Gustavo Leal F*
13 de Abril del 2020
El 13 de abril 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador atestiguó el Convenio marco para la prestación subrogada de servicios médicos y hospitalarios entre Ssa-Sedena-Semar-Insabi-IMSS-Issste-Pemex y el sector privado de la salud que establece una alianza –coyuntural y exclusiva con vistas a enfrentar Todos Juntos contra el Covid-19– para que el sector público haga uso de 50 por ciento de la capacidad instalada de los privados en un marco no lucrativo, con costos mínimos, durante el periodo de la contingencia (23 abril-23 mayo). Esos costos serán asumidos por el gobierno federal liquidando a los privados con una tarifa idéntica al monto que respresenta el pago recíproco que se realiza –vía intercambio de servicios– entre el IMSS-Issste-Ssa.
Los privados, en 146 hospitales distribuidos en 27 entidades federativas, cubrirán –sin cobro– los servicios médico/hospitalarios de segundo nivel a pacientes del sector público con procedimientos para atención del parto, embarazo, puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenales complicadas, endoscopías y algunas urgencias abdominales.
Meses antes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell había establecido que, después de 15 años de operación del Seguro Popular, en el ámbito privado proliferaron los servicios integrales, como el de hemodiálisis, donde el gobierno paga a pequeños grupos empresariales que usando maniobras se enriquecieron con servicios que no resolvieron la capacidad del sistema, ni llegaron a las poblaciones más desfavorecidas ( conferencia Matutina, 18/2/20). Posteriormente, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, documentó que México enfrenta un déficit de 200 mil médicos de los cuales 123 mil son generales y 77 mil son especialistas. En muchos lugares, precisó, los generales han sido desplazados por los especialistas. La formación médica está dividida en 76 áreas de especialización ( conferencia Matutina, 7/4/20).
Por su parte, los privados habían anticipado que el gobierno se ahorraría casi mil millones de pesos por dejar en manos de particulares con seguro de gastos médicos mayores la atención de 2 mil 460 pacientes que requirieran hospitalización general y mil 54 que necesitarían ser atendidos en terapia intensiva ( Excélsior, 2/4/20). Según esa fuente, la Asociación Mexicana de Hospitales Privados dispone de 2 mil 863 hospitales con 34 mil camas. De ellos, 6 por ciento tiene entre 25 y 49 camas y sólo 3 por ciento cuenta con más de 50. Y son, justamente, esos hospitales con más de 50 camas los que pueden –con la infrastructura y personal necesario– atender mejor a los pacientes de Covid-19. Este universo suma 97 hospitales, 8 mil 311 camas de hospitalización general y 657 para terapia intensiva. Pero sólo 50 por ciento de esta oferta está disponible. La otra mitad atiende a pacientes con otros padecimientos.
Mientras, en foro del Consejo Coordinador Empresarial, Guillermo Torre, rector del Tec-Salud, comunicó que la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) está a cargo del análisis económico para evitar que se malinterprete la intención de los privados. Y preguntó: ¿qué es lo que nos falta para establecer la Alianza? Definir el mecanismo para prestar los servicios y la contrapropuesta económica para poder operar. Porque, detalló, datos del IMSS establecen que un paciente en terapia intensiva en un hospital de tercer nivel cuesta alrededor de 49 mil pesos diarios. En uno privado sería hasta 50 porciento más ( Reforma, 11/4/20). Y, Mario González, responsable de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, reconoció: hemos hecho algunos análisis. Nosotros queremos trabajar a costo, sin ganar absolutamente nada. Sólo se quiere salir con los gastos.
Como responsable del Consejo de Salubridad General, el doctor Santos Preciado destacó el gran esfuerzo de la medicina privada y lo que está haciendo para apoyar al Estado. Todos ellos están certificados y cuentan con un Comité de Ética ( Excélsior, 8/4/20).
Hay que agregar que, a decir de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el estimado de la población cubierta con seguro de gastos médicos mayores apenas sumaría 10.6 millones de asegurados. Y, en el caso de un sólo paciente, tuvo un costo para el sector asegurador de 9.8 millones de pesos. Al 15 de abril 2020 se registraban 229 casos que sumaban 79.5 millones de pesos y los clientes habían reclamado un monto total de 10 millones de pesos. Según AMIS, el costo promedio por caso alcanza 347 mil pesos para aquellos beneficiarios que disponen de un seguro de gastos médicos mayores ( El Universal, 16/4/20).
¿Anunciará la firma de este “convenio“ innovaciones posneoliberales en la política de salud de la Cuarta Transformación para establecer líneas permanentes capaces de complementar estratégicamente la oferta pública con la del sector privado de la salud?
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco