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Los reacomodos criminales

Ricardo Ravelo

Junio 11 de 2021

“Con este triunfo electoral, que los coloca de sobra como la primera fuerza política del país, ya no habría pretexto para que el Gobierno garantice…

Tras el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 11 de las 15 gubernaturas que se disputaron en la jornada electoral del pasado 6 de junio, el partido en el poder se apresta para gobernar la mitad del territorio y un poco más. Lo que ahora sobrevendrá es el reacomodo del crimen organizado. No se descartan baños de sangre entre los que entran y los que saldrán de las plazas.

Actualmente en el país operan 16 cárteles y todos cuentan con amplias ramificaciones, vínculos policiacos y políticos. Algunos cárteles, como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación ocuparán nuevas plazas o tendrán que apoderarse de ellas a base de violencia y corrupción, sus armas letales, para echar de esos sitios a sus rivales. En varios estados habrá “Operación Barredora”, limpieza de territorios.

Los grupos criminales que mejor posicionados están en el país con Sinaloa –encabezado por Ismael “El Mayo” Zambada– y cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), representado por Nemesio Oseguera, “El Mencho”, que recientemente anunció su arribo al municipio de Naucalpan, una zona industrial del Estado de México –quizá una de las más boyantes– donde la alianza PRI-PAN-PRD obtuvo importantes triunfos en la elección pasada.

El CJNG opera con una veintena de actividades criminales: tráfico de drogas, extorsiones, entre otras, pero una de las más importantes es el robo de combustible. Con amplias ramificaciones, ese cártel ya controla un amplio corredor que va desde Quintana Roo hasta Baja California, donde ha establecido alianzas importantes con lo que quedó del cártel de Tijuana y está confrontado en esa entidad con “Los Salazar”, una extensión del cártel de Sinaloa, así como con “Los Garibay”, afincados en el municipio de Mexicali.

La incursión de “Los Salazar” en Baja California se consolidó con el arribo al poder de Jaime Bonilla, en 2019, desde entonces esa célula criminal ligada al cártel de Sinaloa ha avanzado de manera paulatina pero constante, sin que ningún impedimento la detenga.

El cártel de “Los Salazar “se cuece aparte. Sus miembros son sanguinarios y han acallado a dos periodistas que pusieron al descubierto sus actividades, nexos criminales y políticos: Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en 2005 en Sonora, y Miroslava Breach, asesinada en Chihuahua en 2017.

La entonces colaboradora del diario La Jornada, quien a la sazón era columnista del periódico El Norte de Juárez, publicó un reportaje en el que acreditó, con datos y evidencias, que “Los Salazar” eran los responsables de la violencia que desde hace años enfrenta la sierra chihuahuense. También denunció que ese grupo criminal financió a candidatos priistas en el año 2016. Por estas revelaciones la periodista fue asesinada.

Años atrás, en 2005, Alfredo Jiménez publicó varios reportajes en el diario El Imparcial de Sonora. Antes de su desaparición –el caso sigue impune y envuelto en el misterio–el reportero denunció los nexos de “Los Salazar” con los hermanos Beltrán Leyva, también reveló los vínculos con políticos del PRI y empresarios. Tras estas publicaciones, el reportero desapareció. Algunas versiones coinciden en que el cuerpo de Jiménez fue arrojado al mar.

“Los Salazar” tienen historia. Operan desde los años noventa en Sonora, la tierra de Alfonso Durazo Montaño, exsecretario de Seguridad Pública Ciudadana y actual Gobernador electo, de quien se

afirma que es investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, aunque el propio Durazo negó ser objeto de una indagación por presuntos nexos con el narcotráfico.

El cártel de “Los Salazar” en realidad tiene sus raíces en Chihuahua, ahí donde ganó la alianza PRI-PAN-PRD. El fundador de la organización fue un personaje llamado Adán Salazar Zamorano, quien, durante 20 años, aproximadamente, fue el principal productor y distribuidor de mariguana en Sonora. Sus dos brazos operadores eran Jesús Alfredo Salazar –capturado en 2012– y Adán Salazar, quien fue asesinado en 2016. El jefe del clan fue detenido en 2011, pero el grupo criminal ha seguido en expansión. Sus tentáculos operan en Sinaloa, Sonora y Baja California, territorios que ya domina el partido Morena.

Al igual que el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal “Los Salazar” operará en los territorios ganados por el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Los Salazar” ahora son dirigidos por Crispín Salazar Zamorano –hermano de Adán Salazar–, quien es señalado como el principal operador del cártel de Sinaloa en Chihuahua y Sonora, estados que hacen frontera con Arizona, Estados Unidos, uno de los corredores más socorridos por el crimen organizado.

“Los Salazar” y el cártel de Sinaloa tienen una alianza muy fuerte. Así la tuvieron con el cártel de Jalisco, pero duró poco tiempo. Ahora los arietes de Sinaloa son “Los Salazar”, quienes han incursionado en Chihuahua y actualmente le disputan la plaza al cártel de Juárez, disminuido desde la captura de Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, actualmente preso.

“Los Salazar” son un grupo criminal temible y sanguinario. El reportero Alfredo Jiménez escribió la historia del cártel y cuando publicó sus nexos con políticos locales desapareció misteriosamente. Actualmente este caso está olvidado por parte de las autoridades sonorenses y federales.

De acuerdo con información publicada por el propio Alfredo Jiménez, la presencia de Adán Salazar en Navojoa, Sonora, se remonta a la década de los años noventa. Debido a su incursión en este territorio –sostienen algunos datos publicados– se confrontó con la familia Enríquez Rosas, entonces un clan del narcotráfico muy poderoso. A finales de los años noventa la guerra entre ambos grupos alcanzó el máximo de su ebullición. Varios asesinatos así lo demostraron.

Las autoridades de Sonora tienen investigaciones abiertas contra “Los Salazar”, pero actualmente nadie los molesta. Y con el triunfo de Morena tienen asegurada sus operaciones y la impunidad, igual que Sinaloa y sus miembros activos.

En el nuevo mapa político, rediseñado a partir de las elecciones del 6 de junio donde el gran elector fue el crimen organizado al perpetrar más de 80 ataques armados que dejaron un saldo de saldo de más de 30 candidatos ejecutados, el crimen organizado se reacomodará en nuevos territorios y es probable que establezca otras alianzas.

Para el Gobierno de Estados Unidos es preocupante, por ejemplo, el tráfico humano y de fentanilo por las terminales marítimas del país. Por ello, le ordenaron al Presidente López Obrador que la Marina se hiciera cargo de los puertos. Al menos esto quedó claro ahora que la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estuvo de visita por Guatemala y México.

La propuesta de la señora Harris es atender el tema de la migración, pero de forma integral: esto implica que, además de las inversiones y los empleos que deberán hacerse y crearse en la región centroamericana, el punto sensible es el combate al crimen organizado para frenar el tráfico de drogas, armas y migrantes.

La postura de Estados Unidos en este tema tan escabroso es atacar al crimen, pero aún se desconocen los detalles respecto de lo que hará el Gobierno de López Obrador, pues como se sabe el Presidente ha renunciado al combate criminal y le ha dejado el territorio a los cárteles para que operan libremente, trafiquen con drogas, laven dinero y cometan asesinatos. Ha cambiado los operativos por los abrazos al crimen organizado, a quienes, por cierto, felicitó y hasta les deslizó un reconocimiento por no haber ejercido violencia en la jornada electoral del 6 de junio.

¿Con qué instrumentos combatirá el Gobierno mexicano a la delincuencia que tanto preocupa al Gobierno de Estados Unidos? De acuerdo con el Presidente López Obrador, su Gobierno ha venido atendiendo las causas que detonan la criminalidad, pero su dicho es improbable por no decir que inverificable, pues a casi tres años de haber asumido la Presidencia de la República la violencia criminal sigue disparada.

Y no sólo eso: Cada vez es más claro que existen líneas de entendimiento entre el Gobierno de la Cuarta Transformación y algunos grupos criminales, entre otros con Sinaloa, un coadyuvante electoral que influyó, y no poco, para que Morena ganara 11 gubernaturas.

Con este triunfo electoral, que los coloca de sobra como la primera fuerza política del país, ya no habría pretexto para que el Gobierno garantice la pacificación en los estados que gobernará, pues si no hay combate al crimen organizado seguramente habrá –o hay– negociaciones entre el Gobierno y los criminales.

Si no hay pacificación, al menos habrá pax mafiosa. No hay de otra.

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