EL ASEDIO A LA AUTONOMIA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO.
César Navarro. Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco
Agosto 24 del 2011
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Quiero en primer término agradecer a los estudiantes, académicos, trabajadores y directivos universitarios que integran el Frente Universitario en Defensa de la Autonomía de la Universidad Juárez del Estado de Durango, su invitación para participar en este foro de reflexión y análisis en torno a la autonomía universitaria y por tanto, sobre los desafíos que actualmente enfrenta la universidad pública duranguense en relación con su propia autonomía.
Debo señalar que mi presencia en este evento no sólo está determinada por la relevancia académica sobre la temática que abordaremos e intercambiaremos opiniones, sino además por los vínculos personales y compromisos profesionales que me unen a la UJED, mi universidad primera. En esta universidad transité por mis estudios preparatorianos y de licenciatura en medicina. Pero como suelen decir los autores en la introducción de sus libros, digo que libero a la UJED de toda responsabilidad sobre mis insuficiencias formativas y profesionales de las cuales solamente yo soy responsable, sin embargo quiero expresar que mantengo un profundo agradecimiento hacia esta institución por haberme otorgado educación y que preservo igualmente mi identidad de universitario duranguense. Aquí fui alumno, representante estudiantil y docente universitario.
Por las razones expuestas, debo también señalar y si no tienen objeción alguna los universitarios presentes, que mi participación la hago desde mi condición de “adherente simbólico” al Frente Universitario por la Defensa de la Autonomía de la UJED, espacio colectivo que representa la defensa de la legalidad, la legitimidad, la autonomía y la dignidad de la los universitarios de Durango.
Me parece que la celebración de este foro en el marco de la crisis y desestabilización institucional que enfrenta la UJED, constituye una iniciativa pertinente y necesaria que posibilita desde el ámbito académico, debatir y analizar la situación y perspectivas de la autonomía de la universidad pública mexicana en el contexto de las políticas educativas diseñadas desde el poder gubernamental para el conjunto del sistema educativo nacional y en especial hacia la educación superior. El conocimiento del entorno común en el que hoy desarrollan sus funciones, tareas y proyectos las instituciones de educación superior, permite ubicar tendencias y problemáticas generales y al mismo tiempo generar referencias para el análisis especifico de cada centro universitario. Y como en el presente caso, para articular este debate académico a las diversas iniciativas jurídicas e institucionales y a las múltiples movilizaciones y acciones de resistencia desplegadas por la comunidad universitaria de Durango.
Para contextualizar los desafíos de la educación superior y su autonomía, me parece necesario exponer previamente algunas consideraciones generales sobre el sistema educativo nacional, puesto que existen rasgos y tendencias que resultan comunes a los distintos subsistemas que integran el universo educativo mexicano. Por principio, señalaría que el profundo deterioro y retroceso social en el que se encuentra sumergido el país, esta plenamente reflejado en forma lacerante y dramática en el deterioro de su sistema educativo. El secular proyecto de muchas generaciones por edificar una educación pública, gratuita, universal, laica, incluyente y bajo principios de equidad, como parte fundamental de los derechos sociales y ciudadanos, corren el riego de extinguirse en la sociedad mexicana contemporánea. Aún cuando formalmente se mantienen vigentes los principales preceptos y enunciados que orientan y fundamentan la educación nacional, el sistema educativo realmente existente opera cada vez más distante y en contradicción estos principios y supuestos en los que teóricamente debería sustentarse.
La desigualdad, inequidad y exclusión constituyen los rasgos esenciales y distintivos del sistema educativo nacional. Las cifras de la exclusión no son confiables, son abrumadoras y terribles: más de una tercera parte de los niños mexicanos no logran concluir la escuela primaria. La mayoría de los niños y jóvenes solo acceden temporalmente a la educación básica y son segregados prematuramente para sumarse al creciente conglomerado en rezago educativo, el cual alcanza a más de 30 millones de mexicanos. Luego de la enseñanza básica, el acceso a la educación se estrecha cada vez más e imposibilita su continuidad y elimina a la mayoría de los jóvenes de la vida educativa. Los distintos mecanismos de selectividad aplicados en la educación media superior y superior, constituyen las vías para hacer efectiva la exclusión que el propio sistema educativo ha impuesto. En primer término se elimina a los más pobres y a otros segmentos en condiciones de precariedad económica y social, con lo cual se revalida su condición de marginados dentro de la sociedad mexicana. Hasta en los propios diagnósticos de la SEP y diversos organismos oficiales se reconocen estos hechos, me refiero entre otros a los informes del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y del Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo.
El sistema educativo nacional ha devenido en un régimen de enormes desigualdades que otorga educación en forma cada vez más diferenciada en razón de la ubicación social, nivel económico, pertenencia étnica y perfil cultural de los grupos sociales que acceden a las instituciones escolares. La inequidad en la distribución del gasto público, financiamiento y recursos destinados a la educación ha generado una profunda diferenciación en las condiciones en las que operan y subsisten las instituciones educativas públicas, desde el nivel básico hasta la educación superior. Las entidades, regiones y comunidades con mayores rezagos sociales, económicos y educativos, paradójicamente disponen de menores recursos para la educación. Hoy sabemos con certeza que la descentralización del sistema educativo impuesta durante el gobierno de Carlos Salinas, a través del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica (1992), además de otros efectos regresivos, profundizó esta diferenciación.
Tras la imposición de las concepciones, políticas, proyectos y prácticas educativas que se tornaron dominantes dentro del sistema educativo nacional como resultado de la adopción de lo que simplemente enunciamos como políticas de mundialización o globalización de corte neoliberal, los recursos destinados a las instituciones públicas de educación dejaron de otorgarse como una obligación constitucional y responsabilidad social del Estado mexicano y con base en las necesidades, demandas y prioridades de las instituciones educativas; especialmente en relación con la educación superior de carácter público y autónoma. Los criterios y mecanismos que actualmente rigen para dotar de presupuesto y recursos a la educación han dado paso a la instauración de formulas de asignación selectivas y excluyentes y propiciado la segmentación y diferenciación entre las propias instituciones públicas.
Bajo esta perspectiva y a través de las políticas educativas y sus correspondientes reformas, planes y programas se ha impuesto la aplicación de fórmulas de operación trasladadas desde la gestión empresarial: productividad, competitividad, eficiencia, calidad y excelencia, entre otras. Medibles a su vez mediante un vasto y farragoso sistema de evaluaciones que incluye a los todos los actores educativos, proyectos e instituciones educativas. Así, bajo cuestionables sistemas de evaluación, la formulación de estándares de calidad y procesos de acreditación y certificación, ha surgido una nueva taxonomía y un inédito “darwinismo” educativo clasificatorio de estudiantes, docentes e instituciones. Ahora existen alumnos, maestros, académicos, investigadores, escuelas, programas curriculares, proyectos de investigación e instituciones de educación superior de “calidad” o “excelencia”. Mientras que por contraparte, múltiples universidades, centros de educación superior y de investigación, la inmensa mayoría de las escuelas de educación media y básica públicas, así como a sus comunidades educativas se les clasifica en forma negativa y condena a desarrollarse en condiciones de franca sobrevivencia educativa. Pero, lo cierto, es que pese a la inclusión de todas estas formulas y prácticas dentro del sistema educativo, sus resultados generales nos indican la continuidad de un consistente y sostenido deterioro, especialmente de la educación pública de nivel básico.
En tanto que por otra parte se amplia y promueve la presencia de la educación privada dentro del sistema educativo nacional, en especial la destinada para la formación de la elites sociales y políticas y los grupos de poder económico y, al parejo de la desigualdad social se ha generado un sistema educativo desigual entre lo público y lo privado. Entre los inversionistas y empresarios del sector privado de la educación, destaca en forma creciente la participación de grupos religiosos y clericales que en la práctica han anulado la laicidad educativa. Así, la educación de corte confesional ha ido recuperando gradualmente sus viejos fueros y privilegios en una franja cada vez mayor de instituciones educativas. Pero, igualmente la educación privada se ha extendido hacia segmentos sociales de medianos ingresos que impedidos en muchos casos para ubicarse en la escuela pública, sobre todo en el nivel medio y superior, han debido buscar opciones educativas dentro de las incontables (literal) instituciones privadas de bajo nivel académico y formativo, por decir lo menos. La multiplicación en el otorgamiento de “franquicias” para la apertura de escuelas privadas desde el nivel de educación inicial y preescolar hasta el universitario ha creado un especie de “mercado informal” de la educación. Es decir, escuelas y universidades con un perfil de grandes plazas o centros comerciales para los que disponen de todo y escuelas y universidades “tianguis” para los de bajos ingresos y consumo.
Para quienes afirman que la mercantilización y privatización del sistema educativo constituye básicamente un argumento discursivo ideologizado, sostenido por un sector crítico de académicos, analistas, estudiantes y profesores, solo me referiré en forma sucinta a dos hechos que se contraponen a esta visión. En forma paralela al pacto signado entre el poder ejecutivo y el SNTE mediante el que se concretó la nueva reforma educativa en curso de la educación básica, bajo la denominación de Alianza por la Calidad de la Educación, la agrupación sindical ha propuesto la adopción de una Norma de Calidad para la Educación, mediante la cual se someterán todas las actividades educativas y el desempeño de todos los actores educativos a procesos de medición y certificación con base en los estándares de calidad contenidos en dicha norma. Sólo añadiré que en esa propuesta, estudiantes y maestros son clasificados como clientes del servicio educativo y la SEP como empresa proveedora de dicho servicio. El otro mucho más reciente y seguramente conocido por todos, es el decreto presidencial a través del cual los usuarios de la educación privada podrán deducir fiscalmente los pagos y costos educativos realizados en las instituciones particulares. Se estima que la transferencia del presupuesto público educativo hacia los usuarios e instituciones privadas solamente alcanzará la modesta cifra de trece mil millones de pesos. Pareciera que para ser más equitativo, ahora el gobierno federal ha diseñado una nueva versión del Programa Oportunidades, solo que destinado para los grupos sociales de “clase preferente”.
Como puede advertirse, los cambios y reorientaciones ocurridos dentro del sistema educativo nacional, nos indican y sugieren que igualmente han impactado de distintas maneras al sistema de educación superior y en forma especial a las universidades públicas autónomas. Como es sabido, el estatus de autonomía para la universidad pública mexicana se hace presente desde las primeras décadas del siglo XX, sin embrago, su inclusión a rango constitucional se produce en 1980 al adicionarse la fracción VIII del artículo tercero de la constitución, cuyos principios básicos y facultades señalaban entonces y en la legislación actualmente vigente que la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior, consiste en la facultad y responsabilidad para gobernarse a si mismas; realizar sus fines educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal y administrativo y, administración de su patrimonio, además de la normar los términos y modalidades de las relaciones laborales de los trabajadores académicos y administrativos de las instituciones universitarias. (Actualmente corresponde la fracción VII, de acuerdo con las modificaciones del art. 3° en 1993).
Sin embargo, con la reformulación hecha al artículo 3° constitucional en 1993 en la que se produce una redefinición y restricción expresa sobre la responsabilidad del Estado en términos educativos y de gratuidad, se generará una creciente ambigüedad sobre la inclusión de las universidades autónomas públicas dentro de las responsabilidades y obligaciones directas del Estado. Ya que si bien se expresó que toda educación que imparta el Estado será gratuita (Fracción IV), por otra parte el Estado se define exclusivamente en términos educativos como federación estados y municipios, dejando al margen en esta definición la mención e inclusión de las instituciones públicas autónomas. En tanto que en la fracción V, sólo señala que el Estado, promoverá y atenderá todos las modalidades y tipos de educación, incluyendo la educación superior y apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
Soy de los que consideran que estas reformulaciones al marco legal de las instituciones de educación superior, que sin haber llegado a modificar en forma explícita los fundamentos de su autonomía, en términos reales significarían el inicio de una nueva etapa en sus relaciones con el Estado, de cambios en su gestión y organización institucional y de un ejercicio más limitado de su autonomía, a través de otras y nuevas formas de intervención diseñadas desde el aparato gubernamental
Sin desmontar las tradicionales formas y mecanismos de control político que por largo tiempo construyó y mantuvo el Estado mexicano hacia las universidades públicas y que pese a su existencia no pudieron contener los múltiples conflictos y graves contradicciones que se suscitaron en diferentes momentos desde los espacios universitarios en contra de diversas políticas gubernamentales; en el contexto de la implantación de las políticas neoliberales el Estado diseñó un nuevo enfoque estratégico sobre la orientación, funciones y tareas que debían caracterizar al sistema educativo y muy particularmente a la educación superior. Así, sin recurrir a la intervención directa y sin vulnerar aparentemente el autogobierno y autonomía de estas instituciones y bajo la inspiración de distintos organismos internacionales y multilaterales y su correspondiente traducción y adaptación a nivel nacional, se fue creando un complejo aparato de evaluación-intervención-regulación de las universidades públicas. Al que algunos analistas e investigadores educativos denominan El Estado Evaluador y que han caracterizado como el instrumento más eficaz de intervención del Estado en la educación, particularmente en la educación superior autónoma.
Entre los rasgos y propósitos del llamado Estado Evaluador en relación con las universidades públicas podemos señalar los siguientes: Cambio estratégico para promover cambios institucionales, utilizando como herramienta un sistema de premios y sanciones vinculados a los resultados de los sistemas de evaluación impuestos por el Estado;Ordenamiento funcional consistente en el establecimiento de mecanismos permanentes y correctivos para la planeación educativa y que a través de su evaluación o autoevaluación se ligan al eventual incremento del financiamiento o subsidio de las universidades; Control político cuyo objetivo central es disciplinar a las universidades públicas autónomas más renuentes a la intervención del Estado y a la adopción de las políticas mercantilistas y de sesgo privatizador. Así como para la contención de las resistencias de las comunidades universitarias; Distribución presupuestal, para imponer una supuesta racionalidad en la distribución de los recursos y que en la práctica determina desde el exterior en que rubros deben ejercerse el gasto y presupuesto universitario; Mejoramiento de la eficiencia y calidad de la educación de acuerdo con los parámetros y estándares establecidos por las políticas estatales; Responsabilidad pública de las universidades, rendición de cuentas o accountability como mecanismo para determinar la calidad, pertinencia y eficiencia de los productos educativos: programas docentes, proyectos de investigación, formación profesional, así como el uso y resultados de su ejercicio presupuestal y, Contracción del Estado, es decir el retraimiento del Estado en el financiamiento de la universidad pública para impulsar la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento de las instituciones autónomas y la apertura de mecanismos de mercado para resolver sus necesidades presupuestales.
Todo lo cual se ha traducido en la regulación de la matricula de las universidades públicas; la generalización de exámenes de selección para el ingreso de estudiantes a las instituciones de educación media y superior y que en la mayoría de los casos se realizan bajo control de instancias privadas (Ceneval, entre otros); aumento en las cuotas de estudiantes y en el pago de servicios educativos; certificación de estudios profesionales, igualmente por estas instancias para los egresados de las universidades; reformulación de planes y programas curriculares y contenidos de acuerdo con el perfil profesional establecido por dichos programas de certificación; acreditación de programas curriculares universitarios, proyectos de investigación y de instituciones; reorganización de estructuras y agrupamientos de trabajo académico; nuevas formas de gestión institucional; inducción de temas de investigación de acuerdo con las prioridades establecidas por las instancias externas de financiamiento para poder acceder a fondos y recursos; regulación en la apertura de programas de posgrado para eventualmente obtener acreditación y financiamiento. Y junto a todo ello, la instauración de los programas de estímulos universitarios, que en forma nociva han vinculado la evaluación del desempeño y la productividad académicas al otorgamiento de ingresos compensatorios. A lo cual se suman las políticas de financiamiento y estímulos diseñadas por el CONACYT y el Sistema Nacional de Investigadores que desde afuera inciden cada día más dentro de la vida universitaria.
En suma, plantearía que la autonomía de la universidad pública mexicana se despliega hoy en medio de nuevas condicionantes impuestas por las políticas educativas del Estado y que han hecho que los límites de su autonomía tiendan a restringirse en aspectos fundamentales de su vida académica, desempeño institucional y para la generación de iniciativas y proyectos diseñados con mayores espacios de libertad y autogestión de sus comunidades. Bajo estas nuevas estrategias de financiamiento y de intervención y regulación académicas se ha profundizado la dependencia política, institucional y de la autonomía de la universidad pública con respecto del aparato gubernamental.
Pero justamente y como respuesta a lo señalado, desde múltiples espacios universitarios y sus comunidades se ha generado una amplia gama de debates, propuestas, acciones y movilizaciones de resistencia y reivindicación del carácter público y gratuito de la educación universitaria, la preservación de los principios que fundamentan su autogobierno y autonomía, la cual, coinciden en afirmar, se sustenta en primer término en la obligatoriedad del financiamiento público, pero bajo otros criterios y sin la imposición de condicionantes para el desempeño de la misión, tareas y propósitos que dan sentido a la existencia de la universidad. De este modo las concepciones sobre la autonomía universitaria se han reformulado y enriquecido; no sólo recuperan los preceptos básicos que le dieron origen, sino que además han trascendido al planteamiento de la ineludible incorporación de otros elementos que hoy deben perfilar la autonomía y la vida universitaria: la ampliación de su democracia, acceso, pluralidad, diversidad, equidad, multiculturalidad, libertad de expresión y creación y cuyo referente fundamental lo constituya su compromiso social con la comunidad y su preservación como espacio incluyente de la conciencia crítica y colectiva de nuestra sociedad.
Los desafíos de la comunidad universitaria duranguense.
Quisiera finalmente referirme a la problemática que enfrenta la UJED y su autonomía. No es mi intención hacer un recuento de los hechos y acontecimientos que mejor que nadie conocen los universitarios duranguenses. Sino en todo caso expresar algunas consideraciones y opiniones al respecto. Creo que las acciones desplegadas por el actual gobierno y el congreso de Durango en contra de la UJED, constituyen los actos de agresión más graves y ominosos de cuantos se han registrado a lo largo de la historia de esta universidad. Aún cuando en otros tiempos ha debido padecer diversos actos de injerencia y enfrentar conflictos que han alterado su vida institucional y que no pocos casos fueron alentados desde el poder público, la magnitud y alcances del actual intervencionismo gubernamental que ha violentado la institucionalidad, las leyes y la autonomía universitaria no tienen precedente alguno. Lo cual pone en grave riesgo su existencia como universidad pública autónoma y amenaza en convertirla en un simple espacio más de poder y control político, que significaría su virtual extinción como centro educativo, generador conocimiento, pensamiento y cultura. En el asedio al que se ha sometido a la comunidad universitaria, su institución y su autonomía se ha utilizado todo el repertorio de las formas más burdas e inconcebibles en contra de una institución universitaria: desconocimiento de sus autoridades, alteración de en dos ocasiones de ley orgánica, modificación de la composición del consejo universitario e imposición de dos rectores: uno directamente por el congreso local y otro por el consejo universitario adulterado y bajo la “protección” de las fuerzas del “orden público”.
Las razones y motivaciones de esta agresión a la UJED las conocen sobradamente los universitarios de Durango. Pero tienen todos los visos de un acto de ajuste de cuentas y de represión del gobierno estatal, el congreso y las fuerzas políticas oficialistas, por no haberse plegado o sometido la institución en forma incondicional a las exigencias políticas relacionadas con la sucesión gubernamental. Acostumbrado el gobierno y su partido a lo largo de muchos años en mantener su hegemonía política dentro de la vida UJED y su preeminencia en las instancias del gobierno universitario a través de los distintos grupos, rectores y autoridades vinculadas al poder público y que sucesivamente condujeron a la universidad, no han podido tolerar que la institución se conduzca ahora por otros caminos que no sean los del corporativismo y la instrumentalización política de la universidad.
La asunción de un gobierno iletrado, conservador y autoritario explica en cierto modo el golpe perpetrado en contra de la UJED. Pero refleja igualmente el anquilosado y arcaico sistema político que ha pervivido durante décadas en Durango y las formas de relación política que han imperado hacia la universidad y la sociedad duranguense en su conjunto. Un régimen de cacicazgos hereditarios, un sistema de organizaciones tradicionalmente corporativas y antidemocráticas y el predominio sostenido e ininterrumpido de una sola organización política, que han anulado en gran medida la presencia y participación genuina de la sociedad civil en la definición de la vida política de la entidad e impedido el desarrollo y consolidación de la propia universidad duranguense, como ahora ha quedado demostrado. El atraso y las prácticas de la clase gobernante se han evidenciado a través de las formas en que han violentado todos los intersticios de la autonomía universitaria. Por eso pienso que intelectualmente el gobierno y los diputados de Durango se inspiraron en la película y los personajes de su partido que aparecen en la Ley de Herodes y, actuando como el emblemático presidente municipal de San Pedro de los Sahuaros, no tuvieron empacho alguno en transgredir la constitución de la republica, la ley orgánica y la autonomía de la UJED. Ese es su nivel.
La agresión e intolerancia mostradas por el gobierno hacia la UJED tienen que ser detenidas, ya que no sólo dañan a la universidad y a su comunidad, sino igualmente a la sociedad duranguense, porque a fin de cuentas la universidad es un bien y un patrimonio público de todos los duranguenses. A veces pareciera que existe más tolerancia gubernamental hacia los grupos delictivos que hacia la principal institución educativa de la entidad.
Por ello pienso que justamente que en el marco de esta coyuntura los universitarios duranguenses enfrentan el desafío de emprender por si mismos y sin interferencia del poder público, la reorganización y reforma de su institución para preservar su autonomía y resguardarla del intervencionismo y la intromisión gubernamental. Una reforma que sea resultado de una amplia discusión y participación de todos los sectores que integran su comunidad y cuyas propuestas y resolutivos fundamentales sean sometidos a una consulta o referéndum universitario que los valide y respalde para su posterior aprobación por los órganos universitarios legal y legítimamente constituidos, una vez que la comunidad haya recuperado su universidad.
Una reforma que en primer término incluya la formulación de una nueva ley orgánica de la UJED, discutida y determinada por los propios universitarios y cuya sanción legislativa se lleve a cabo en los términos que estrictamente la UJED haya resuelto y definido. Una nueva norma que consolide su autonomía y autogobierno y los mecanismos para garantizar su pleno ejercicio y que al mismo tiempo se proponga el fortalecimiento y democratización de los órganos de gobierno e instancias colegiadas existentes en la universidad. La cual elimine las formas corporativas de representación dentro de los organismos universitarios, mediante la instauración de procesos de elección directa de los representantes de estudiantes, académicos y trabajadores por sus respectivas comunidades de su centro de estudio o de trabajo. Es decir, sin la intervención y mediación de organizaciones que hasta hoy han mantenido una representación ficticia y ajena a las prácticas democráticas que deben imperar en toda comunidad universitaria y que finalmente han devenido en grupos de presión que han contribuido a desestabilizar y a vulnerar a la institución. Aquí me refiero específicamente a las representaciones otorgadas dentro de las instancias universitarias a las organizaciones que supuestamente representan a la comunidad estudiantil de la UJED.
Es ahora el tiempo de un salto cualitativo en la UJED, mediante la ampliación y diversificación de sus programas curriculares y la creación de nuevos espacios de formación profesional a nivel de licenciatura y posgrado. Tanto en las ciencias básicas y aplicadas, así como de manera especial en relación con las ciencias sociales, las humanidades y las diversas expresiones de la cultura y las artes. La formación de centros de análisis o institutos de investigación destinados al estudio de las principales problemáticas económicas y sociales de la entidad y la formulación de propuestas y alternativas que contribuyan al desarrollo integral de Durango. En tal sentido, me parece que resultarían relevantes los estudios sobre los procesos migratorios y sus diversos impactos en la vida de la comunidad duranguense; la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad que aún posee el territorio duranguense para hacer viable la existencia misma y el arraigo de los habitantes de la entidad; la creciente dependencia de la economía estatal de las transferencias y remesas de la población en migración y sus efectos sociales, educativos, culturales en la vida de las poblaciones y sus familias, así como el desarrollo de programas educativos e interculturales para las comunidades originarias que existen y resisten y que siguen constituyendo el segmento social más empobrecido y marginado de la población duranguense; sólo por mencionar algunas problemáticas que entre otras muchas más, evidentemente enfrenta el estado de Durango.
En suma arraigar y consolidar a la UJED como una comunidad articulada e integrada al pueblo de Durango. Seguramente ello constituirá el baluarte más sólido para preservar su autonomía, su estabilidad institucional y continuar contribuyendo a la educación, formación y la cultura de la población duranguense.
Estoy plenamente convencido que los universitarios de la UJED habrán de triunfar en la lucha que sostienen por liberar a su institución del secuestro gubernamental y recuperarán su autonomía y libertad, que es al mismo tiempo el de la libertad y la dignidad para el pueblo de Durango.
Durango, 2011.