Ricardo Ravelo
Diciembre 30 de 2022
“Antes de asumir el cargo y de ser tocada por la corrupción, la Contralora General del Estado de Veracruz, Mercedes Santoyo Domínguez, era una mujer que parecía normal”.
Antes de asumir el cargo y de ser tocada por la corrupción, la Contralora General del Estado de Veracruz, Mercedes Santoyo Domínguez, era una mujer que parecía normal.
Como miles de profesionistas que han errado el camino, ella estudió una carrera equivocada que la orilló a una suerte de asfixia financiera. Estaba quebrada.
La mujer cursó la carrera de ingeniería bioquímica administradora en proceso de alimentos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Querétaro, instrucción universitaria que le fue patrocinada por sus padres
Tiempo atrás había expresado su intención de cursar esa carrera porque, según decía, de esa forma logaría convertirse en una mujer exitosa y de altos vuelos: ansiaba la fama, el poder político y financiero, sus principales debilidades. Tras concluir sus estudios universitarios hizo una maestría en Japón sobre control de calidad y administración de producción.
De esa forma le llegó el tan ansiado éxito académico, pero faltaba algo más: un empleo con un sueldo decoroso, el cual se le negaba pese a que ya hablaba varios idiomas y alardeaba por su preparación académica. Ante esta suerte de infortunio, se la pasaba lanzando maldiciones por todas partes, según cuentan quienes la conocen.
Cuestionaba a la clase política, a quienes calificaba como “una bola de mediocres, rateros y corruptos” que no sabían escribir ni su nombre, pero aprovechaban sus cargos públicos para enriquecerse.
Lo que sus más cercanos amigos cuentan es que debido a la falta de oportunidades laborales rechazaba a los políticos, funcionarios estatales, policías, agentes de tránsito y se metía hasta con los barrenderos.
En resumen, estaba peleada con el mundo.
Sin embargo, fue incursionando en la lucha contra la corrupción para subsistir. El tema nada tenía que ver con su perfil profesional, pero le apasionó tanto que incluso comenzó a escribir ensayos y artículos al respecto. A esa galopante corrupción ella atribuía la falta de oportunidades que se le negaban en su vida profesional.
Ese discurso le abrió las puertas en el gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez. Pronto escaló varios peldaños: la nombraron titular de la Dirección General de Fiscalización Interna de la Contraloría General del Estado. Ahí se mantuvo agazapada como funcionaria, pues el cargo chocaba con su perfil profesional.
En estricto sentido, pasaba el tiempo redactando tarjetas privadas del trabajo que realizaba Leslie Mónica Garibo Puga, la entonces contralora estatal, quien había sido recomendaba por Rocío Nahle, Secretaria de Energía. Por esa razón, se sentía intocable, pues desde entonces Nahle ya era mencionada como posible candidata a la gubernatura de Veracruz para el 2024.
Pero en su avaricia incontrolable, Garibo Puga cometió un error que tuvo consecuencias: contrató como asesor a Alejandro Caballero Azamar, originario de Alvarado, Veracruz, identificado con el exgobernador Fidel Herrera Beltrán. Pese a su cercanía con Herrera, nunca pudo tener un cargo en el gabinete estatal. Luego se retiró de la función pública por un tiempo hasta que, más tarde, comenzó a operar como asesor de campañas electorales y amasó una fortuna descomunal. También fue asesor de Javier Duarte. Debido a ese pasado negro pronto causó desconfianza en el entorno del gobernador Cuitláhuac García.
Alejandro Caballero es el mismo personaje que compitió como candidato a la alcaldía de Alvarado, Veracruz, por el partido Movimiento Ciudadano. En su campaña se descubrió que manipuló las encuestas a su favor y hasta mandó a editar un video en el que denunció que la actual alcaldesa de esa demarcación –Lizzete Álvarez –fue esposa de un capo del narcotráfico ligado al jefe de plaza del cártel de Jalisco en ese municipio.
La presencia de Caballero como asesor externo de Garibo Puga –quien lo apoyó en su campaña política en Alvarado –comenzó a hacer mucho ruido. Las intrigas se desataron. Y fue precisamente Mercedes Santoyo quién filtró información sobre el oscuro pasado de Alejandro Caballero y un millonario negocio de la entonces contralora Garibo con una larga lista de aviadores a quienes les “mochaban” el salario en un 80-20, es decir, 80 por ciento para Leslie Mónica Garibo y el resto para la persona beneficiada.
La filtración de esta información, que nunca fue desmentida, provocó la renuncia de Mónica Garibo, quien ahora está protegida en la Secretaría de Energía por Rocío Nahle. En su lugar arribó Mercedes Santoyo Domínguez, quien de la frustración saltó a los reflectores mediante una traición.
Beneficiada por el Gobierno de la Cuarta Transformación con un salario superior a los 84 mil pesos, en la Contraloría estatal nada cambió. Mercedes Santoyo se olvidó del combate a la corrupción y comenzó a prohijarse un nuevo episodio de transas utilizando el mismo mecanismo que su antecesora: contratando a empleados a quienes les mochan el 80 por ciento del salario. Es decir, si les otorgan 50 mil pesos sólo les dan tres mil y el resto tiene un único destino: la cuenta bancaria de la actual contralora.
Las fuentes consultadas sostienen que, para llevar a cabo esta operación fraudulenta, Mercedes Santoyo tiene una cómplice: Margarita Orozco, conocida en las redes sociales como Maggie Orozco. Ella tiene una estrecha cercanía con Antonio Hernández Portilla, quien fue asignado al área administrativa por recomendación de Antonio Portilla Vázquez, excontralor General del Estado.
De acuerdo con las consultas informativas realizadas, la tal Maggie Orozco es la encargada de reclutar a las personas –hombres y mujeres –que están dispuestos a firmar por una cantidad de dinero –30 o 45 mil pesos – y recibir sólo entre dos y tres mil pesos mensuales. El resto del dinero, nos comentan, se le entrega a la operadora de confianza de Mercedes Santoyo.
En este andamiaje de corrupción también aparece implicada Emma Patricia García Rodríguez, actual titular del órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud, así como el titular de la Unidad Administrativa de la Contraloría General del Estado, Alfonso Sánchez García.
La información en la Contraloría estatal ha empezado a difundirse en las redes sociales. Hasta ahora nadie se ha extrañado, pues es una práctica recurrente la contratación de profesionistas desempleados a quienes sólo utilizan para desviar dinero público. La trama es aún más oscura porque la Contraloría, dependencia encargada de combatir la corrupción, es, a su vez, la propia tapadera de estos desfalcos.
El modus operandis de esta corrupción institucional incluye lo siguiente, según una de las fuentes consultadas: “Gente interna de la SHCP dan de alta en el SAT a los empleados, presentan declaraciones y hasta movimientos fiscales sin que la o el titular lo haga”.
No es todo: “Los cheques de nómina los cobra Maggie Orozco y les da el dinero de la parte que les toca y entrega los sobres afuera de la sucursal bancaria”. Esta misma mujer, aseguran, es quien recluta a la gente, elabora los contratos laborales y gestiona la “efirma” ante el SAT.
La ambición de obtener más dinero vía los moches hizo que estas funcionarias de la Contraloría veracruzana hicieran contratos y dieran de alta ante la SHCP a personas que nunca autorizaron que utilizaran sus nombres. Muchos de ellos ni siquiera estaban enterados de la situación. Nunca pudieron
haber firmado los contratos o documentos porque varios de ellos radican en Estados Unidos. Tal situación se descubrió el 25 de octubre de 2021 cuando la misma Unidad Administrativa realizó el trámite para la información reservada, eliminando el renglón correspondiente a datos personales como nacionalidad, RFC y domicilio particular de las personas. Un caso revelador fue el de Rafael Antonio Rodríguez Morales, quien fue dado de alta como prestador de servicios.
El contrato 5ME/CG/UA/DRH/093.1/2021 revela que Rafael Antonio Rodríguez Morales ostentó sólo un título de Maestría en Administración de la Seguridad Pública emitido por el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Pública; además, presentó Constancia de Situación Fiscal Empresariales y Profesionales expedida por el SAT. Se borró su nacionalidad, RFC y domicilio fiscal.
Sus servicios profesionales fueron como “Supervisor de Fiscalización”, sin perfil para el cargo y su encomienda era brindar “servicios de vigilancia, inspección y control, tanto en etapa documental como física de obras públicas y servicios relacionados con ellas, aplicando la normatividad sobre el ejercicio presupuestal de los fondos estatales”, entre otras encomiendas.
Su salario era de 42 mil pesos y el contrato tenía vigencia del 07 de julio al 30 de agosto del 2021. Rafael Antonio Rodríguez Morales no firmó al calce, sólo al final del contrato mostrando dificultad para hacerlo, ya que le falsificaron la firma. El señor se encuentra en Estados Unidos.
La trama se hubiese ocultado porque era el robo perfecto, pero un modesto trabajador de nombre Ismael Díaz Guevara, asignado al departamento de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa, molesto por su sueldo de 10 mil 774 pesos que recibe desde hace varios años, fue quien difundió valientemente estos contratos que seguramente tendrán repercusión. De caer Mercedes Santoyo Domínguez, su relevo podría ser la directora general de Fiscalización Interna de nombre Dulce María Pozos Zamora o Jorge David Flores Vargas, contralor interno de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, quien actualmente gana 31 mil 113 pesos con 34 centavos, pero podría elevarse a 84 mil 484 pesos, el sueldo que actualmente gana Mercedes Santoyo Domínguez.
De acuerdo con la información consultada, en estos actos de corrupción en la Contraloría estatal de Veracruz –así como en los negocios de Mercedes Santoyo Domínguez –también estarían implicadas Karen Dayanira Portilla Vargas, contralora interna de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz; Arely Leal Portilla, asignada a la unidad de Ética y Capacitación; Víctor Alanís Guevara, del área de la dirección general de Fiscalización Interna; Manuel Montano Landa, asignado a la unidad administrativa; Marcial Antonio Montano Tapia, contralor interno de SECTUR; Ignacio Alejandro Montero Álvarez, director jurídico de la Contraloría General del Estado; Antonio Hernández Portilla, asignado a la Unidad Administrativa; Ana Karen Leal Portilla, del área de la Unidad Administrativa y Araceli Leal Portilla, todos familiares del excontralor general del Estado, Antonio Portilla Vázquez y del exsecretario de seguridad Pública, Alejandro Montano Guzmán.
Aunque este asunto de corrupción en la contraloría estatal lleva varios años, la impunidad que priva ha impedido destituir y procesar a estos funcionarios.
El asunto puede escalar muy alto si no se frena la corrupción. Es posible que los días de Mercedes Santoyo al frente de la Contraloría estén contados.
APUNTES DEL SUBSUELO
LIBERA FGR A PRESUNTO CAPO. El pasado martes 27 de diciembre, en Querétaro, la policía municipal detuvo al presunto narcotraficante Álvaro Sánchez Sánchez y a su esposa, Orfelina Rebollar Castelán cuando circulaban a bordo de una camioneta en la que llevaban cuatro armas de fuego, 98 cartuchos útiles y un ejemplar felino: un tigre cachorro.
La detención ocurrió en la carretera estatal 200-210, luego de que incurrieran en un hecho de tránsito, motivo por el cual la policía les marcó el alto, señala el parte policiaco.
Añade el reporte: “Al entrevistarse con los detenidos, actuaron de manera agresiva con los oficiales e intentaron huir del lugar. Sin embargo, en una oportuna maniobra elementos de la policía de El Marqués lograron colocar una patrulla que obstruyera su camino para así darles detención inmediata.
“Al realizar la inspección correspondiente se encontraron el felino y las armas referidas, mismas que se aseguraron y se presentaron ante la FGR, quien investiga su procedencia.
“De igual manera el cachorro se encuentra bajo cuidados y puesto por la FGR a disposición de especialistas para incorporarlo a su habitad natural”.
Sin embargo, tanto Álvaro Sánchez – quien dijo llamarse Manuel Méndez –como su esposa fueron liberados por la FGR horas después a pesar de la misma Fiscalía y la DEA tienen integradas varias investigaciones en su contra por presunto tráfico de drogas y lavado de dinero.
La propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México elaboró recientemente un reporte de inteligencia en el que señala que Álvaro Sánchez es la cabeza de una organización criminal, con base en Querétaro y el Estado de México, dedicada al tráfico de drogas. En Estados Unidos se le busca por el delito de conspiración.
A este personaje lo identificó plenamente Jhovani Aguirre Benítez, empresario ganadero, quien está purgando una sentencia de ocho años por dos delitos fabricados por órdenes de Sánchez Sánchez –posesión de un kilo de cocaína y de un arma prohibida –; también pesan en su contra otros cargos por robo y secuestro que, según Aguirre, fueron fabricados por Sánchez con la complicidad de las autoridades.
–¿Sí fue detenido Álvaro Sánchez? –se le preguntó a Jhovani Aguirre.
–Claro que sí, fue detenido pero las corruptas autoridades lo dejaron en libertad.
–¿Estás seguro que era él? –se le inquirió.
–No tengo ninguna duda, yo lo conozco muy bien.