Ricardo Ravelo
Febrero 10 de 2023
“Se trata del juzgador Alan Rafael Acosta Navarro y del notario público número 47, Enrique Macías Chávez”.
La historia trata de un despojo de acciones con el disfraz de la legalidad, para lo cual se confabularon un notario de Guanajuato y un juez de Jalisco, ambos presuntamente piezas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El caso está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabajan conjuntamente en una investigación criminal que implican a un juez de Jalisco y a un notario de León, Guanajuato.
Se trata del juzgador Alan Rafael Acosta Navarro y del notario público número 47, Enrique Macías Chávez. A éste último le retiraron el Fiat o patente notarial en junio de 2022 precisamente cuando se acreditó que incurrió en diversas anomalías, la más grave, haber actuado presuntamente para favorecer a personajes del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En la FGR avanzan las carpetas referidas, tan es así, que el notario ya dejó de serlo y sus asuntos pendientes fueron transferidos a otro notario; la investigación apunta también en contra del juez Acosta Navarro, señalado de incurrir en acciones presumiblemente delictuosas para favorecer a intereses del crimen organizado.
Según las denuncias a las que este reportero ha tenido acceso, el juez segundo de lo civil con sede en Zapopan, Jalisco, así como el notario referido formarían parte de una estructura criminal –que en Jalisco encabezan altos mandos del CJNG –que se dedican a la validación de testimonios falsos basados en hechos simulados.
Para sacar a flote este jugoso negocio ilegal, tanto el juzgador como el notario hicieron la mancuerna perfecta. De acuerdo con la denuncia, existe una mujer “muy influyente en el Poder Judicial de Jalisco” que controla a buena parte de jueces y magistrados de esa entidad a través de cuotas mensuales y regalos costosos. De esa manera ha logrado encarcelar a sus enemigos o liberar a sus aliados; también ha realizado cuantiosos negocios alterando la ley.
El caso que derivó en la cancelación de la patente del notario Macías Chávez y mantiene bajo investigación criminal al juez Acosta Navarro es el que ocurrió en contra de un personaje que en el expediente criminal es referido como “Julio N”.
La historia se remite al año 2000, cuando una sentencia judicial en firme favoreció al tal “Julio N”, derivada del expediente 840/2000, la cual está relacionada con un juicio por la pertenencia de varias acciones de una empresa en la que están en juego muchos millones de pesos.
Dice la denuncia del agraviado:
“La contraparte… (presuntamente una pieza del crimen organizado) contrató al notario Enrique Macías Chávez; mediante el testimonio 169, registro 13,903 del 11 de mayo de 2022, una persona se presentó ante el notario diciendo que era el señor “Julio N” y solicitó al notario, bajo su propio derecho, renuncia a la sentencia favorable, lo que resultó totalmente falso y simulado”.
Tras este primer acto, lo que siguió después fue que el notario 47 expidió el testimonio diciendo que la persona que se identificó como “Julio N” acudió a su notaría a realizar dicha manifestación, lo que en la realidad nunca ocurrió.
Sin embargo, con ese testimonio falso la contraparte de “Julio N” procedió a contactar al juez del Juzgado Segundo de lo Civil – Alan Rafael Acosta Navarro, así como a su secretario, Carlos Adrián Fuentes –para que, el testimonio fraudulento se tomara como válido y en forma inmediata se emitiera un acuerdo.
Los cañonazos de dólares debieron ser muy cuantiosos porque, de acuerdo con la denuncia revisada, dicho acuerdo se tomó el 22 de septiembre de 2022. En concreto, la determinación de juez consistió en dejar sin efecto una sentencia dictada en el año 2000, con la cual se revocó el fallo judicial que originalmente favoreció a “Julio N” y así se benefició al impostor. El agraviado, al enterarse de esta acción corrupta y criminal, porque no es ajena a la delincuencia organizada de Jalisco, procedió a denunciar los hechos.
Expone en su denuncia: “Esta acción es totalmente falsa. El señor “Julio N” jamás presentó una promoción ante el juzgado segundo de Zapopan; tampoco nombró abogados para realizar promociones en su representación para realizar dicha aberración donde él mismo estaría solicitándole al juez que revoque su propia sentencia favorable desde el año 2000.
“Y aún peor: en la promoción totalmente falsa donde exponen que se solicita se revoque la sentencia al afectado, se dirige en el testimonio/ratificación expedida por el notario 47 en base a la sentencia de otro estado y de otro juzgado, y aun así increíblemente el juez segundo civil y su secretario de acuerdo la admiten y proceden al acuerdo, increíble, aunque fuera dirigida a otro juzgado le dio admisión y (tomó) el acuerdo favorable a la contraparte”, quien para lograr su propósito recurrió a los operadores de la delincuencia organizada de Jalisco que están vinculados con jueces, magistrados y notarios, toda una red corrupta que está al servicio del mejor postor.
El hecho, ocurrido el año pasado, ya tuvo consecuencias y aún faltan acciones. El 23 de junio de 2022, el gobierno de Guanajuato procedió a cancelar la patente notarial de quien hasta esa fecha se desempeñó como notario número 47, Enrique Macías Chávez.
La acción se efectuó a las 10:30 de la mañana del 23 de junio de 2022 y corrió a cargo de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno de Guanajuato. Según se dijo, la cancelación de la patente notarial devino de la práctica de una vista de inspección general realizada a la notaría pública referida, la cual ocurrió el 19 de abril de 2018, aunque no se especificó el caso. Tampoco se dijo que las gestiones fueron hechas por miembros de la delincuencia organizada en perjuicio de “Julio N”.
Según la información del gobierno estatal, cada dos años en las notarías del estado se llevan a cabo inspecciones cuyo objetivo es verificar el adecuado cumplimiento de la función notarial.
Derivada de la visita a la notaría 47, “se identificaron irregularidades en el ejercicio de la función notarial que contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Notariado por el Estado de Guanajuato, por lo que se dio inicio a un procedimiento administrativo para imponer sanción por responsabilidad notarial”.
Como consecuencia de la cancelación del Fiat al notario 47, se procedió al aseguramiento del protocolo notarial y se resguardó provisionalmente en el Archivo General de Notarías, dependiente de la Dirección General de Registros Públicos. Posteriormente, los instrumentos asegurados se le entregaron a otro notario para su debido trámite.
Eso no es todo: Tras conocer de los hechos, la FGR comenzó a investigar los hechos. De acuerdo con fuentes consultadas es muy probable que pronto procedan en contra del notario Enrique Macías Chávez.
También se pudo confirmar que el juez Segundo de lo Civil de Zapopan, Alan Rafael Acosta Navarro está en la mira de las autoridades federales por presuntas ligas con el crimen organizado, en concreto, con personajes del CJNG que le pidieron revocar la sentencia del año 2000 gestionada por un impostor que dijo ser “Julio N”.
Esta historia no es la única que implica a notarios y a jueces en el país con la delincuencia organizada. El crimen organizado, desde hace varios años, ha echado mano de notarios públicos para despojar de propiedades a personas inocentes o bien para maniobrar en temas de herencias en favor del que más paga. También legalizan situaciones migratorias de criminales y hasta se dan el lujo de lavar dinero en negocios aparentemente legales. Todo esto precisamente indaga la FGR en el caso del notario Macías Chávez.
APUNTES DEL SUBSUELO
EL CASO ROCIO NAHLE. HACE UN PAR DE SEMANAS La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya presidida por Norma Piña anuló por inconstitucional la llamada “Ley Nahle”, votada en el Congreso de Veracruz hace un año para favorecer los intereses de Rocío Nahle, Secretaria de Energía, quien aspira a ser candidata al gobierno veracruzano en el año 2024.
El fallo de la SCJN determinó que dicha ley, impulsada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, es inconstitucional y, por ello, la desechó, lo que aparentemente dejó fuera de esa futura contienda a la nativa de Zacatecas.
Y es que la Constitución Política del Estado de Veracruz establece que para ser gobernador del estado se requiere ser veracruzano y tener cinco años de residencia en la entidad previo a la elección.
Nahle no cumple con el principal requisito: no es nativa de Veracruz, aunque ella alega tener unos 36 años de residir en el estado. Cabe señalar que la residencia sí es válida para ocupar cualquier otro cargo, menos el de gobernador, porque la Constitución –aunque es ambigua –establece que el aspirante debe ser veracruzano.
Sin embargo, la Constitución de ese estado ha sido violada muchas veces: por ejemplo, cuando fue lanzado Miguel Alemán Velazco como candidato del PRI al gobierno del estado, en 1998, salió a relucir que había nacido en la Ciudad de México; circularon entonces dos actas de nacimiento suyas –una que acreditaba que era oriundo de Veracruz y la otra que de la capital del país –. Al final fue gobernador.
Otro caso fue el de Patricio Chirinos, en su momento llamado “el ideólogo de Carlos Salinas”, quien no es veracruzano: nació en Tamuin, San Luis Potosí y, pese a ello, gobernó el estado de 1992 a 1998.
Pero nadie puede dar por muerta a Rocío Nahle, pues la práctica de interpretar la ley y la Constitución a su favor –hacer valer su residencia –por parte de 4T la habilita para ser candidata en el 2024. Sin embargo, se afirma que ese no sería el impedimento central para frenar sus aspiraciones políticas. Lo central es el proyecto de la refinería de Dos Bocas. Si la planta más promocionada por el gobierno para abatir el rezago de gasolinas no produce combustibles con eficacia, pues quedará claro que esto sería un verdadero fracaso para el presidente Andrés Manuel López Obrador.