El mito de la universalidad de Peña

Sábado 1º de marzo de 2014

Gustavo Leal F. *

Santiago Levy inició la campaña por un seguro universal en 2008. Antes introdujo el poco exitoso programa Progresa –hoy Oportunidades– desde la Secretaría de Hacienda zedillista y luego se desempeñó –con fatales resultados– como director del IMSS-Fox, de donde fue bruscamente removido en 2005.

Fugándose hacia adelante, su nueva alternativa, estructuralmente desvinculada de las prioridades que penden sobre la política de salud y seguridad social, fue ampliamente publicitada por intelectuales mediáticos e intereses como justificación social del incremento al IVA contemplado en la reforma fiscal de Peña Nieto.

La propuesta ofrecía una canasta de derechos universales exigibles: acceso a la salud, seguro de riesgos de trabajo, seguro de desempleo y pensión universal a los 65 años de edad, a cambio del IVA generalizado a fármacos, alimentos y servicios sin excepción. Además de José Ángel Gurría desde la OCDE, hoy todavía hay quien milita por no satanizar ese recurso del IVA (Y el IVA ¿dónde quedó?, Enrique Cárdenas, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, El Universal, 24/1/14).

Peña asumió y ajustó la propuesta Levy desde 2010. En su libro México, la gran esperanza (2011), la presentó como piso de protección social básico y gratuito, donde la condición de ciudadanía y no la participación en el mercado laboral debe ser el nuevo eje del sistema de seguridad social. Aunque, con Levy, eludió sistemáticamente detallar el contenido preciso de la canasta. Incluso, en campaña, Peña evitó vincularla con el incremento al IVA. La propuesta desestructuraba la integralidad de las prestaciones IMSS-Issste sustituyéndolas con un universalismo de paquetes mínimos con derechos exigibles al estilo del Seguro Popular de Frenk: Catálogo Universal de Servicios Esenciales.

Además, Peña proyectaba la transformación de la legislación laboral para poner en sintonía a empresas y sindicatos con un nuevo esquema de derechos universales y de mayor productividad. En su última versión (mayo, 2012) la propuesta Peña se sintetizaba en un “ combo de seguridad social universal: nueva versión del Seguro Popular, seguro de desempleo, pensión para el retiro, seguro contra riesgos laborales”.

Ya con la reforma laboral de noviembre de 2012 y sus impactos sobre el financiamiento de la seguridad social –especialmente para los jóvenes–, Peña aprobó el Convenio con la OIT (junio de 2013) que promueve pisos de protección social básica para, entonces presentar su iniciativa presidencial para instaurar un sistema de seguridad social universal (septiembre, 2013).

En ella transitó de la seguridad social integral a la protección social básica, proponiendo una pensión no universal para adultos mayores, dado que sólo ampara a quienes no dispongan de sistema de ahorro para el retiro o pensiones del IMSS-Issste. Peña identificó universalidad con apoyo para cubrir gastos básicos a la persona durante su vejez.

Peor aún fue su seguro no universal de desempleo, dado que sólo ampara a desempleados del sector formal, permanentes o eventuales, independientemente de las causas que hubieran originado el despido. Increíblemente, el financiamiento contemplaba amputarles los fondos de vivienda a sus propietarios. Peña identificó universalidad con autopago de la prestación mínima de la bolsa de los mismos trabajadores.

Requisito fundamental de ambas universalidades, operadas por el IMSS, es la participación de los beneficiarios en los esquemas de salud para adultos mayores que dicte la SSA, así como en los de promoción, colocación y capacitación para desempleados al cargo de la STPS.

Además, el mito de la universalidad de Peña montó la operación de sus nuevos derechos acotados –sin siquiera evaluarlo– sobre la minada base de un privatizado sistema de cuentas individuales para el retiro, que ha proporcionado todas las pruebas de ser incapaz de garantizar pensiones dignas.

Finalmente, en el marco de un pobre enriquecimiento parlamentario, lo aprobado: mil 92 pesos de pensión y un máximo de seis meses –con pagos decrecientes– como seguro de desempleo temporal, desdibujó aún más el mito peñista de la universalidad. En el caso del de desempleo, la no universalidad culminó en la eliminación del entero universo del Apartado B y el rechazo frontal y definitivo a un financiamiento con cargo a los fondos de vivienda. El futuro de la no universalidad se encuentra, ahora, en la respuesta senatorial a la minuta que, desde fines de 2013, le remitiera la Cámara de Diputados y, posteriormente, la respectiva legislación secundaria.

Es demagógico presentar como universal aquello que, de entrada, establece excepciones que niegan cobertura a todos, tal como asume César Astudillo en “Nuevos derechos, viejos problemas… electorales” ( El Universal, 4/1/14). No se ocupa de la naturaleza restrictiva de los nuevos derechos de amplia vocación social pero destaca problemas electorales omitiendo que, la verdadera política social electorera de Peña, la Cruzada Nacional contra el Hambre, ya los capitaliza sobradamente.

Una promesa de campaña –desligada de su propuesta de universalidad–, el Seguro de Vida para Jefas de Familia, administrado por Sedesol-Robles, fue publicitado por Peña Nieto como una decisión presidencial que está moviendo a México. Hacemos latir el corazón de las mujeres de nuestro país ( Reforma, 25/1/13). Sus recursos pasaron de 400 millones de pesos (2013) a mil quince millones (2014).

También es el caso de la publicidad del Programa 65 y Más y la pensión universal, temporalmente al cargo de Sedesol: Apoyamos económicamente a nuestros adultos mayores. Otra decisión presidencial que está moviendo a México ( Reforma, 29/11/13), con recursos que pasaron de 27 mil millones de pesos (2013), a 42 mil 225 millones en 2014.

Curiosa universalidad la de Peña: no es universal.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco