sin embargo, detrás de esa afirmación se esconde una historia más compleja: la de los intentos, abiertos o discretos, por contener la violencia en regiones donde el Estado ha mostrado limitaciones para imponer por sí solo el orden.
Diversas versiones recogidas en círculos políticos y de seguridad sostienen que el acercamiento entre ambas organizaciones no ocurrió de manera espontánea. Según esas versiones, durante los últimos años se habrían producido condiciones favorables para un entendimiento entre grupos criminales que hasta hace poco mantenían intereses y territorios enfrentados. La lógica detrás de ese proceso habría sido sencilla: reducir la confrontación armada que amenaza la estabilidad de regiones enteras.
La crisis de Sinaloa aceleró ese escenario. Tras la captura y traslado de Ismael «El Mayo» Zambada a Estados Unidos en julio de 2024, el estado entró en una nueva etapa de violencia. Las disputas entre las facciones conocidas como «Los Chapitos» y «La Mayiza» dejaron un saldo de homicidios, desapariciones, desplazamientos y una profunda afectación económica en distintos municipios.
En aquel momento comenzó a instalarse entre empresarios, funcionarios y actores políticos una pregunta incómoda: si las instituciones no lograban contener el conflicto, ¿quién lo haría?
Con el paso de los meses, y mientras las autoridades desplegaban operativos que no conseguían revertir la situación de manera definitiva, comenzaron a multiplicarse las versiones sobre una posible convergencia de intereses entre las dos organizaciones criminales más poderosas del país.
Para el gobierno federal, el desafío sigue siendo el mismo: cómo recuperar el control territorial en un país donde el crimen organizado ha desarrollado estructuras económicas, sociales y políticas que en algunos lugares rivalizan con las capacidades del propio Estado.
Mientras tanto, las cifras oficiales continúan siendo objeto de debate. García Harfuch sostiene que los delitos de alto impacto han disminuido y que decenas de miles de personas han sido detenidas durante la presente administración. Los datos, sin embargo, conviven con otra realidad visible: sistemas penitenciarios saturados, regiones enteras bajo presión criminal y una percepción pública que no siempre coincide con los reportes gubernamentales.
La transformación del crimen organizado también complica cualquier diagnóstico. Más que grandes cárteles monolíticos, lo que hoy aparece en numerosos municipios son redes fragmentadas y células locales dedicadas al cobro de piso, secuestro, extorsión, tráfico de personas y control de economías ilegales. En muchos casos, esas estructuras mantienen relaciones de conveniencia con actores políticos, empresariales o funcionarios de distintos niveles.
Es en ese contexto donde la discusión sobre la gobernabilidad adquiere una dimensión más profunda. La pregunta ya no es únicamente cuántos líderes criminales han sido capturados, sino hasta qué punto el Estado conserva el monopolio efectivo de la fuerza y la capacidad de imponer reglas en territorios disputados.
De cara a las elecciones intermedias de 2027, Morena enfrenta un escenario complejo. Las acusaciones contra diversos funcionarios, las investigaciones abiertas en México y Estados Unidos, así como la persistencia de fenómenos como el huachicol fiscal y la corrupción administrativa, amenazan con erosionar la narrativa de transformación que llevó al movimiento al poder.
La disputa política ocurre, además, sobre un terreno marcado por una realidad difícil de ignorar: en amplias zonas del país, la seguridad, la economía local y la vida cotidiana siguen dependiendo de equilibrios frágiles entre instituciones formales y poderes de facto.
Y es precisamente en esos espacios grises donde se juega una parte decisiva del futuro de México.
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