Durango

Acción Popular contra Mario Calderón Cigarroa

 

El periodista Juan Monrreal López, pide aplicación de la Ley al presidente del Congreso de Durango, Jorge Herrera Delgado, y Acción Popular contra el alcalde de Gómez Palacio

*Por primera vez en la historia de Durango, sucede esto

*Mario Calderón, podría ir a la cárcel

María Álvarez T.

Junio 25 del 2010

http://www.democratanortedemexico.com

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Durango, Durango.- Este 22 de junio, el presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, el priista Jorge Herrera Delgado, fue denunciado en la Oficialía de Partes del Congreso duranguense y en su propia oficina, así como también se demandó Acción Popular en contra del alcalde sustituto de Gómez Palacio, Mario Calderón Cigarroa, quien acumula desviaciones millonarias en la Cuenta Pública municipal, pero también rompimiento de la ley en las licitaciones de obras públicas, así como asignaciones ilegales de contratos a proveedores.

Las denuncias para que se apliquen la Ley de los servidores públicos del estado y los municipios, así como el Artículo 117 de la Constitución de Durango, fueron presentadas por el Director de la Revista Demócrata Norte de México, el periodista Juan Monrreal López, una vez que Jorge Herrera, transgredió el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 5 de la Constitución de Durango, referentes al derecho de petición.

En cuanto al alcalde sustituto, Mario Calderón Cigarroa, existen suficientes evidencias de conductas ilícitas en su administración, pruebas que pueden usarse para que la Acción Popular, pueda aplicarse, tal como lo estipula el Artículo 117 de la Constitución duranguense. La figura constitucional de Acción Popular, podría llevar a Calderón Cigarroa a la cárcel.

Como se recordará, el periodista Juan Monrreal fue levantado el pasado 15 de septiembre del 2009, por dos supuestos policías quienes lo pasearon, y amenazaron tratándolo de intimidar porque “habla muy mal del alcalde Mario Calderón”, una vez que el reportero analizó la cuenta pública de Gómez Palacio, en el Canal 2 de Televisión de Torreón, Coahuila, demostrando serias irregularidades.

Con desconfianzas ciertas, el pasado 27 de octubre, Monrreal López, solicitó la protección del Congreso del estado, apoyado en el Artículo 45 de la Carta Magna duranguense, encontrando oídos tapiados del presidente de la Gran Comisión, Jorge Herrera Delgado, un diputado al servicio del PRI y parte del manto de impunidad que cubre a los funcionarios públicos del actual gobierno encabezado por Ismael Hernández Deras.

El periodista fue recibido por el propio Herrera Delgado, una vez que fue enterado de la denuncia en su contra, cuando la propia mañana del 22 junio, se manejó que no se encontraba en el recinto parlamentario.

Jorge Herrera Delgado, dijo desconocer la petición presentada por el reportero el pasado 27 de octubre del 2009, pese a ser el presidente de la Gran Comisión del Congreso, comprometiéndose con el director de Demócrata Norte de México, en entregarle una respuesta, el próximo viernes 25 de junio.

A continuación se presenta la denuncia íntegra en contra de Mario Calderón Cigarroa, Jorge Herrera delgado y la Comisión estatal de los Derechos Humanos de Durango.

Gómez Palacio, Durango, Junio 22 del 2010

H.LXIV Legislatura del Congreso del estado de Durango

C. Diputado Jorge Herrera Delgado

Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso de Durango

Palacio Legislativo

Durango, Durango.

Presente.-

De nueva cuenta, respetuosamente me dirijo a usted, en su carácter de presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, en la presente LXIV Legislatura, con el objeto de denunciar ante este H. poder Constitucional, la violación de mis Derechos Constitucionales de parte del diputado de extracción priista, Jorge Herrera Delgado, quien funge como presidente de la Gran Comisión de la LXIV Legislatura, ante quien el pasado 27 de octubre del 2009, presenté la denuncia por el secuestro del que fui objeto, cometido por supuestos agentes de policía que me privaron de la libertad ilegalmente, el pasado 15 de septiembre del 2009, en la ciudad de Gómez Palacio, por “hablar mal del alcalde” sustituto, Mario Alberto Calderón Cigarroa; esto, según dijeron los agentes apócrifos, por ser mi persona un “encargo del regidor priista Carlos Sonora Martínez”.

Ante estos hechos, y evidencias reales que hacen temer por mi seguridad personal y la de mi familia, decidí apoyarme en el Artículo 45de la Carta Magna estatal, que específica, “Los diputados son defensores de los derechos sociales de los habitantes que representan en el Congreso del Estado”, así que acudí aquel 27 de octubre del 2009, buscando la protección de esta H. LXIV Legislatura, encontrando oídos sordos del presidente de la Gran Comisión, el diputado, Jorge Herrera Delgado, mismo que no se tomó la molestia de responder mi petitoria, tal como lo obliga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Articulo 8 que dice:

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Por si fuera poco, la Constitución de Durango asienta en su Artículo 5 en su segundo párrafo:

“A toda petición deberá recaer un acuerdo de autoridad, a quien se haya formulado, en el que ésta expresará, motivada y fundadamente, si concede o niega lo solicitado. La autoridad tiene obligación de notificar su resolución al peticionario dentro del término que señalan las leyes aplicables y que en ningún caso excederá de 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que se presentó la solicitud”.

Han transcurrido alrededor de 240 días, y aun sigo esperando respuesta de Jorge Herrera Delgado, quien funge como presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango en LXIV Legislatura.

Por ello, de nueva cuenta concurro a esta LXIV Legislatura del estado, pues a mi entender, el diputado Jorge Herrera Delgado, no ha actuado conforme a derecho, haciéndose merecedor a las sanciones correspondientes que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, ya que nadie se encuentra por encima de la Ley, según reza nuestra Constitución.

Este ciudadano duranguense, de oficio periodista, creyente de la República, así como en el espíritu de Legalidad y de Justicia que debe regir en el H. Congreso del estado de Durango, se presentó al recinto parlamentario esgrimiendo los derechos que posee de acuerdo a la Constitución de Durango, que estipula en su Artículo 3; “En el estado de Durango, toda persona tiene derecho a la libertad, la seguridad personal”.

Asimismo, en el Artículo 9 que asienta, “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Por si fuera poco, y de acuerdo a las amenazas proferidas por los supuestos policías, el levantón obedeció esencialmente a la intención de callar mi ejercicio periodístico, pues los aparentes agentes insistieron reiteradamente que mi levantón obedecía a “un encargo del regidor Carlos Sonora Martínez, por hablar mal del alcalde” de Gómez Palacio, Mario Alberto Calderón Cigarroa, ya que por esos días, 5, 9 y 12 del mes de septiembre, analicé en el Canal 2 de Televisión, la cuenta pública del Municipio de Gómez Palacio, ejercida por la actual administración.

En la investigación periodística, demostré serias irregularidades existentes en el presupuesto de egresos, del municipio de Gómez Palacio, Durango, consistentes en desvíos de recursos públicos por varios millones de pesos, lo que a mi entender fue el motivo central de la privación ilegal de mi libertad, que de acuerdo al Código Penal de Durango, se tipifica como secuestro.

A mi entender, los derechos violentados son castigados por varios Artículos del Código Penal vigente: Artículo 20; fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; Artículo 51, fracción IV; Artículo 61 con relación al a los Artículos 162, 167, 205, 362,378 y 399.

Como si el marco legal no bastara, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, defiende la Libertad de Expresión en su Artículo 7 que estipula:

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, “papeleros”, operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.

Al igual, la Constitución del estado de Durango, en su Artículo 5, que a la letra expone:

“La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.

Más.

En Durango existe la Ley de fomento y protección al periodismo del estado de Durango, pese a toda esta guarnición legal, la denuncia que interpuse el pasado 27 de octubre del 2009, pareciera no existir, contrario al desgarro de vestiduras del propio presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, Jorge Herrera Delgado, quien en ocasión de celebrarse el Día de la Libertad de Expresión el pasado 7 de junio, externó que, “En Durango hay libertad de expresión, ya que es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sustenta el Estado democrático, por ello ratificamos el compromiso de continuar impulsando la libre manifestación de las ideas y la garantía del derecho a la información”.

Luego abundó:

“En Durango, hay libertad de expresión, simplemente hay que ejercerla y hacerla valer, es una garantía enmarcada en nuestra Constitución”.

Con toda esta retórica, Jorge Herrera Delgado, fue incapaz de dar respuesta a este reportero, quien apegado a la Ley, presentó su denuncia el ya lejano 27 de octubre del 2009, cuando solicitó la intervención y protección del Congreso duranguense.

Ya en otras ocasiones, un discurso similar se escuchó en los medios electrónicos e impreso en medios.

El gobernador de Durango, Ismael Alfredo Hernández Deras, aun con el cuerpo insepulto del reportero Bladimir Antuna, declaró que en la entidad “existen las garantías suficientes para que los periodistas ejerzamos nuestra labor”.

Esta perspectiva de las autoridades preocupa en demasía; toda vez que Durango es el estado donde más periodistas fueron asesinados durante el año 2009, pero también el estado donde los comunicadores vieron saqueados sus domicilios, además de los atentados a sus personas.

En el año 2009, el ejercicio informativo, costó la vida de 4 periodistas en el estado durante 2009.

Por último, quiero dejar constancia ante esta H. LXIV Legislatura, el triste papel desempeñado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, que preside Carlos García Carranza, ante quien el 27 de octubre del 2009, también enderecé mi queja por el levantón y secuestro del que fui objeto.

En aquellos días hice entrega del mismo documento depositado en la Oficialía de partes del Congreso, pero nunca recibí respuesta, pese haber acudido a las oficinas de la Segunda Visitaduría de esta comisión con domicilio en Gómez Palacio.

No es intención de este ciudadano de oficio periodista, abundar que fue hasta el 11 de Febrero del presente año, que tuve que responder a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD) en largo alegato de 10 páginas- el que será entregado como anexo a esta H.LXIV Legislatura de Durango-, para fundamentar a mi favor en contra de las falsedades que entregó por escrito el occiso director de policía municipal, Roberto Torres Salinas,- por cierto ejecutado por un comando armado-, el pasado 23 de noviembre del 2009, fecha en que por vez primera se conocieron los supuestos agentes de la policía municipal, Salvador Alejandro Puentes Saucedo y Juan Manuel Valles Trejo, que levantaron y secuestraron a este reportero el pasado 15 de septiembre.

En mi alegato entregado a la CEDHD pedí como exigencia, – siempre de acuerdo a derecho-, que la comisión citara a declarar al alcalde sustituto Mario Calderón Cigarroa, quien sin duda, era y es, el primer interesado en amilanar a este periodista, una vez que hice y sigo haciendo del dominio público, los desvíos millonarios de recursos públicos, una violación en sí de los Derechos Humanos de los habitantes del municipio de Gómez Palacio, Durango, en la medida que el dinero desviado de los propósitos etiquetados en la Cuenta Pública, cancela el desarrollo de la ciudad, a la vez que suprime las posibilidades de llevar los servicios básicos a los ciudadanos en pobreza patrimonial.

Pese a mi petitoria, la CEDHD se desentendió de acatar la Ley, y ahora el 11 de junio, pidió que me careara con los supuestos policías que me levantaron y secuestraron, a pesar de que el ejecutado director de policía había entregado ya, un documento lleno de contrasentidos y falacias.

A más de 100 días de que presenté mi respuesta a la CEDHD, sigo esperando que se cite a declarar al alcalde sustituto Mario Calderón Cigarroa; o cuando menos que la mencionada comisión responda mi solicitud,-a todas luces apegada a derecho-, el porqué la llamada primera autoridad de la ciudad de Gómez Palacio, no ha sido citada.

Por último, quiero dejar asentado que producto de mi trabajo, he ido recabando y publicando las suficiente pruebas documentales y físicas, para aseverar que el alcalde sustituto de Gómez Palacio Mario Alberto Calderón Cigarroa, es punible de acuerdo al Artículo 117 de la Constitución de Durango, por lo que pido como exigencia se le aplique el procedimiento de Acción Popular,recurso constitucional al que tenemos derecho cualquier ciudadano.

Por ello en derecho pido y exijo:

1.- Que ante evidente violación de mis derechos cometida por el diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, Jorge Herrera Delgado, se le apliquen las sanciones correspondientes, estipuladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

2.-Exijo la aplicación de la Acción Popular, asentada en el Artículo 117 de la Constitución de Durango, toda vez que existen las suficientes evidencias de conductas ilícitas del alcalde sustituto de Gómez Palacio, Mario Alberto Calderón Cigarroa, y sólo espero que se me instruya que Comisión de esta H. LXIV Legislatura, para entregar las pruebas de las ilegalidades de este alcalde.

3.-Se exija a la CEDHD, se apegue a la Constitución de la República, a la Constitución del estado de Durango, a su propia Ley Orgánica, olvidando los tintes a favor de las autoridades priistas, por tanto, que Mario Alberto Calderón Cigarroa, comparezca ante esta comisión.

En espera de su respuesta:

Protesto lo necesario.

Juan Monrreal López

Director de la Revista Demócrata Norte de México

Email: jmonrreall@yahoo.com

c.c.p Lic. Felipe Calderón Hinojosa

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

c.c.p. Lic. Fernando Gómez-Mont Urueta

Secretario de Gobernación

c.c.p. Lic. Arturo Chávez Chávez

Procurador General de la República

c.c.p. Lic. Raúl Plascencia Villanueva

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

c.c.p Senadora Rosario Ibarra de la Garza

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores en su LXI Legislatura

c.cp. Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en su LXI Legislatura

c.c.p. C.P. Ismael Hernández Deras

Gobernador del estado de Durango

c.c.p Lic. Oliverio Reza Cuéllar

Secretario General de Gobierno del Estado de Durango

c.c.p. Lic. Daniel Garcia Leal

Procurador de Justicia del Estado de Durango

c.c.p. Lic. Apolonio Betancourt Ruiz

Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia

c.c.p. Dr. Carlos García Carranza

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango

c.c.p. Diputado Noel Flores Reyes

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Durango en su LIV Legislatura

c.c.p. Diputados del Partido Acción Nacional

c.c.p Diputados del Partido del Trabajo

c.c.p. Diputados del Partido de la Revolución Democrática

c.c.p. Diputado del Partido Duranguense

c.c.p. Diputado del Partido Nueva Alianza

c.c.p. A los medios de comunicación del estado de Durango.

jmonrreall@yahoo.com 

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27 Comentarios

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