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Ley Telecom, opaca y con argucias

Leyes secundarias de telecomunicaciones

Horizonte ciudadano

Rosa Esther Beltrán Enríquez

 

A poco más de un año de que la Presidencia de la República  publicó la  reforma en materia de telecomunicaciones que comprendió la modificación de 8 artículos de la Constitución  federal, ahora las comisiones de Comunicaciones y de Estudios Legislativos del Senado aprobarán la reforma secundaria en esta materia el 4 de julio.

Conviene recordar que, a finales de abril de este año el panista Javier Lozano intentó que en las comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa del Ejecutivo Federal, se aprobara un proyecto contrario a los principios de  la reforma constitucional en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. La tentativa de Lozano  afortunadamente fracasó gracias a la resistencia de varios legisladores que dieron cuenta de la burla que promovía Lozano, pero ahora se teme que se permita a Televisa, no sólo mantener su poder monopólico sino incrementarlo ya que presuntamente, estarían autorizando a la poderosa televisora la concentración hasta en un 100 por ciento en la televisión de paga.

El debate sobre la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión no está exento de riesgos, de hecho, ayer el senador Javier Corral denunció que en el último proyecto de dictamen se contemplan disposiciones que permitirán a Televisa incrementar su poder monopólico; ése es el gran obsequio de Enrique Peña Nieto para Televisa, lo cual, sostiene Corral, constituye un retroceso, frente al avance que implicaron las reformas constitucionales.

Conviene subrayar que efectivamente la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, significó un avance relevante en las libertades democráticas y de derechos humanos en materia de comunicaciones, radiodifusión e información, derechos por los que la sociedad mexicana ha luchado durante varias décadas, pero parece que son más importantes las deudas y los compromisos “irrenunciables” que Peña Nieto mantiene con Televisa, por ello ésta movió sus piezas y cabildeó fuerte en el Senado, comprando a los legisladores que se dejaron, porque está en juego el predominio en el sector con mayor crecimiento económico anual.

En abril pasado, un grupo de ciudadanos de Saltillo publicamos un pronunciamiento sobre la ley mencionada, manifestando que: La iniciativa de ley secundaria enviada por Peña Nieto al Senado es regresiva y anticonstitucional porque: Beneficia al duopolio televisivo, al vincular la preponderancia en radiodifusión con la audiencia, pero no con la capacidad de transmisión o con el número de concesiones. No establece límites precisos a la concentración en radiodifusión. Limita las atribuciones fundamentales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) invadiendo facultades del órgano regulador como ente autónomo y, en contrapartida, le atribuye a la Secretaría de Gobernación la revisión de contenidos en radio y televisión. Debilita a los medios públicos, indígenas y comunitarios, y deja a los dos últimos en la incertidumbre jurídica para acceder a las frecuencias.

Además, permite que las autoridades puedan ordenar la cancelación de los servicios de telecomunicaciones, alegando amenazas contra la seguridad nacional y la seguridad pública. Vulnera la privacidad de los usuarios pues amplía las facultades de intervención en las comunicaciones, de geolocalización en tiempo real y sin controles.

Ante la inminente aprobación de la ley en telecomunicaciones y radiodifusión lo menos que podemos exigir los ciudadanos es una ley en la que se respete puntualmente la reforma constitucional en la materia y que de forma irrestricta se fortalezcan las libertades de expresión y de información y que se respete la autonomía del IFETEL.

Igualmente demandamos se preserve el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como las condiciones para una efectiva competencia en esos servicios y que además se recojan los mejores estándares internacionales en materia regulatoria que logren superar las inercias del pasado y renueven la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

 

 

 

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