Más sobre “En Michoacán, gobierno de impostores”

Réplica y Contrarréplica (*)

Ernesto Villanueva

México. D. F., a 2 de julio de 2012

Con el propósito de que la opinión pública pueda valorar los argumentos y pruebas sobre probables delitos de servidores públicos en Michoacán, adjunto réplica del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo y mi contrarréplica.

Primero. Responde Fausto Vallejo: “En respuesta al artículo titulado En Michoacán, gobierno de impostores, me permito hacer las siguientes observaciones al doctor Ernesto Villanueva: Usted sabe que constitucionalmente es facultad del gobernador “nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la administración pública estatal”, y yo creo haber decidido en forma conveniente para el estado, en una combinación armónica entre lo académico, la experiencia, el compromiso, la disposición y la honradez, entre otras consideraciones. Por esa razón le afirmo que el equipo que elegí para trabajar y alcanzar el bienestar de los michoacanos tiene la preparación, la capacidad, la convicción y el compromiso social necesarios para avanzar en la construcción de una nueva historia para Michoacán. Si bien valoramos la calificación profesional, no nos parece que sea el único indicador decisivo, menos en un país donde la mayoría de la población tiene un bajo nivel de escolaridad, además de que no va con nuestros principios ningunear a las personas que no contaron con las condiciones y los medios necesarios para terminar una carrera profesional. En el análisis en cuestión señala que el gobierno de Michoacán camina hacia atrás, basando su juicio en que los perfiles de algunos funcionarios no son los idóneos, pues asegura que algunos de ellos no cuentan con licenciatura, cédula profesional o se asumen con alguna profesión que, de acuerdo a su investigación, no tienen. Lo cual es falso y calumnioso, pues casi en la totalidad cuentan no sólo con el grado que usted les niega, sino con otros superiores. Muestra de ello es el caso del procurador general de Justicia del estado, Plácido Torres Pineda, quien, señala usted, no cuenta con cédula profesional, y reclama su retiro del cargo. Le informo que sí tiene cédula profesional, y es la número 4900, además de contar con una sólida carrera judicial y haberse desempeñado como magistrado del STJE durante 13 años, e inclusive fue declarado por el Congreso local como magistrado inamovible. Otro caso es el de Rubén Pérez Gallardo Ojeda, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, de quien informo que sí tiene cédula profesional, la número 1844314, de octubre de 1993, y es notario público con licencia, con una amplia trayectoria en el servicio público como oficial mayor de Gobierno, diputado local y regidor, entre otros. Dentro del Coecyt, usted señala que Esther García Garibay no cuenta con cédula de licenciatura, por lo que le informo que es doctora en Ciencias con especialidad en Química Orgánica, egresada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. También tiene una amplia trayectoria dentro de la UMSNH como directora del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, coordinadora general de Estudios de Posgrado y secretaria general de la Universidad Michoacana, además de ser miembro fundador del SNI. Dentro de la Coordinación de Contraloría, María Berta Quintana León, directora de Auditorías del Sector Central, lo mismo que en los casos anteriores, lo publicado no es más que una mentira, pues ella es contadora pública con cédula número 667933, fechada el 14 de mayo de 1981. Además es LAE, con cédula profesional número 1557081; maestra en Administración, con cédula 2770029, y doctora en Ciencias, con cédula 5504642. En el análisis se refleja el evidente propósito de desprestigiar a este gobierno y a sus integrantes. No existiendo posibilidad de más espacio, nos reservamos hacer la publicación completa de la información que tenemos, aunque queda claro que usted no encontró nada más grave en este gobierno que la supuesta falta de cédula de algunos colaboradores. El hecho es que –sin comparaciones frívolas en relación con la administración anterior– uno a uno de los integrantes de este gabinete posee un mejor perfil.”

Segundo. Mi contrarréplica. Me da mucho gusto que el gobernador de Michoacán haya formulado una réplica a mi texto, porque me permite hacer las siguientes precisiones:

1.- Adjunto a usted (director de Proceso) copia de tres volúmenes debidamente protocolizados ante la fe del Notario Público, número 31 del Distrito Judicial de Puebla, Lic. Rafael Gutiérrez Ruiz, en el instrumento notarial número 33685, volumen 768, de fecha 21 de junio de 2012, quien revisó todos y cada uno de los registros existentes en el directorio institucional del Gobierno de Michoacán, que se publica con veracidad conforme lo dispone el artículo 6º, párrafo segundo de la Constitución Federal, y quien los confrontó con los datos que obran en la base de datos de la Secretaría de Educación Pública Federal, los cuales concuerdan total y textualmente como lo sostengo en el artículo de referencia.

2.- El gobernador Vallejo ¿casualmente? olvida mencionar que la cédula profesional del señor Plácido Torres Pineda, Procurador de justicia, es local; es decir, emitida por el propio gobierno estatal. Resulta extraño, por decir lo menos, que la cédula del señor Torres haya sido expedida el 9 de octubre de 1974, a sólo tres días de que entrara en vigor el Convenio celebrado entre el gobierno michoacano y la SEP federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre del 1974, para iniciar su vigencia el 12 de octubre de 1974. ¿Quién en su sano juicio podría condenarse desde joven a nunca salir del estado para ejercer su profesión y no tramitar la cédula federal con validez en todo el territorio nacional?

3.- Debo recordarle al gobernador Vallejo que ostentarse como profesionista constituye un delito de acuerdo a lo previsto por el artículo 250, fracción II, inciso a) del Código Penal Federal, independientemente de si otra ley requiere, como en el caso del Procurador, contar con cédula de licenciado en derecho.

4.- Precisamente se tituló el artículo “En Michoacán, gobierno de impostores” porque muchos de sus funcionarios se ostentan como profesionistas sin serlo, incurriendo en un delito federal como los siguientes: a) Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura; b) Alejandro Avilés Reyes, secretario de Pueblos Indígenas; c) Mauro Ballesteros Figueroa, Secretario de Urbanismo y Medio Ambiente; d) Jesús Vázquez Estupiñán, secretario de Jóvenes; e) Luis Carlos Chávez Santacruz, secretario de atención al Migrante; así como un largo etcétera, incluido casi todo el staff de la oficina del gobernador. El problema es doble, por un lado, servidores públicos que mienten a la sociedad y, por otro, que creen que lo pueden hacer impunemente por sus grandes oportunidades de mejora educativa. El problema no es de la sociedad michoacana, sino del gobernador que no escogió los mejores perfiles para su gobierno.

Finalmente, le recuerdo al gobernador que en el Distrito Federal desaparecieron desde el 2006 las figuras de difamación y calumnias así como a nivel federal. Existe ahora en la capital del país la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de Derecho al Honor, a la Vida Privada y Propia Imagen para el Distrito Federal. Lo anterior es relevante porque espero las demandas que pudiera preparar- y ojalá lo hagan- las cuales deberán ser presentadas en la Ciudad de México donde corresponde por razón de domicilio.

(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

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