Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Junio 25 de 2020
El riesgo de acabar con el agua para el consumo humano, la agricultura y la sobrevivencia en general no es una amenaza latente, ya está aquí, las aguas superficiales, subterráneas e incluso acuíferos ubicados en zonas vedadas han sido concesionados a intereses privados.
La hidrocracia -grandes empresas y agentes privados- se adueñan de este bien público nacional, mientras que más de 44 millones de mexicanos carecen de la dotación diaria de agua en sus hogares, sostiene el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El riesgo inminente de la escasez de agua o estrés hídrico está presente en al menos 15 estados de la nación debido a la sobreexplotación de los acuíferos y al consumo de un nivel superior al disponible. A pesar de tan inminente riesgo, las autoridades omiten sistemáticamente proteger este recurso.
Conagua no establece límites, al contrario, ofrece nuevos permisos para extraer reservas en los estados en crisis. La organización Agua para Todos, acusa la falta de precaución, el favorecimiento a privados y la violación de los derechos humanos, principalmente el del acceso equitativo al agua.
El sector agrícola acapara las concesiones, seguido del área pública urbana y otros y pese a que nuestra Constitución Política establece que el agua es un bien nacional, en la práctica se favorece el interés de privados, observan defensores del derecho humano al agua; la masa de agua concesionada pasa por encima de los derechos de las comunidades indígenas, de los ejidos y de los 44 millones de personas que no tienen acceso a agua potable.
Las trasnacionales, Nestlé, Bimbo, las cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma, Modelo, también Coca-Cola y la Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Aga, Femsa, Pemex, CFE Bachoco y Cemex encabezan la lista de acaparadores de agua.
De acuerdo a la visión de los expertos, defensores del agua, la ley de aguas es justamente la antítesis para la sustentabilidad y equidad de acceso al vital líquido, porque permite su uso inmoderado e irracional y los acaparadores han ido remplazando a las comunidades indígenas rurales.
En la administración de Peña Nieto se levantaron vedas y se otorgaron cientos de concesiones y en la actualidad no se han presentado acciones que incrementen el control, frenen el acaparamiento y la creciente y desenfrenada contaminación que degrada el agua dulce y los sistemas acuáticos costeros.
Al caos descrito habría que agregar las alteraciones que traerá el cambio climático con el veloz derretimiento de los glaciares, las modificaciones en las precipitaciones pluviales con la intensificación de las sequías e inundaciones.
Es inexplicable e imperdonable la actitud omisa de los legisladores que desde el 2012, tienen pendiente una reforma a la ley de Aguas Nacionales que dé vigencia al derecho humano al agua para su uso sustentable y que promueva la equidad.
Por otra parte, Aguas de Saltillo (Agsal) ha incumplido con su responsabilidad de reparar las fugas de la red de distribución, el porcentaje de pérdida del agua sigue siendo el mismo desde 2001 que esa empresa se hizo cargo de la distribución y administración del agua para la ciudad y las autoridades municipales igualmente omisas no le exigen que Agsal atienda las fugas.
A su vez, Agsal tiene la obligación de dar difusión a la cultura del cuidado del agua, pero igual es totalmente omisa en ese asunto y el Consejo Administración es un ente paralizado, ciego y sordo.
Por si algo faltara, las autoridades por fin, después casi 10 años de prometer y prometer que dotarían de agua tratada a las empresas por fin terminaron la Línea Morada, ayer lo anunciaron y de verdad que no lo creía, pero entre omisiones y negligencias y olvidos, ya.