Ricardo Ravelo
Febrero 29 de 2024
El CJNG tiene su feudo en Jalisco, la entidad que gobierna Enrique Alfaro Ramírez; durante los años que lleva en el poder, ese grupo criminal ha gozado de impunidad, pese a que Alfaro se comprometió a combatir al crimen organizado.
Como ningún otro grupo criminal, el Cártel de Jalisco Nueva Generación alcanzó uno de sus dominios territoriales más fuertes durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su control en quince estados forma parte de su historia, pues ahora ejerce férreo dominio desde Quintana Roo hasta Baja California. En todo ese tramo, que en realidad cruza el territorio nacional, el grupo criminal explota el robo de combustibles, secuestros, cobro de piso, secuestros, asalto carretero, tráfico de drogas químicas en el que se incluye al letal fentanilo, el cual mueve por todos los puertos del país impunemente. El crecimiento del CJNG es un ejemplo que explica la fallida política antidrogas del Gobierno de López Obrador.
Al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) nada los detiene. Dueños del país, se han afincado en todos los rincones de México; impunes, controlan municipios completos y explotan todo tipo de negocios ilegales.
Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a quien han dado por muerto en un par de ocasiones, el CJNG) mantiene su paso ascendente en el mundo del crimen.
Si bien su ascenso es vertiginoso y fulgurante desde hace quince años, en el Gobierno de la Cuarta Transformación el grupo criminal que dirige Oseguera Cervantes ya se posicionó en todo el territorio nacional, por encima del Cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos del mundo.
De acuerdo con datos oficiales, este grupo criminal, surgido hace tres lustros, opera sin restricciones y explota delitos como el secuestro, “huachicoleo”, cobro de piso, tráfico de drogas, “regenteo” de giros negros, piratería y controla hasta la prostitución. Ni se diga el huachicoleo, uno de sus negocios centrales.
Si bien se afirma que el Cártel de Sinaloa tiene líneas de entendimiento con el Gobierno federal, lo cierto es que el Cártel de Jalisco es el que más ha crecido en poco más de cinco años de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya política anticrimen ha sido duramente cuestionada dentro y fuera de México por ineficaz.
Hoy se habla más del Cártel de Jalisco que de Sinaloa. Este segundo grupo criminal, encabezado desde el año 2000 hasta el 2014 por Joaquín Guzmán Loera era el grupo hegemónico de México.
Sin embargo, el cártel sinaloense, ahora dirigido por “Ismael “El Mayo” Zambada y los vástagos de “El Chapo” Guzmán mantiene su presencia inquebrantable en unos 80 países del orbe, de acuerdo con información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA.
“El Mencho”, libre e impune
El caso del CJNG y su líder, “El Mencho”, es singular: durante el año 2019 y el 2020 surgieron dos versiones, no confirmadas oficialmente, de que había muerto; una tercera indicó que el capo michoacano nacido en el municipio de Aguililla, a quien apodan “El Señor de los Gallos”, estaba en fase terminal debido a un problema renal que lo obligaba a someterse a diálisis frecuentes.
El área antinarcóticos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que, debido a ese padecimiento, “El Mencho” se había mandado construir su propio hospital para recibir atención médica. Paralelamente, se habló de que el capo ya había renunciado a la jefatura del cártel y que un nuevo líder, formado en su feudo, ocuparía su lugar.
Pero hasta la fecha ninguna de las versiones que lo han dado por muerto o las que afirman que está en fase crítica de salud ha confirmado tales versiones, por el contrario, el CJNG sigue con su expansión en todo el territorio, a grado tal que ya domina en todos los estados de la República mexicana con excepción de Sinaloa, donde sus antiguos socios mantienen la hegemonía histórica.
El CJNG tiene su feudo en Jalisco, la entidad que gobierna Enrique Alfaro Ramírez; durante los años que lleva en el poder, ese grupo criminal ha gozado de impunidad, pese a que Alfaro se comprometió a combatir al crimen organizado.
Al tomar posesión del cargo, Alfaro Ramírez –exalcalde de Guadalajara y exsenador de la República –ofreció poner freno al crimen organizado y a la violencia criminal, pero no ha podido: el estado está bajo el fuego de seis cárteles que se disputan la plaza, un vasto mercado de drogas que también está convertido en un paraíso, por su impunidad, para el lavado de dinero.
Además del CJNG –el cártel emblemático que surgió hace quince años –en Jalisco operan los grupos de Sinaloa, La Residencia, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, los Beltrán Leyva y el cártel Nueva Plaza, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Estos grupos criminales están afincados en demarcaciones como Valles, Sureste, Sierra de Amula, Guadalajara y Zapopan; ahí imponen su ley con secuestros, extorsiones, “levantones”, ejecuciones tanto de día como de noche, balaceras, cobros de piso a bares, cantinas y burdeles, así como a restaurantes y comercios en general. De igual forma controlan los giros negros: casinos, casas de apuesta y, por si fuera poco, cobran cuotas a las mujeres de la llamada “vida galante” para permitirles ejercer la prostitución. En otros casos, son obligadas a vender drogas a sus clientes.
A base de violencia, muerte y terror, sus instrumentos bélicos, el cártel que comanda “El Mencho” controla todo el territorio nacional, desde Quintana Roo hasta Baja California, donde selló una alianza con el Cártel de Tijuana, también llamado de “Nueva Generación” porque, aunque es dirigido por Enedina Arellano Félix –miembro de la llamada vieja guardia –el resto de sus integrantes son jóvenes con poca antigüedad en el crimen organizado.
De la mano del CJNG, el Cártel de Tijuana también ha expandido sus reales a otras entidades: ahora se afirma que opera en Oaxaca.
En Quintana Roo y Yucatán, los bastiones del Caribe, el CJNG opera con tráfico de drogas, secuestros y cobro de piso. En Campeche ocurre lo mismo, pero aquí se suma el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos, el llamado “Huachicol”, la ordeña de ductos y venta de gasolinas a granel, uno de los negocios más boyantes del cártel.
De esa región y hasta Veracruz, pasando por Tabasco y el corredor petrolero Coatzacoalcos-Minatitlán, el CJGN ha construido un imperio: desplazó a Los Zetas, antiguos amos y señores de esa zona, y se posicionó como grupo criminal. En el caso de Veracruz, la irrupción ocurrió a finales del Gobierno de Javier Duarte (2015-2016) pero su consolidación ocurrió entre 2016 y 2018, cuando esa entidad fue gobernada por el panista Miguel Ángel Yunes Linares.
A Yunes, precisamente, se le atribuye haber abierto la puerta a ese grupo criminal. Durante su Gobierno, se puso de moda que en los municipios panistas los comandantes de la policía fungieran, a su vez, como jefes del CJNG.
En Veracruz, uno de sus bastiones más fuertes, el CJNG controla el tráfico de combustibles robados, el cobro de piso, el secuestro y exige cuotas a negocios, los llamados giros negros; la misma situación ocurre en Puebla, otros de sus feudos; también en Hidalgo, donde están afincados con tanto poder como el que ejercen en el Estado de México, uno de sus territorios importantes al igual que el Distrito Federal, donde desplazaron al cártel Unión Tepito.
La irrupción en la capital del país –donde ya dominan el tráfico de enervantes, el cobro de piso y los plagios, cuyas víctimas son empresarios grandes y pequeños, ocurrió luego del ataque armado que sufrió Omar García Harfuch, jefe de la policía de la Ciudad de México.
El propio jefe policiaco responsabilizó al CJNG del atentado. Lo dijo el mismo día que fue atacado, sin que mediara investigación alguna; posteriormente él y el entonces Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmaron que el grupo criminal encabezado por “El Mencho” ya estaba operando en la capital del país.
En Guanajuato, como en otros estados que domina, el CJNG irrumpió a base de balazos y sangre. En El Bajío desplazó al Cártel Santa Rosa de Lima, liderado antes de su encarcelamiento por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, actualmente preso.
La disputa en Guanajuato se originó por el negocio del “Huachicol”, uno de los más rentables. “El Marro” obtenía el combustible robado en decenas de tomas clandestinas, aunque también lo adquiría directamente de la refinería de Salamanca a través de una red de funcionarios ligados al negocio, quienes eran sus cómplices. Impensable que el huachicoleo sea tan rentable sin la complicidad de funcionarios de Petróleos Mexicanos. Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al tomar posesión como Presidente en 2018, se comprometió a destruir a la mafia del huachicol, incluidos los funcionarios de la paraestatal implicados. Hasta hoy no hay un solo preso por ese delito.
Cuando el Ejército Mexicano le empezó a bloquear el territorio, “El Marro” se fue debilitando por las pérdidas económicas. Ante las presiones oficiales, amenazó con asesinar a más personas inocentes, como lo venía haciendo como una forma de “ablandar” al Gobierno; luego lanzó la amenaza de que haría estallar la refinería de Salamanca si no lo dejaban de molestar.
Cuando ya andaba a salto de mata, “El Marro” siguió secuestrando personas para hacerse de recursos. Cuando mantenía en cautiverio a una empresaria el delincuente fue detenido y encarcelado en el penal de La Palma.
Así, el Ejército Mexicano le quitaba un obstáculo al CJNG, que de inmediato tomó la plaza de Guanajuato, la cual explota hasta la fecha. Desde ese estado controla Querétaro y por su puesto Jalisco, su bastión; luego se extendió hasta los límites con Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sus ramificaciones se han posicionado hasta Baja California sin que ninguna autoridad civil o militar le cierre el paso.
El jefe del CJNG, Nemesio Oseguera, apareció recientemente en una lista que difundió la DEA donde destaca como uno de los criminales más buscados del mundo. En esa lista le acompañan Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa, y Rafael Caro Quintero, el capo que en los años setenta y ochenta lideró el desaparecido Cártel de Guadalajara y que fue liberado en 2013 mediante argucias legales.
Para la DEA, Caro Quintero operaba desde el norte del país el tráfico de enervantes durante su etapa de libertad, aunque el mismo capo aseguró que estaba retirado, en bancarrota y enfermo. Recientemente un tribunal de alzada le negó un amparo contra la extradición a Estados Unidos, donde es reclamado por varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero y el asesinato, en 1984, de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA que en esos años investigaba las operaciones del Cártel de Guadalajara, entonces encabezado –además de Caro Quintero –por Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”. Este último fue liberado por su avanzada edad y su deteriorado estado de salud. Compurga el resto de su sentencia en prisión domiciliaria.
Los amos de Jalisco
De acuerdo con informes del Ejército, y en particular de la V Región Militar –que abarca los estados de Aguacalientes, Zacatecas, Jalisco, Nayarit y Colima –la problemática de la violencia obedece a la pugna que enfrentan los seis cárteles que pelean por la plaza en Jalisco.
“En Jalisco hay una gran producción de droga sintética que se muestra con la gran cantidad de narcolaboratorios. Por lo menos cada año se desmantelan dos. Es un estado donde hay producción de marihuana. Esta se cultiva en varias zonas, como Valles, Sureste, Sierra de Amula. Esta narcodinámica nos genera este problema de disputas territoriales y también por el mercado”, dijo el titular de la V Región militar, Genaro Fausto Lozano en una entrevista difundida hace varios meses.
De acuerdo con el militar, el estado de Zacatecas –que está bajo el radio de acción de la V Región Militar –es donde más agresiones han recibido por parte de los narcotraficantes. El año pasado, por ejemplo, del total de agresiones contabilizadas en contra de las fuerzas del orden unas 26 fueron directamente para el personal militar.
Es debido a esta fuerte actividad criminal que el Ejército y la Fiscalía General de la República optaron por instalar unidades de rayos Gamma y rayos X, con el objeto de detectar drogas y de esa forma evitar los enfrentamientos con el crimen organizado.
En los últimos dos años, particularmente desde que Enrique Alfaro asumió la gubernatura del estado, la violencia se ha agudizado en Jalisco debido, principalmente, al choque de cárteles.
Y es que precisamente cuando Alfaro arribó al poder hizo su aparición pública en el estado un grupo criminal que se autodenominó cártel “Nueva Plaza”, señalado como una división del Cártel de Jalisco.
Su líder fue identificado por la Fiscalía General del Estado como Enrique Sánchez Martínez, “El Cholo”, ex -aliado de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, a quien le declaró la guerra tras ordenar el asesinato del operador financiero al servicio de Oseguera, un personaje llamado “El Colombiano”. Fue ejecutado en Puerto Vallarta.
La pugna por el control del tráfico de drogas y por el dominio de otras de otras actividades ilegales se acentuó cuando el cártel Nueva Plaza reclutó a cientos de jóvenes a los que les otorgó empleo como “halcones” y narcomenudistas en colonias exclusivas que estaban bajo el control del CJNG y de “El Mencho”.
En sendos videos que aparecieron en las redes sociales, presuntamente protagonizados por operadores de Nueva Plaza, explican cómo Oseguera Cervantes –cuyo cártel tiene como asiento el estado de Jalisco, su cuna –aprovechó las circunstancias para arrebatar el liderazgo de los negocios ilegales a otros grupos rivales, entre ellos, a Los Caballeros Templarios, La Familia, entre otros.
Nueva Plaza ganó popularidad como un cártel sanguinario y despiadado luego de que se le implicó en el caso de los estudiantes de cine desaparecidos y asesinados; la Fiscalía General del Estado afirmó, con base en sus investigaciones, que el Cártel de Jalisco Nueva Generación confundieron a los jóvenes con sicarios al servicio de “El Cholo”.
Lo curioso de todo es que la mayor expansión del Cártel de Jalisco ocurrió en los últimos cinco años, los de las Cuarta Transformación; queda más que claro que el combate al crimen durante el Gobierno de López Obrador ha fallado. Prueba de ello es que el CJNG alcanzó uno de sus mayores dominios territoriales.