Ricardo Ravelo
Noviembre 25 de 2022
“Fuentes de la DEA señalan que los cambios realizados a la Ley de Seguridad Nacional limita y afecta sus investigaciones sobre el narcotráfico y contra los capos mexicanos, las cuales están paradas desde hace más de un año debido a las limitaciones que enfrentan tras las reformas legales”.
Tensas por los fracasos en el tema migratorio, el Gobierno de México y Estados Unidos están enfrascados en una diferencia grave debido a los acotamientos que enfrenta la DEA –la agencia antidrogas norteamericana –en el territorio mexicano desde que fue reformada la Ley de Seguridad Nacional tras la captura y posterior liberación del General Salvador Cienfuegos, acusado de tener nexos con el crimen organizado.
Pese a las acciones diplomáticas por parte de México, que ha colocado el tema en el tablero de las negociaciones, las tensiones continúan, aunque poco trasciendan. Lo más reciente es que el Gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional estadunidense en toda la frontera para frenar la ola migratoria; es, en estricto sentido, una declaración de guerra contra la migración. Y, además, el mandatario texano insistió en que los cárteles mexicanos deben ser declarados como organizaciones terroristas.
Desde aquella diferencia entre la DEA y el Gobierno mexicano, agudizada tras la liberación en Estados Unidos del General Salvador Cienfuegos, las cosas se han mantenido en tensión. Tras el golpe asestado al exsecretario de la Defensa Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa de ley para reformar la Ley de Seguridad Nacional, la cual impide a los agentes norteamericanos de la DEA realizar indagaciones en México sin rendir cuentas al Gobierno federal; tampoco pueden portar armas, como lo hacían en el pasado, y si alguno de los agentes desea hacerse de una tendrá que tramitar un permiso especial ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sin embargo, estas medidas, que quizá ajustaron ciertas libertades de que gozaba la DEA en otros gobiernos, tienen un efecto negativo: han ocasionado protestas por parte de propia DEA y del Gobierno estadunidense, las cuales han escalado tanto que cada vez está más acotada su actuación en un país desbordado por la violencia, los enfrentamientos entre cárteles y el vacío legal que impera en todo el territorio.
El tema fue abordado por López Obrador y Joe Biden en su encuentro del 12 de julio de este año en Washington: en aquella visita del mandatario mexicano los temas se centraron en el conflicto migratorio –agravado tras el descubrimiento de 50 muertos en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, así como el flagelo del crimen organizado y la violencia–, problema sin resultados a cuatro años de que inició la aventura de la llamada Cuarta Transformación.
EL CRIMEN SIGUE SUELTO
En una reciente visita a Coahuila, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó el Congreso de ese estado. Ahí reconoció que el Gobierno federal ha quedado a deber en materia de seguridad pública; aceptó que muchos territorios están en poder del crimen organizado y que el Gobierno federal debe aplicarse en la tarea de rescatar los espacios públicos. Se entiende que se refirió a municipios y, en el peor de los casos, a entidades en crisis de violencia, como es el caso de Zacatecas, Guanajuato, Baja California, Tamaulipas, entre otras.
Pero si en cuatro años poco o nada se ha hecho, se observa difícil por no decir que complejo que en los 18 meses que faltan de Gobierno pueda abatir la criminalidad que luce dominante, violenta y empoderada en más de 70 por ciento del territorio.
Y es que los problemas se han agravado debido a la inacción oficial. Con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, en enero de 2021, el Gobierno de México limitó las operaciones de la DEA en México. Pese a sus vicios, la agencia antidrogas realizaba investigaciones de fondo y daba seguimiento a su agenda anticrimen. Esto ahora está limitado.
Cabe señalar que la reforma que acotó las acciones de la DEA se realizó con una celeridad inusitada. Esto ocurrió después de la captura del General Salvador Cienfuegos Zepeda en el aeropuerto de Los Ángeles, California en octubre de 2019 bajo acusaciones de haber brindado protección al cártel H-2 –una célula del grupo criminal Beltrán Leyva –cuando era Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto. También se le acusó de tráfico de drogas y lavado de dinero.
En una acción inédita, las autoridades norteamericanas retiraron los cargos y liberaron a Cienfuegos con la condición de que fuera investigado en México. Esto no se hizo. La Fiscalía General de la República (FGR) sólo descalificó el expediente de la DEA y declaró el no ejercicio de la acción penal. Y así, Cienfuegos se fue su casa.
Fuentes de la DEA señalan que los cambios realizados a la Ley de Seguridad Nacional limita y afecta sus investigaciones sobre el narcotráfico y contra los capos mexicanos, las cuales están paradas desde hace más de un año debido a las limitaciones que enfrentan tras las reformas legales.
Las indagaciones detenidas tienen que ver con los integrantes del Cártel de Sinaloa, los miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la búsqueda del capo Rafael Caro Quintero –ya detenido– y una cauda de funcionarios públicos en varios estados del país que estarían ligados con el lavado de dinero, la protección al tráfico de drogas y a células del crimen organizado.
La nueva política ha llevado a los investigadores de ambos lados de la frontera a poner en pausa su cooperación, temerosos de que las nuevas reglas puedan comprometer los casos o la posibilidad de contactar informantes. En el caso García Luna –cuyo juicio se asegura que, ahora sí, se realizará en enero de 2023– existen evidencias y personajes criminales, como Ismael “El Mayo” Zambada que viven muy cómodos en su reino de impunidad. Nadie lo toca.
Las operaciones sobre el terreno, incluidas redadas en laboratorios de drogas mexicanos, han cesado en gran medida y las autoridades estadunidenses ahora luchan por rastrear los movimientos de cocaína con destino a Estados Unidos desde Venezuela y Colombia a través de Centroamérica y hacia México, según se pudo conformar.
Aunque sus causas son multifactoriales, lo cierto es que, si no existe una política antimafia clara, así como una cooperación con Washington basada en objetivos concretos –captura de capos, desmantelamiento de redes criminales, patrimonio mafioso y enjuiciamiento de políticos y empresarios vinculados al lavado de dinero, por citar sólo algunos ejes concretos– será muy difícil pacificar el territorio nacional.
A todo el terror se suman otros flagelos perniciosos como el secuestro y el cobro de piso, problema que lacera a comerciantes grandes y pequeños en todo el país, pero tiene amplia resonancia en Veracruz y Estado de México.
LOS TIEMPOS DE GLORIA
Durante los gobiernos priistas que encabezaron José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Zedillo el número de agentes de la DEA acreditados en México se guardó celosamente como un gran secreto de Estado.
La secrecía continúo durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. En el sexenio de éste último, por ejemplo, la DEA participó sin limitaciones en la lucha contra el crimen organizado, pues desde el primer día de su Gobierno, Calderón le declaró la guerra al narcotráfico aunque sus resultados resultaron fallidos. El saldo: más de cien mil muertos –no todos ligados al negocio de las drogas– mientras que los cárteles no sólo se mantuvieron intocados, sino que aprovecharon la coyuntura de la guerra para asociarse, fortalecer sus estructuras e internacionalizarse: pasaron a establecer dominios tanto en Centroamérica como en América del Sur y otros continentes.
En el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la DEA mantuvo sus privilegios en México, pues nunca se exigió que cumplieran con el acuerdo firmado en julio de 1992, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que los obligaba a rendir cuentas al Gobierno mexicano sobre sus actividades.
Con base en el acuerdo citado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1992, señala en su inciso 7.1:
“Cualquier información de que tengan conocimiento los agentes en territorio nacional será transmitida inmediatamente a las autoridades competentes”.
Señala, además, que están prohibidas para los agentes extranjeros realizar tareas reservadas a las autoridades mexicanas, así como inducir a terceros nacionales o extranjeros, o a realizar por sí mismo actividades relativas a detenciones, secuestros, cateos, toma de declaraciones, privación ilegal de la libertad, invasión de propiedad privada o cualquier otro acto violatorio de las leyes nacionales”.
El documento precisa que todos los agentes deben ser acreditados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República).
El acuerdo agrega: “Las actividades de los agentes se limitará a servir de enlace para intercambio de información con las autoridades mexicanas y no indica nada sobre la posibilidad de que dicho personal porte armas.
Sin embargo, desde el año 2015, después de una modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego, se permitió que los agentes extranjeros pudieran portar armas dentro del territorio nacional.
A pesar de estas restricciones, la DEA ha operado en territorio mexicano con absoluta libertad, con ventajas e incluso ha llegado a imponer investigaciones para que la extinta PGR abriera expedientes sobre indagaciones que eran prioridad de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. También se ha extralimitado en su actuación en decenas de casos.
En diversos expedientes judiciales relacionados con investigaciones de capos y cárteles diversos testigos –algunos acogidos al programa de protección de la PGR– han declarado que fueron detenidos por elementos de la DEA; afirman que agentes de esa agencia norteamericana participan en operativos, cateos y los agentes estadunidenses suelen estar presentes hasta en los interrogatorios, aseguran.
Después del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, a manos de los capos Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, la DEA presionó al Gobierno de México para detener a los responsables del crimen. Así se hizo.
En 1990, como parte de las investigaciones, en Estados Unidos fue detenido y juzgado Rubén Zuno Arce, hermano de María Esther Zuno, esposa de Luis Echeverría Álvarez, por la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.
En el sexenio de Luis Echeverría, Rubén Zuno se convirtió en el cuñado consentido del Presidente: Se vio favorecido en múltiples negocios y durante todo el sexenio echeverrista –1970-1976 –Zuno ocupó el cargo de vocal ejecutivo de la Comisión Promotora Conasupo.
Sin embargo, también se le relacionó con el narcotráfico, en particular, con el poderoso Cártel de Guadalajara, entonces encabezado por Rafael Caro Quintero.
Tras el secuestro y asesinato de Enrique Camarena, un personaje resultó clave –según las investigaciones de entonces– y era nada menos que el doctor jalisciense Humberto Álvarez Macháin, acusado de estar ligado al crimen organizado y de haber participado en la tortura de Camarena suministrándole medicamentos para que soportara las vejaciones que le propinaron los narcotraficantes referidos.
Ante la impunidad que lo encubría en México, la DEA realizó un operativo en Guadalajara y Álvarez Macháin fue secuestrado y llevado a Estados Unidos; la operación, según se dijo entonces, habría sido ordenada en 1990 por el entonces Presidente George H. W. Bush.
Esta acción derivó en un conflicto bilateral, pues el Gobierno de México alegó que con la intervención de la DEA en el secuestro del médico se había violado la soberanía nacional.
Meses después, y ante la falta de pruebas fehacientes, Álvarez Macháin fue puesto en libertad y devuelto a México.
Otro caso escandaloso ocurrió en 1996, cuando el capo Juan García Ábrego –sobrino de Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del cártel del Golfo –fue detenido en Nuevo León luego de una intensa búsqueda en territorio nacional.
Tras la captura, y bajo el argumento de que García Ábrego había nacido en Estados Unidos, el Gobierno de Ernesto Zedillo no lo quiso juzgar en territorio nacional y lo entregó a la DEA para que fuera procesado en Estados Unidos.
Después de su captura, un avión de la DEA aterrizó en la ciudad de Monterrey y ahí el capo fue entregado. García Ábrego tuvo su etapa de jauja e impunidad como jefe del Cártel del Golfo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Los golpes de la DEA en territorio mexicano son múltiples, lo mismo que sus investigaciones encubiertas, las cuales no solían compartir con sus contrapartes mexicanos –pese a estar obligados por un acuerdo bilateral –debido a la desconfianza que todavía prevalece sobre las autoridades de México.
Otro de los casos relevantes que cimbraron el escenario criminal fue la captura por parte de agentes de la DEA de Javier Arellano Félix, conocido e el mundo del hampa como “El Tigrillo”, hermano menos de Benjamín y Ramón Arellano, jefes del Cártel de Tijuana.
Aunque se realizaron operaciones por parte de elementos del Ejército Mexicano en el hotel Bahía de Ensenada, Baja California, lo cierto es que “El Tigrillo” fue detenido en altamar justo cuando navegaba en su yate, supuestamente, en aguas internacionales. La DEA lo ubicó algunas millas afuera del radio mexicano y procedió a detenerlo mediante un operativo tanto marítimo como aéreo.
El capo fue llevado a la Ciudad de México, permaneció unas horas en la PGR, donde fue interrogado, y posteriormente fue llevado al Aeropuerto Benito Juárez para embarcarlo en un avión que lo trasladó a Estados Unidos, donde fue procesado y sentenciado por delitos contra la salud, lavado de dinero y varios crímenes.
En el año 2001, meses después de que Vicente Fox Quezada tomara posesión como Presidente de la República, la DEA detectó que el jefe de giras del mandatario, Nahúm Acosta, estaba relacionado con el narcotráfico.
A través de algunas intervenciones telefónicas, Acosta fue captado cuando sostenía una conversación con Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, conocido como “El jefe de jefes”, cabeza de la organización Beltrán Leyva, entonces brazo poderoso del Cártel de Sinaloa.
En aquella llamada, la cual fue difundida a través de varios medios de comunicación, Acosta y Beltrán se ponían de acuerdo para la entrega de un paquete, presuntamente dinero o drogas, que el funcionario de la presidencia recibiría en su domicilio.
Con base en la intercepción telefónica, la DEA le ordenó al entonces Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y al titular de la Subprocuraduría General de Investigación en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, abrir un expediente, investigar el caso e intervenir todos los teléfonos de la Presidencia de la República.
En aquella ocasión, Vasconcelos comentó a este reportero que se analizó a fondo la posibilidad de intervenir los teléfonos incluso del propio Presidente para conocer hasta dónde se había infiltrado el narcotráfico.
–¿Lo hicieron?– le pregunté.
–Esa era la orden de la DEA, ellos estaban investigando el caso, pero decidimos investigar sin infiltrarnos en las comunicaciones privadas del Presidente.
Nahúm Acosta fue separado del cargo, pero nunca lo procesaron por sus vínculos con el narcotráfico. Libre de investigaciones, apareció posteriormente en el escenario público: despachaba como jefe de prensa del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.
Con o sin el apoyo de la DEA, la realidad mexicana es muy clara: el narcotráfico –y todas las ramas de la delincuencia organizada– operan en total impunidad. Y lo peor es que a pesar de la militarización del territorio, la impunidad parece que se robustece cuando faltan dos años de Gobierno.