El cártel del PRI
Por Ricardo Ravelo
SinEmbargo
abril 14, 2017
Tomás Yarrington encarna al verdadero narcopolítico y perteneció al PRI. Foto: Cuartoscuro
Después del escándalo de corrupción política y criminal que a finales de los noventa hundió a Mario Villanueva Madrid, ex Gobernador de Quintana Roo, el caso de Tomás Yarrington Ruvalcaba pasó a ser el más emblemático de los últimos tiempos por la dimensión de su expediente criminal.
El político detenido en Florencia, Italia, el pasado 9 de abril, tiene un amplio historial mafioso en México y Estados Unidos: se le acusa de favorecer la exportación de cocaína desde Tamaulipas, brindar protección a dos organizaciones criminales –el Cártel del Golfo y Los Zetas –, poseer una cuantiosa fortuna y tener en su haber decenas de propiedades a nombre de una veintena de testaferros –todos ellos socios suyos — con antecedentes de corrupción institucional, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
Aunque la mayoría de los políticos en México siempre han tenido algún vínculo mafioso, lo cierto es que la nueva generación de priistas y no priistas ha resultado ser todo un cártel: Ahí están Javier y César Duarte, ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua, respectivamente; Humberto Moreira, ex Gobernador de Coahuila, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y España, quien está urgido de fuero para arroparse en la impunidad. Ni se diga Roberto Borge, todo un capo de la corrupción institucional. El PRD y el PAN también tienen su lista de mafiosos, además de los gobernadores que pasarán a la picota. Graco Ramírez, el cacique de Morelos, es un fuerte candidato.
Con un voluminoso expediente criminal, Tomás Yarrington encarna al verdadero narcopolítico y perteneció al PRI. Igualito que Mario Villanueva, “El Chueco”, quien como Gobernador de Quintana Roo enloqueció en el poder: se enredó con los mafiosos del Cártel de Juárez y hasta solía prestar el hangar del gobierno del estado para que descendieran aviones cargados con cocaína que, después, era trasladada en patrullas de la policía estatal.
Así le pasó a Yarrington. Se saturó de poder. Tuvo en sus manos el poder político y el de la mafia. Nadie soporta tanto sin caer en una borrachera de poderío que, como ocurrió, terminó arrastrándolo por la pendiente de la ruina moral.
Como Gobernador de Tamaulipas se le inflamó el pecho de soberbia, de ambición desmedida y cayó en desgracia. Hizo de Tamaulipas un territorio paradisíaco para la mafia y los cobijó a todos a cambio de dinero. Y llegó a ser tan descomunal el flujo de dinero sucio que hasta tuvo que utilizar los programas sociales para blanquear los pagos del narco.
Durante su periodo como gobernador (1999-2004) Yarrington permitió todo: el Cártel del Golfo, bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas, se posicionó en el estado y Los Zetas extendieron su poder como nunca antes un brazo armado lo había hecho, hasta convertirse en el tercer cártel más poderoso de América Latina. Tamaulipas se afianzó como territorio del narco, del crimen, de la muerte. Y hasta la fecha lo es. Nada ha cambiado.
La mayoría de los presidentes municipales de Tamaulipas, priistas y no priistas, fueron financiados por el narcotráfico y Tomás Yarrington, a través de Francisco Cayuela –exdirector de la Policía Ministerial y exprocurador del estado –recogía maletas de dólares en todas las regiones del estado donde operaban tanto el Cártel del Golfo como Los Zetas. La recolección de dinero se decía entonces, era para pagar la campaña de Tomás Yarrington, pues en el 2006 fue un fuerte aspirante a la presidencia de la República. A menos en su afiebrada imaginación tenía cabida es proyecto.
La historia de Tomás Yarrington –documentada en expedientes integrados en México y Estados Unidos — indica que sus vínculos con el narcotráfico comenzaron a detectarse desde principios de los años noventa, cuando fungió como presidente municipal de Matamoros.
Fue heredero de una amplia madeja de complicidades tejidas por su antecesor, Manuel Cavazos Lerma –actual senador de la República –quien como gobernador permitió que el Cártel del Golfo, entonces encabezado por Juan García Ábrego, sentara sus reales en el estado. Eran los tiempos del salinismo y en Tamaulipas todavía mandaba Juan N. Guerra, fundador de ese grupo criminal –tío de García Ábrego — un viejo bragado que comenzó en el mundo del hampa como traficante de licor, fue dueño de El Piedras Negras, un restaurante que tenía muy mala fama porque ahí recalaban políticos, madrinas, comandantes, capos, distribuidores de droga y mujeres del bajo mundo. El viejo Nepomuceno Guerra vivió muchos años y siempre como mafioso. Tenía todo controlado y nadie se metía con él. Entrón, el capo vivió como murió: impune.
El viejo era longevo, de esos que tienen el cuero muy duro, tanto, que por un pelo le gana la partida a la muerte: vivió 86 años. En junio de 2001 falleció de insuficiencia respiratoria en su rancho El Tahuachal, ubicado en Matamoros. Cuando murió, la noticia se propagó por todas partes. El máximo honor que recibió fueron siete palabras, difundidas por la prensa, casi a manera de epitafio: “Murió el fundador del cártel del Golfo”. La mafia estaba de luto, pero les duró muy poco: transcurridos unos días volvieron las matanzas y balaceras en ese territorio sin ley.
Durante su paso por la alcaldía de Matamoros, Yarrington comenzó a implementar el esquema que mejor dominó: el registro de sus propiedades a nombre de amigos y compadres, sus testaferros. Un ejemplo de ello fueron algunas propiedades –un departamento construido en 2001, una residencia ubicada en McAllen, Texas, un avión privado y una cuenta bancaria aperturada en Las Bermudas –que puso a nombre de Cindy Chapa, quien fue su secretaria cuando fungió como presidente municipal de la ciudad de Matamoros.
Hacia el año 2004, convertido el estado de Tamaulipas en un campo de guerra del narcotráfico y territorio paradisiaco para el lavado de dinero, comenzó a llamar la atención la impunidad que reinaba en esa entidad. Entre los años 1999 y 2004, el Cártel del Golfo y el de Sinaloa protagonizaron verdaderas batallas: balaceras de día y de noche, muertes, decapitados, desaparecidos, secuestrados, policías asesinados… Hasta la fecha todos estos casos siguen impunes.
Y es que en Tamaulipas la mayoría de los presidentes municipales formaban parte de la estructura del Cártel del Golfo; las policías tanto municipales como estatales fungían como escudo protector y brazo armado del narco, en tanto que desde el gobierno del estado Yarrington daba rienda suelta para que el narcotráfico operara con absoluta impunidad, en tanto que sus socios y testaferros como Fernando Alejandro Cano Matínez y José Antonio Peña Arguelles, se enriquecieran mediante la obtención de multimillonarios contratos de obra pública y utilizaban la industria inmobiliaria para lavar dinero del narcotráfico. Así gobernaba la mafia.
En el último año de gobierno de Tomás Yarrington (2004) la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a investigarlo formalmente, pues el escándalo nacional e internacional imponía que al menos la PGR integrara una acta circunstanciada para el caso. En abril de ese año, acudí a platicar con el entonces titular de la Siedo, José Luis Santiago Vasconcelos, quien soltó el dato como un dardo:
–Ya estamos investigando a Yarrington –dijo, suave la voz, firme el tono.
Era la segunda ocasión que la PGR decidía investigar a un gobernador y hacerlo público. Se entendía porque esa era la orden de Vicente Fox, el primer presidente panista, pero también se entendía porque Tamaulipas con Yarrington se convirtió en un narcoestado, territorio de mafiosos impunes arropados en el poder. Igual que ahora.
Y enseguida comenzó a explicar que la investigación tenía avances y se encontraba “a la mitad” de su ruta, concretamente en la fase que tenía que ver con la red policiaca estatal y ministerial, así como a sus mandos altos y medios que protegen o protegieron a Osiel Cárdenas Guillén, por varios años jefe del Cártel del Golfo, quien ya había sido detenido y se encontraba recluido en el penal de La Palma, desde donde seguía operando.
Mientras la PGR trabajaba en la investigación, en Estados Unidos el Buró Federal de Investigaciones armaba el expediente, clave 92C-H0-26953 (0-21). Se trataba de varios reportes que vinculaban a Yarrington con el cártel del Golfo. Ya desde entonces era considerado no sólo un protector del narcotráfico, sino un capo.
Vasconcelos amplió los detalles de la indagación:
“La ruta que seguimos en esta investigación es ascendente: empieza por la policía y los altos jefes. Esto nos llevaría a los directores, al procurador, como ocurrió en Chihuahua (en el sexenio de Patricio Martínez), hasta llegar a la cabeza, es decir, el gobernador. En el caso de Tamaulipas, el gobernador no tiene aún el carácter de indiciado, pero la investigación que realizamos tiene amplios alcances: es muy parecida a la que hicimos en Quintana Roo en el caso de Mario Villanueva”, quien resultó ser el principal protector del cártel de Juárez en el Caribe mexicano.
Los vínculos de Yarrington con el narcotráfico era un tema del dominio público. Dentro y fuera de Tamaulipas todo el mundo sabía cómo se protegía al narcotráfico, quien lavaba el dinero de los narcos y qué empresarios estaban relacionados con esas actividades. Lo cierto es que a Ernesto Zedillo, Vicente Fox y a Felipe Calderón les tembló la mano para investigar a Tomás Yarrington y encarcelarlo. Con todo y su guerra, Calderón, por ejemplo, no combatió el peor lastre del país: La narcopolítica que, sin duda, también fue un mal de su gobierno. En ese tiempo la PGR, como ya se dijo, investigó a Yarrington, pero todo indica que descuidó la investigación. Fue por ello que la indagación de Estados Unidos es ahora la más robusta que existe.
En este entramado de complicidades la voz de un preso –Rubén Hernández López, acusado del asesinato del empresario regiomontano José Antonio Cervantes Espeleta –puso a temblar al entonces procurador de Tamaulipas, Francisco Cayuela, y a buena parte de la clase empresarial ligada al lavado de dinero.
El presidiario declaró que durante algún tiempo fungió como chofer de Cayuela y que el entonces procurador era el responsable de recolectar el dinero que pagaba el cártel del Golfo para operar con libertad en todas las zonas del estado. Los fondos, dijo Hernández en 2004, eran para financiar la campaña presidencial de Yarrington. Pocas semanas después de que se dio a conocer esta declaración, Hernández López fue asesinado dentro de la prisión donde se encontraba, aparentemente como consecuencia de una riña entre presos. Su muerte nunca se aclaró.
El gobierno de Estados Unidos comenzó a integrar sus expedientes, de manera formal, en el 2012. En ese año salieron a flote datos y evidencias de que Yarrington tenía propiedades en Estados Unidos, registradas a nombre de su principal testaferro: Fernando Cano Martínez. A él se le atribuía, por ejemplo, ser dueño de residencias y departamentos en la Isla del Padre y San Antonio, Texas, respectivamente.
En agosto de 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos subastó un departamento localizado en la torre de condominios Bridgepoint, en la Isla del Padre, que estaba registrado a nombre de Napoleón Rodríguez de la Garza, un empresario ferretero. Ante las autoridades estadunidenses, este personaje aceptó ser prestanombres de Yarrington.
Un testigo clave en las investigaciones estadunidenses contra Yarrington fue José Antonio Peña Argüeyes, registrado con la clave Ángeles. Este personaje era un empresario, testaferro de Tomás Yarrington al igual que Cano Martínez, y lavador de dinero del narco.
Un día recibió una llamada telefónica que por poco lo mata de un infarto. Le dijeron: “Dile a tu hermano que devuelva los cinco millones de dólares que se robó o le vamos a partir la madre”.
No le dio tiempo avisarle a su hermano de la amenaza. Ese mismo día lo ejecutaron. Sobre su cuerpo los sicarios dejaron un mensaje: “Esto te pasó por rata”. Sigues tu, José Antonio”.
Peña Argüeyes salió huyendo de Tamaulipas y se refugió en Estados Unidos. Se presentó ante la DEA y se entregó a la justicia. Ahí se sentía a salvo. Luego aceptó ser testigo colaborador y contó lo que sabía sobre la relación de Yarrington y sus testaferros con el narcotráfico. Lo que detalla Peña en realidad permite considerar que Tomás Yarrington encabezaba un cártel en Tamaulipas, cuyos dominios fueron transexenales, porque incluso tuvo una fuerte influencia en el gobierno de Eugenio Hernández Flores, quien es investigado en Estados Unidos por lavado de dinero. En México la PGR declaró el no ejercicio de la acción penal en su contra. El favor se lo hizo Jesús Murillo Karam por instrucciones del presidente, según se pudo confirmar.
Declaró:
Que en una ocasión existió el plan de pactar una tregua entre el cártel de Sinaloa y del Golfo, y que para ello dichos grupos delictivos sostuvieron una reunión al parecer en el estado de Puebla. Esto me lo comentó Miguel Treviño Morales, quien me citó en el restaurante Suntory, en el centro de la Ciudad de México; en esa ocasión Treviño Morales llegó vestido de traje y comenzó que lo habían designado encargado de los estados de Nuevo León, Coahuila, Veracruz y la plaza de Nuevo Laredo.
Sabe que Miguel Treviño Morales controla la gerencia de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) en Nuevo Laredo y que en dicha dependencia labora gente de su confianza y él es quien determina el manejo de los recursos obtenidos por concepto del pago de dicho servicio. Esta gerencia fue ocupada por Arturo Paz Santos y Carlos Montiel, en la gerencia comercial está Alejandro Ortiz y también está relacionado Elías Ramos García, quien fuera comandante de la Policía Federal. Todos ellos ligados a Miguel Treviño Morales ya sea como prestanombres o como facilitadores de mil cosas o como miembros del cártel a su servicio.
En general, es Miguel Treviño Morales el que decide quien ocupa los puestos administrativos en el Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Otros prestadores de nombres de Miguel Treviño Morales son Enrique Santos, regidor del actual ayuntamiento y encargado de la obra pública de Nuevo Laredo…
En todo este entramado de personajes y cómplices aparece Fernando Cano Martínez, dueño de la empresa constructora Villa de Aguayo, una de las más beneficiadas por Tomás Yarrington y quien al igual que su socio tiene sendos expedientes abiertos en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
Refiere Ángeles:
Al señor Eugenio Hernández Flores (sucesor de Yarrington) lo conocí a principios del año 2003, cuando era presidente municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y fui invitado por el entonces gobernador Tomás Yarrington a subirme al autobús que estaba a su servicio. Fue allí, en esa gira conocí a Eugenio Hernández. Yo los acompañé del aeropuerto a un restaurante. Iba el entonces secretario del trabajo, el señor Abascal…Como en abril o mayo de 2003 conocí a Fernando Cano Martínez, quien es dueño de la constructora Villa Aguayo.
En esa ocasión él me fue a visitar a Nuevo Laredo, creo que a sugerencia de Tomás Yarrington, ya que son amigos desde hace muchos años, para ver los cambios en la sucesión del gobierno del estado. Me dijo que el gobernador (Yarrington) le había comentado acerca de la toma del cambio del gobernador, que iban a empezar las inquietudes políticas, ya que estaba por finalizar el gobierno de Tomás Yarrington.
Y me comentó que su corazoncito estaba con Eugenio Javier Hernández Flores, ya que Fernando Cano me dijo que él fue quien introdujo a Eugenio con el entonces gobernador Tomás Yarrington, que es de todos conocidos que la carrera política de Eugenio fue promocionada por Yarrington y Fernando Cano, el testaferro consentido.
También dijo: Que respecto de los amarres que hacía el declarante entre Miguel Treviño y Eugenio Hernández Flores, aspirante a candidato a gobernador, era que respetara al señor Eugenio Hernández como posible candidato a ese cargo, es importante señalar que de parte de Miguel Treviño sí hubo un ofrecimiento de dinero hacia Eugenio Hernández para gastos de su campaña, pero le dije que no era necesario, entonces Miguel Treviño me dijo que qué se necesitaba y yo le contesté que nada, que era cosa de hombres, en ese sentido fue el amarre entre ellos, que Miguel Treviño no estropeara las posibilidades de Eugenio Hernández de buscar la candidatura a gobernador y que éste no hiciera cosas que no le compitieran, es decir, no meterse con ellos. Las veces que nos reunimos fueron como unas cinco, dichas reuniones fueron a finales del 2003 y 2004, las cuales se llevaron a cabo en la Plaza Longoria, en Paseo Colón y Reforma, enfrente de la catedral del Espíritu Santo y a veces Miguel Treviño se hacía acompañar de su hermano Omar Treviño, siempre iban custodiados por su séquito, alrededor de unas veinte personas, quienes a veces usaban trajes de la AFI, otras veces de militar y siempre andaban fuertemente armados y utilizaban automóviles tipo Cherokee blindados…
Detenido Yarrington en una de las ciudades renacentistas más bellas de Europa –Florencia, Italia – ahora lo que viene es el juicio de extradición. Si el gobierno mexicano lo requiere para medio recomponer la maltrecha imagen oficial de cara a las próximas elecciones, pues peleará su extradición y los abogados del exmandatario buscarán que sea traído a México, donde le esperarían unos veinte años de prisión con la opción de que la pena se reduzca.
Pero si su captura está desligada del tema político, entonces el gobierno mexicano lo abandonará a su suerte y dejará que Estados Unidos se lo lleve y le imponga las dos cadenas perpetuas que le esperan. Yarrington, incluso, tiene el derecho de elegir en qué país quiere enfrentar a la justicia. Al parecer, pretende extender su estancia en Italia.
Por lo pronto, el procurador Raúl Cervantes negó que la PGR haya renunciado a la solicitud de extradición del exmandatario tamaulipeco, pese a que una filtración de la Seido indicó que la PGR no tiene interés en traer a Yarrington y que lo cederán a Estados Unidos para que lo enjuicie.