Luis Hernández Navarro
Febrero 13 de 2024
El maestro Felipe de la Cruz tiene el don de la palabra. Sus discursos incendian a la multitud. Criado en el puerto de Acapulco, es egresado de Ayotzinapa. Es un líder natural. Tiene marcado en la piel el sello del normalismo rural.
Su buena fortuna es incontestable. El 26 de septiembre de 2014, su hijo Ángel Neri de la Cruz iba a bordo de uno de los camiones Estrella de Oro que los estudiantes tomaron en Iguala. Tuvo la suerte de sobrevivir a la masacre y desaparición forzada de sus compañeros de escuela.
Pese a que su hijo conservó la vida, Felipe se incorporó a la lucha de los familiares de los desaparecidos. Desde los primeros días del movimiento, los integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (Ceteg) en Acapulco, advirtieron a los padres que fueran precavidos con él. Tengan cuidado. Es un traicionero, un infiltrado. Sólo viene a sacar provecho, les dijeron. Eran días en que la Ceteg estaba dividida y los familiares pensaron que el aviso era resultado del celo de una de las facciones en pugna.
Curiosamente, Felipe nunca fue escogido como representante de las víctimas, ni autorizado formalmente para hablar a nombre de ellos. El presidente del Comité de Padres de Familia es Melitón Ortega Jimenez. Sin embargo, con un discurso duro y radical, De la Cruz se acercó a las víctimas. Aunque no lo fuera, los periodistas comenzaron a tratarlo como vocero, pues siempre estaba dispuesto a declarar o a dar información.
De la Cruz se ganó la confianza del colectivo, en la reunión que tuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, el 29 de octubre de 2014. Si usted no puede con el caso piense en renunciar, dijo al mandatario.
Felipe comenzó a tomar iniciativas por su cuenta sin consultar a los padres. Por ejemplo, pactó acuerdos en lo oscurito con el gobernador interino Rogelio Ortega. En noviembre de 2014, acordó una reunión con la esposa del mandatario y familiares, en la que ella les entregaría 150 mil pesos. La asamblea le echó abajo el arreglo.
Con Guerrero en llamas, padres, estudiantes y organizaciones populares acordaron boicotear los comicios del 7 de junio de 2015. Planearon ejecutar acciones fuertes e impedir la instalación de casillas en lugares estratégicos de Tixtla, para descarrilar la elección y presionar para la presentación con vida a los 43. Felipe estuvo en la reunión en que se tomó el acuerdo. Sin embargo, para amansar la protesta, el día de las elecciones se llevó a los jóvenes a un mitin en el centro de Tixtla. Pero, la gente, enardecida, lo rebasó. Se fue sobre las urnas y las quemó. No se pudieron instalar 50 por ciento. Los comicios se anularon.
Además de abogar por el ex gobernador Ángel Aguirre, en varias ocasiones se llevó a un pequeño grupo de padres de familia con él. En la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), exigieron al ex mandatario que no dividiera a los padres. Él se defendió argumentando que no los había llamado. A mí me pidió mi amigo Felipe de la Cruz que me reuniera con ellos. Les he dado un apoyo económico.
Los padres mandaron traer a Felipe y le gritaron: ¡Hemos perdido la confianza en usted! ¡Absténgase de hacer eso!
De la Cruz fue también la vía para acercar a un pequeño grupo de familiares con el empresario Pedro Segura Valladares. En 2021, en una reunión en la Ciudad de México, habló con los padres para informarles que había una persona que llevaba apoyo económico (120 mil pesos) e información sobre el destino de sus hijos. Esa persona era Segura. Después, los llevó a una movilización en apoyo del
matrimonio Abarca, el ex alcalde de Iguala, primo de Francisco, ex director de Seguridad Pública de Iguala cuando los jóvenes fueron desaparecidos. Tiene abierta una carpeta de investigación por ello.
No contento con estas maniobras, un día después de una reunión con el presidente López Obrador, Felipe, sin hablar con sus compañeros, anunció su postulación como candidato a diputado suplente por Morena. De inmediato, el movimiento lo acusó de traición y lo vetó.
A pesar de sus antecedentes y de no tener un hijo desaparecido y de no ser su representante legal, De la Cruz ha sido reconocido como intelocutor del gobierno federal, como parte del grupo de cuatro padres que giran en la órbita de Segura (varios divorciados y con sus cónyuges del otro lado del movimiento). Los seguristas son repudiados por la inmensa mayoría de las víctimas.
Por si fuera poco, además de abrir espacio a representantes espurios se ha querido presentar injustificadamente la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Ayotzinapa, como resultado de un turbio acuerdo o de una medida injerencista.
El GIEI actuó en México tanto durante el gobierno de Enrique Peña (a partir de 2014) como en el de Andrés Manuel López Obrador (desde 2020). La firma del convenio de asistencia técnica que le dio vida es producto de una medida cautelar que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH). México pertenece a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y sus resolutivos son obligatorios. El Estado mexicano debe acatarlos.
Las medidas cautelares se acuerdan en lo general. La CIDH no dice qué medida cautelar va a dar; simplemente, las otorga. Son los beneficiarios y el gobierno quienes se ponen de acuerdo en su implementación. Ese fue en caso de Ayotzinapa. Los padres demandaron que se brindara asistencia técnica en tres rubros: líneas de búsqueda, investigación y asistencia victimal. Como la CIDH no puede instrumentalizarlas de manera directa, se recurrió al grupo de expertos. Su creación y funcionamiento no es una medida ilegal ni política sino absolutamente justificada.
Para avanzar en Ayotzinapa, en lugar de intentar cooptar y dividir a los padres con representantes espurios, urge que el Ejército entregue la información que no ha proporcionado y que se esclarezca el destino de los 17 jóvenes sacados de barandillas. No hacerlo es seguir una ruta espuria.
X: @lhan55