Nacional

Suicidios y organización popular frente a los desahucios en España

Una iniciativa popular de ley pretende frenar la ola de desahucios inmobiliarios y suicidios de afectados, causados por las condiciones impuestas por políticos y banqueros que hacen de la necesidad de vivienda un negocio manchado de sangre

Lola Sepúlveda
Febrero 17 de 2013

Madrid, España. Las reacciones a la ola de desahucios de quienes no pueden pagar ya los préstamos hipotecarios leoninos adquiridos en el boom inmobiliarios de hace una década van desde los suicidios por desesperación hasta una organización que ha logrado frenar centenares de desalojos.

Las historias de quienes sufren una amenaza de desahucio dibujan a la perfección las circunstancias que llevan a una desesperación sin retorno a algunas cabezas de familia.

El sábado pasado llegó a la asamblea del 15M del barrio una pareja; la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) les había engañado. Hace diez años, después de presentar muchos papeles y guardar fila durante muchas horas, les concedieron una vivienda en alquiler; en diez años podrían comprarla a buen precio.

Han pasado diez años y la Empresa Municipal de la Vivienda ha vendido no su casa, sino el edificio entero; y no a ellos, sino a una empresa que ahora les sube el precio de la renta considerablemente y les pide varios meses de alquiler como aval para poder seguir en su casa. Una palabra nunca dicha pero escrita, escondida entre todas las del contrato que firmaron hace diez años, cambió sus proyectos: facultativamente. La EMV, facultativamente, les podía vender a ellos la vivienda, y facultativamente decidió venderla a una empresa y ellos, con sus hijos, no saben qué va a pasar, si tendrán que abandonar su casa porque no pueden pagar el alquiler que ahora les exigen.

Unas semanas antes, vino Manuel; compró su casa con un crédito que, sin ningún problema, le concedió el banco; ahora está en paro en un país donde casi uno de cada cuatro trabajadores no tiene empleo. Él quiere acabar con la pesadilla, entregar la casa al banco y que ahí se acabe su deuda. El banco no quiere. Manuel compró esas cuatro paredes cuando la burbuja inmobiliaria estaba en su esplendor y los propios bancos sobretasaban el valor de las viviendas; ahora los precios han caído y los bancos, que tanto ayudaron a crear esta crisis, no quieren perder: Manuel debe entregar su casa y seguir pagando. ¿Y cómo va a seguir pagando si no tiene trabajo? ¿Con qué va a pagar?

Manuel prosigue su relato: es que el banco dice que sí tiene con qué hacer frente a esa deuda. Y Manuel nos habla de su niña, que tiene una discapacidad del 90 por ciento y una pequeña asignación de unos 500 euros al mes, gracias a los cuales puede comprar lo básico para su cuidado, por ejemplo, los pañales que ella necesita; y nos cuenta que el banco le ha dicho que utilice ese dinero para pagar la hipoteca. “¡Pero es el dinero que mi niña necesita! ¿Cómo le voy a quitar a mi niña su dinero y dárselo al Banco?”, dice Manuel. Y nadie podemos contestarle.

Manuel ha ido varias veces a la oficina del banco; quiere entregar una carta en la que pide, con mucho respeto, que le concedan la dación en pago. Da su casa y que se cancele la deuda. Ya verá a dónde va… la familia siempre está ahí para ayudar. “Pero”, nos sigue contando, “me dicen que no aceptan mi carta sino hasta que yo les firme un papel; pero no me lo dejan leer, y mucho menos llevarlo a que lo vea un abogado; sólo quieren que lo firme”. ¿Qué contendrá ese papel que no quieren que lo vea nadie? Firmar algo a ciegas a cambio solamente de que acepten recibir un papel. ¡Ni siquiera a cambio del compromiso de estudiar la posibilidad de la dación en pago! Algo se trae el banco entre manos…

“Me dijeron que nunca jamás iba a conseguir la dación en pago ni aunque me quemase a lo bonzo en la plaza de Cataluña”; una mujer pronuncia estas palabras en un video que realizó la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). “Nos dijo que el banco no entendía de personas, que entendía de negocios”, dice otra.

Un día, Jaime me contó que hace unos años compró un piso; de momento no tiene problemas pues trabajan él y su esposa, así que está tranquilo; pero cuando fue a negociar el crédito, le dijeron que necesitaba un aval, que alguien respondiera por él. Jaime habló con su tío y éste ofreció su casa, pero resultó que la valoración de la casa del tío no cubría el total del dinero que se le iba a prestar a Jaime. Entonces, en la oficina del banco le dijeron que iban a negociar, a ver que podían hacer y días después le anunciaron con una gran sonrisa que habían conseguido algo muy bueno: le podían dar el 100 por ciento del valor del piso y su tío no tenía que poner como aval su casa; bastaba solo con que firmara como avalista y ya. Era un aval personal. A Jaime y a su tío les pareció perfecto.
Jaime no sabía lo que significaba eso. “Ahora sí”, señala. “Ahora ya me enteré, pero en ese momento, nadie me lo explicó, más bien parecía sencillo”. De lo que Jaime se enteró ahora es que si en algún momento no puede pagar un crédito que le concedieron a 30 años, su tío responde con todos sus bienes, es decir, se puede quedar sin la casa, sin el coche, sin los muebles y con una buena deuda con el banco.
Un lugar para vivir es una necesidad y con ella han jugado bancos, constructores y políticos que se han enriquecido por métodos tan “limpios” como cambiar el uso del suelo: donde antes sólo se permitía plantar tomates, ahora hay altas torres de viviendas. Y a cambio de ello, bajo cuerda, alcaldes y concejales recibían sobres de dinero y regalos: que si un bolso de Vuitton, que si unos trajes, que si los globos y el confetti para una fiesta de cumpleaños; y ahora, la gente pierde el trabajo, pierde su vivienda y pierde su vida.
La alarmante realidad es que los suicidios han aumentado en los últimos años con el crecimiento imparable de la crisis y muchos de ellos están en clara relación con los desahucios. Más de 11 suicidios desde el 2012 han hecho saltar las alarmas; hay quien quiere negar la evidencia, pero la realidad es que se sospecha que hay muchos, muchos más que no llegan a los medios de comunicación porque todavía es un tabú. “Evitar el efecto contagio”, dicen. Además, añaden, pueden ser varios los desencadenantes porque una decisión de ese tipo es algo complejo. Pero lo que es innegable son los hechos y estos muestran que con los desahucios han aumentado los suicidios: Granada, Córdoba, Navarra, Basauri, Alicante…
En Alicante se dio uno de estos casos hace apenas unos días: cuando los agentes judiciales forzaron la puerta de la vivienda para sacar de ella a su inquilino, éste ya se había quitado la vida.
En Mallorca, un matrimonio de jubilados de 68 y 67 años se tomó varios frascos de pastillas ante el inminente desahucio de su casa, dejando una carta en la que explicaban el motivo.
En Basauri, Vizcaya, un hombre de 56 años se suicidó tras dejar una nota en la que explicaba a su familia que “no podía más”.
Y todo esto ocurrió en los últimos días. ¿Puede extrañar en un país donde en el segundo trimestre de 2012 se realizaron 526 desahucios diarios? Y sin embargo, muchos desahucios se paran, se suspenden. Una visita a la página web de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) muestra una lista de desahucios día por día y sí, hay muchos que se suspenden. A través de la PAH se han conseguido cientos de daciones en pago y de condonaciones de deuda, se han paralizado 572 desahucios y se ha conseguido que muchas familias continúen en sus hogares en régimen de alquiler.
Pero esto es, a todas luces, insuficiente. ¿Qué ocurre con los afectados que no saben, que no se atreven, que tienen miedo o no pueden más? ¿Qué ocurre con esas familias que están amenazadas por un desahucio fundamentado en una ley hipotecaria del año 1946? En todo este proceso se han presentado diferentes alternativas, como la creación de un parque de viviendas de alquiler a precios bajos, pero urge resolver el problema que existe hoy, ahora.
Para ello, la PAH y el Observatori DESC, junto a otras entidades sociales y organizaciones sindicales, iniciaron el trámite de la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), método contemplado en la Constitución de 1978 para que los ciudadanos puedan presentar una ley a debate en el Parlamento, con el nombre de “Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social”. Llevar a buen puerto una ILP no es tarea fácil: el texto tiene que ser supervisado por la Mesa del Congreso, por el Senado y por la Junta Electoral, que validarán que cumpla los requisitos formales. Si esto es así, se diseñan los pliegos de recogida de firmas, se nombran fedatarios y se dispone de nueve meses para conseguir 500 mil firmas en todo el Estado. Y luego, el Congreso debe votar si acepta o no dicha iniciativa.
Finalizado el plazo, el recuento de firmas fue de 1 millón 402 mil 854 firmas, casi triplicando el mínimo requerido. Sin embargo, el gobernante Partido Popular (PP) decidió lanzar su propio “proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”, que dista mucho de lo contemplado en la ILP y que, por supuesto, no contempla la dación en pago. Con la “excusa” de que ya se iba a debatir en el Parlamento su proyecto, anunció que en la sesión parlamentaria del 12 de febrero votaría en contra de la admisión de la ILP, lo que significaba el rechazo a su tramitación, al contar con mayoría parlamentaria.
La indignación social frente a esto fue inmediata: se enviaron más de un millón de correos electrónicos a los diputados, y las redes sociales se mostraron muy beligerantes contra esta decisión. Coincidiendo con el inicio de la sesión parlamentaria, se convocaron diferentes concentraciones frente al Congreso de los Diputados en Madrid y ante las sedes del Partido Popular en otras ciudades. Y en el último momento, de forma inesperada, se conoció la noticia del cambio de posición del Grupo Popular: había decido votar a favor de la tramitación de la ILP.
Pero no está todo ganado. Es un paso importante conseguido gracias a la presión de la calle; ahora toca presionar para que el trámite parlamentario no rebaje y desvirtúe una iniciativa de ley que, en palabras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, “contiene tres demandas de mínimos para acabar con el genocidio financiero y garantizar el derecho a la vivienda”.
Hay que seguir, en las redes sociales y sobre todo en la calle, para conseguir que ni una sola persona se encuentre indefensa ante esos bancos que tan amables les trataron en su día y ahora solo ven en ellos su negocio.

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