Jorge Herrera Caldera, gobierno omiso y criminal
Herrera Caldera, de empresario bicicletero a cómplice de delincuentes
* Héctor Vela Valenzuela, secretario General de Gobierno, ineficaz o corrupto.
Fernando Miranda Servín
Noviembre 08 del 2011
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Durango, Durango.- Hacia finales de la década de los años setentas comencé a trabajar en el periodismo, y fue en el estado de Hidalgo donde inicié mi labor. Con escasos 18 años, cubría la fuente de política para un pequeño periódico local. Supe que el gobernador, Jorge Rojo Lugo, a través de su Secretario General de Gobierno, tenía a sus órdenes a un equipo de inteligencia especial comandado por un capitán retirado.
Este grupo, integrado por militares y agentes de la procuraduría estatal rigurosamente seleccionados, se dedicaba exclusivamente a realizar investigaciones políticas. Ellos sabían perfectamente y estaban al tanto de todos los movimientos, acciones proselitistas y actividades ilegales que practicaban los principales actores de la vida pública hidalguense, desde líderes campesinos y representantes de partidos de oposición hasta importantes empresarios, dirigentes del P.R.I., estatal y altos funcionarios de gobierno.
Todos los días, el gobernador Jorge Rojo Lugo recibía en su despacho un informe pormenorizado de las acciones más relevantes de la clase política local que podía contener detalles de fraudes cometidos por algunos de sus subalternos o nombres de las amantes de algunos candidatos a sucederlo. Este trabajo rendía otro tipo de resultados que a veces beneficiaban a la población ya que, debido a las redes de informantes implementadas a lo largo y ancho del estado, estos funcionarios podían ubicar focos rojos de delincuencia organizada y controlarlos o someterlos, como bandas de abigeos, secuestradores, narcotraficantes y robacoches.
Esta práctica del espionaje político-policíaco la han llevado a cabo todos los gobernantes del mundo desde tiempos inmemoriales, por lo que son ellos, los hombres y mujeres que ostentan el poder, los mejor informados de lo que sucede en los territorios que dominan. Ese es uno de los papeles primordiales de un Secretario de Gobernación, a nivel federal, y de un Secretario General de Gobierno, a nivel estatal: allegar a su presidente de la República y a sus gobernadores información privilegiada que les permita mantener el orden y la seguridad de sus gobernados.
Las grabaciones oprobiosas del ex gobernador poblano, Mario Marín, conversando amigablemente con el pederasta Kamel Nacif y festejando la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho; las del también ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, planeando delitos electorales, y las del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, denunciando y ofendiendo alvaradeñamente a Carlos Salinas y funcionarios de la COFETEL, entre muchas otras, no son hechos meramente fortuitos ya que obedecen a una política gubernamental actualmente desvirtuada, porque esta logística, así como funcionaba para obtener beneficios personales y de grupo, también servía para proteger la seguridad del Estado mexicano ante los embates de sectores bien identificados que terminaron apoderándose de las instituciones públicas que lo conforman.
Por eso, por la caída de las dependencias federales y de algunos gobiernos estatales en manos de clanes sectaristas que suelen dirigir o formar parte de gremios delincuenciales, es que el Estado mexicano está totalmente colapsado.
No hay crimen organizado en donde los gobernantes no quieren que lo haya. Y la muestra más cercana nos la dio el gobierno cubano en 1989 con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, del coronel Antonio de la Guardia, del mayor Amado Padrón y del capitán Jorge Valdés, por estar involucrados en el trasiego de cocaína por aguas territoriales cubanas.
Pero en México, desde hace muchos años, los gobernantes y sus ciudadanos perdimos la vergüenza y así, desvergonzados, hemos constatado la penosa realidad de saber que no pocos gobernadores, secretarios de Estado, presidentes de la República, diputados, senadores, magistrados y jueces han estado y están coludidos con peligrosas asociaciones delictivas y son señalados como cómplices y autores de millonarios fraudes y crímenes de lesa humanidad.
Hoy, Durango vuelve a los aparadores del horror al ser denunciados dos ex altos funcionarios del gobierno estatal de Jorge Herrera Caldera: el ex Secretario General de Gobierno, Lic. Hugo Rosales Badillo y el ex Fiscal General, Lic. Ramiro Ortiz Aguirre. Ambos son señalados, por ciudadanos duranguenses afectados, como dirigentes de una banda de secuestradores y extorsionadores profesionales.
Una de las víctimas, empresario de la construcción, declara que fue interceptado por cuatro sujetos cuando se dirigía al aeropuerto de Durango y que estos recibían instrucciones de los licenciados Hugo Rosales Badillo y Ramiro Ortiz Aguirre, quienes se encontraban a bordo de una camioneta Suburban observando el operativo. Luego de secuestrarlo y no poder encontrar un banco para que retirara 3 millones de pesos que le exigían, fue obligado a firmarles un cheque por 800 mil pesos, que tampoco pudieron cobrar porque no encontraron sucursales bancarias abiertas por lo que el ex Fiscal General de Durango, Ramiro Ortiz, llamó a la Fiscalía para que le enviaran policías ministeriales y acusaran a la víctima de tentativa de homicidio en agravio de uno de sus secuestradores, que momentos antes había disparado el arma de fuego de otro miembro de la banda para obligar al empresario a tomar el arma. El objetivo era perjudicar a como diera lugar a este ciudadano, ya fuera despojándolo de su dinero o fabricándole un delito.
Estos personajes nefastos, Hugo Rosales Badillo y Ramiro Ortiz Aguirre, harto conocidos en Durango por su ineficacia y actos de corrupción extremos cometidos cuando ocuparon sus cargos, han construido toda una red mafiosa compuesta por familiares e incondicionales que ostentan altos cargos en el Tribunal Superior de Justicia local y en la Fiscalía General del estado.
También, otro funcionario que ocupa un puesto importante en la Secretaría de Economía, Phillip Brubek Gamboa, está siendo relacionado como el principal informante de esta agrupación ya que, al parecer, es quien proporcionaba los datos confidenciales de diversos empresarios duranguenses que por su poder económico eran susceptibles de ser secuestrados o extorsionados, luego de fabricarles supuestos delitos.
Es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la P.G.R. (S.I.E.D.O.) la que está llevando a cabo las pesquisas de estos hechos de los que los ciudadanos duranguenses nos enteramos por una nota aparecida en un periódico nacional y distribuida por internet ya que si en algo se han especializado el anterior gobierno estatal de Ismael Hernández Derasy el presente de Jorge Herrera Caldera es en cooptar a la mayoría de los propietarios de medios de difusión locales, a quienes ofrecen fuertes dádivas a cambio de su silencio.
Es muy lamentable que Durango siga siendo uno de los estados más inseguros del país y que esa inseguridad provenga de las mismas instituciones que deberían de proporcionar tranquilidad a la ciudadanía. Es el Ing. Héctor Vela Valenzuela, actual Secretario General de Gobierno del estado, y quien supliera desde principios de este año 2011 al hoy investigado, Lic. Hugo Rosales Badillo, el que le debe una explicación al pueblo de Durango sobre estos acontecimientos deleznables y también sobre todo lo que sucede cotidianamente en la entidad ya que desde que tomó posesión de su cargo han aumentado alarmantemente los homicidios, los secuestros, las extorsiones, los feminicidios y robos de vehículos, así como los asesinatos en los Centros de Rehabilitación Social del estado.
Quizá el Ing. Héctor Vela Valenzuela no le entrega al gobernador Jorge Herrera Caldera en su despacho, diariamente, ese informe que lo ponga al tanto de todas las tropelías que llevan a cabo desde “representantes” de campesinos hasta “líderes” de partidos de “oposición”, sin faltar, por supuesto, los errores y atrocidades que cometen sus subordinados y ex altos funcionarios de gobierno, para que este tome cartas en los asuntos y ordene proteger oportunamente los intereses de la sociedad duranguense.
Si el señor Vela Valenzuela está cumpliendo con su trabajo, entonces es nuestro gobernador, Jorge Herrera Caldera, quien no lee esos informes porque no le interesa en absoluto el bienestar de la ciudadanía y los daños graves que pudiéramos sufrir si tenemos la desgracia de caer en las garras de estos hampones que utilizan sus influencias para delinquir y permanecer impunes.
Alguien está cobrando un sueldo y bonificaciones abusivas que no devenga, como los cobraron durante seis años el anterior gobernador Ismael Hernández Deras, y su Secretario General de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar, recién nombrado magistrado en el Poder Judicial del Estado, quienes permitieron, fomentaron y ejercieron el saqueo brutal de las arcas estatales, y a los que les enterraron más de trescientos cadáveres en fosas clandestinas “sin que se dieran cuenta”, cuando ya muchos ciudadanos habían reportado a diversas autoridades locales y federales las anomalías que observaban en las inmediaciones en donde fueron localizadas dichas fosas, en plena ciudad de Durango.
Así las cosas, por acción, omisión o ineptitud, el gobernador Jorge Herrera Caldera y su Secretario General de Gobierno, Ing. Héctor Vela Valenzuela, también deben ser citados a declarar en la S.I.E.D.O., porque sabían o debieron de haber sabido las actividades ilícitas en las que están inmiscuidos los licenciados Hugo Rosales Badillo, Ramiro Ortiz Aguirre y otros funcionarios de alto nivel que se encuentran actualmente en funciones.
Ya basta de que gobernantes irresponsables jueguen con la vida y el patrimonio de los ciudadanos y aparenten trabajar bien, desinformando al pueblo con cifras maquilladas en promocionales de radio y televisión, e insultantes ordenes de inserción en periódicos impresos que nos cuestan muy caro a los contribuyentes.
Durango es, por desgracia, el paraíso de gobernantes corruptos, saqueadores del erario y violadores de autonomías universitarias, el edén de delincuentes comunes y organizados, la gloria para destructores de su patrimonio cultural y la tierra prometida para depredadores de sus riquezas forestales, mineras, arqueológicas y paleontológicas, que agreden no solo a los duranguenses y a los mexicanos, sino a la humanidad entera.
Cd. Victoria de Durango, Dgo.
4 de noviembre de 2011.