Ricardo Ravelo
Marzo 10 de 2023
“Las presiones sobre México no son nuevas. Comenzaron a surgir con mayor énfasis durante el gobierno de Donald Trump, cuando se planteó en Estados Unidos que los cárteles del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, entre otros, fueron declarados como grupos terroristas”.
La violencia en México es tan cruda y sañosa que existen elementos para considerar que los cárteles de la droga emplean instrumentos del terrorismo: derriban aeronaves oficiales, descuartizan a sus víctimas para detonar el terror; queman a personas que los traicionan y torturan a quien consideran un rival para luego enterrarlo vivo.
Los cárteles no sólo se han hecho de armamento de mayor poder: también han aumentado los niveles de violencia. El miedo es el principal instrumento de esa suerte de narco-terror que ejercen en municipios y comunidades rurales donde miles de personas han sido desplazadas de sus lugares origen para huir de la muerte. En muchos casos logran ponerse a salvo, pero la gran mayoría ya no tiene espacio en un país donde todo huele a pólvora y muerte.
Es por ello que algunos sectores políticos de Estados Unidos, particularmente del partido Republicano, exigen al presidente Joe Biden que los cárteles del narcotráfico en México sean declarados como grupos terroristas; es más, piden que las Fuerzas Armadas Norteamericanas ingresen a territorio nacional a combatir al narcotráfico porque, aseguran, el gobierno de México los protege.
Y es que esos sectores políticos conservadores piden al gobierno de México que frene la exportación ilegal de fentanilo a Estados Unidos, la droga más consumida actualmente, que causa unas cien mil muertes al año por sobredosis.
Actualmente las drogas –cocaína, heroína y las químicas –contienen fentanilo. Esto las vuelve más adictivas y el “enganche” con la sustancia, según dicen expertos, es en automático. La adicción no es de fácil tratamiento y en millones de casos es irreversible.
Las presiones sobre México no son nuevas. Comenzaron a surgir con mayor énfasis durante el gobierno de Donald Trump, cuando se planteó en Estados Unidos que los cárteles del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, entre otros, fueron declarados como grupos terroristas.
Las presiones continuaron desde el arranque de la administración de Biden, pues durante una gira que en 2022 hizo a México y Guatemala la vicepresidenta Kamala Harris se le exigió al gobierno mexicano militarizar los puertos, aduanas y aeropuertos. El objetivo: cerrarle los caminos al fentanilo, la droga más letal que se consume en ese país.
Esto provocó que el presidente López Obrador “cambiara de opinión” con respecto a la militarización del país. Desde su etapa de activista e incluso como candidato y presidente el mandatario se mantuvo firme en su postura de regresar al Ejército a los cuarteles, pero fue doblado por el gobierno de Estados Unidos para militarizar la seguridad del país. Y pese a ello, los resultados siguen ausentes.
Sin embargo, la medida de militarizar los puertos y aeropuertos no parece estar dando resultados claros para Estados Unidos ni para México. Y lejos de atender su grave problema adictivo, para los Republicanos es más fácil exigirle a México que les resuelva el problema. Si el fentanilo llega a Estados Unidos y a sus consumidores es porque de aquel lado de la frontera existe un gran negocio con esa droga que implica a decenas de redes criminales, pero también a elementos de las agencias de inteligencia: la DEA, la CIA y el FBI. Sin protección oficial el narco no prospera en ningún punto del planeta.
La situación se agrava aún más –y tiende a polarizarse –tras lo ocurrido en Tamaulipas con el secuestro de cuatro ciudadanos estadunidenses, de los cuales perdieron la vida presuntamente a manos del grupo Escorpiones, brazo armado del cártel del Golfo.
De acuerdo con las investigaciones, tres de los cuatro norteamericanos que cruzaron a Matamoros supuestamente para practicarse una operación tenían antecedentes penales por tráfico, fabricación y distribución de drogas. Su visita a Tamaulipas, de acuerdo con las pesquisas, habría tenido que ver con algún negocio de drogas.
Fueron interceptados por el grupo armado al servicio del cártel del Golfo, llevados a una casa de seguridad donde fueron golpeados. Antes se había presentado una balacera donde dos de los ciudadanos estadunidenses resultaron heridos y después perdieron la vida.
Originalmente se dijo que los plagiados eran agentes del FBI, pero el dato fue desmentido por el gobierno de Tamaulipas; las investigaciones descartaron otra hipótesis: que su secuestro fue producto de una confusión y ahora queda más claro que los norteamericanos cruzaron a México presuntamente para contactar drogas e introducirlas a Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la soberanía de México: “No somos colonia de nadie”, dijo en relación con la exigencia de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ingresen a México a combatir al crimen organizado.
Sin embargo, las presiones continúan sobre México debido a la falta de resultados en materia de seguridad. Los homicidios dolosos siguen. Se calcula que todos los días mueren unas 85 personas como consecuencia del conflicto causado por la disputa de mercados de drogas y control territorial.
En México operan quince cárteles de la droga y todos cuentan con amplios ramajes, ligas policiacas y se dedican al cobro de piso, lavado de dinero, venta de protección, regenteo de mujeres y negocios ligados a los llamados giros negros. También operan con secuestro, tráfico de contrabando y venta de armas.
Estas redes también se ocupan del tráfico de combustibles robados, el llamado “Huachicol”, la extracción de gasolinas de los ductos de Pemex. Todas estas redes están activas y ni la presencia de las Fuerzas Armadas ha hecho posible que los delitos disminuyan.
Las presiones de los republicanos contra Biden para que declare a los cárteles como grupos de terrorismo sigue fuerte y ya existe, incluso, una iniciativa de ley para que ese proyecto se discuta en el Congreso norteamericano.
Tiene todo el tinte de significar otro pretexto de los norteamericanos para intervenir en México, como lo hicieron en su momento en Colombia con el llamado “Plan Colombia”, una medida que tuvo como objetivo el narcotráfico y no la guerrilla, como habían dicho inicialmente. Lo mismo hicieron en Bolivia cuando la DEA ingresó para establecer una red de espionaje político. El entonces presidente Evo Morales los expulsó del territorio.
Ahora las baterías se enfocan hacia México; hay, incluso, señalamientos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador de brindar protección al narcotráfico. No existen, hasta ahora, evidencias de que esa protección exista abiertamente. Lo que sí existe es una muy mala estrategia contra el crimen organizado que hasta ahora no arroja resultados concretos. En resumen: ni combate ni pacificación.
APUNTES DEL SUBSUELO
A DOS MESES DE LA CAPTURA DE OVIDIO GUZMÁN llama la atención que el hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, haya ganado tantas suspensiones para evitar su extradición a Estados Unidos, donde tiene un expediente abierto por conspiración para la introducción de drogas.
Recientemente ganó una suspensión contra la orden de aprehensión negando su identidad: dijo no ser el hijo de “El Chapo” Guzmán ni la persona que busca la Fiscalía General de la República. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador todos estos fallos a favor del presunto delincuente no representan ningún sospechosismo de corrupción por parte del Poder Judicial y nada ha externado al respecto.
En cambio, lo que sí le pareció sospechoso fue la suspensión definitiva que le otorgaron al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, quien ya libró sus problemas legales en México y ahora amenaza con encaramarse en la candidatura presidencial del PAN para el 2024. De andar a salto de mata ahora amenaza con demandar a quienes en su momento y con base en las investigaciones de la FGR relacionaron con el narcotráfico, corrupción y lavado de dinero. En este caso la fuente que siempre lo acusó fue la FGR.
Sin embargo, en Estados Unidos sigue abierto el expediente por presuntos delitos ligados a la delincuencia organizada. A ver en qué termina este caso.