¡Oh, qué tiempos! La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, en el lodo
Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Julio 7 de 2014
La educación es un arma
de construcción masiva.
Este país enfrenta la peor crisis de derechos humanos de su historia y en Coahuila constantemente hay evidencias de que no escapa de ese escenario.
La debacle institucional que presenta la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila ha llegado a colocar a este organismo en una posición más que incómoda –por decir lo menos- el último episodio conocido por la opinión pública da cuenta de ello; en efecto, Genaro Azkary Soto Flores, fue detenido esta semana en Monclova por presuntamente haber participado en el secuestro de Jesús Orozco Coronado, quien acusó al visitador de privarlo de la libertad con otras 2 personas, para robarle 20 mil pesos.
La detención del visitador de la CDHEC Soto Flores resulta sorprendente por tratarse de un funcionario que ostentaría una alta responsabilidad en cuanto a la vigilancia de las autoridades públicas y la defensa irrestricta de los derechos humanos de los ciudadanos coahuilenses y para la Comisión Estatal es otro duro golpe puesto que se trataría del segundo empleado implicado en actos graves de delincuencia, el primero fue Miguel Ángel Pacheco Gutiérrez, acusado por posesión de droga.
Segundo Carlos Francisco Xavier Díez de Urdanivia Fernández, procedente de la tradición formalista de la burocracia coahuilense y electo presidente de la CDHEC hace 3 años, ha hecho un papel medroso y gris en esa institución, la tendencia ha sido su débil presentación como garantista de los derechos humanos y en cambio se percibe el contagio de la cultura institucional de sometimiento al autoritarismo del Ejecutivo estatal por lo que la autonomía que la ley le prescribe permanece en el papel y la institución se ve debilitada.
Los hechos delictivos de los empleados (el de Genaro Soto Flores se considera aún como presunto) y el desempeño de la CDHEC en el siglo XXI reflejan los patrones de las instituciones mexicanas: la ineficiencia, la lentitud, la corrupción y la irresponsabilidad.
Cabe enfatizar que en el informe presentado por la Open Society Justice Initiative en junio pasado, esa organización sostiene que la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila mantiene fama de ser como una estación de paso para los políticos que buscan limpiar su imagen antes de ocupar otros cargos públicos por lo que las ONG locales y las organizaciones de víctimas, “desconfían de la Comisión y perciben que su trabajo tiene un impacto marginal” (p. 157), lo dice una organización internacional y habría que recordar al flamante diputado Armando Luna Canales, Homero Ramos Gloria y Miriam Cárdenas Cantú, la misma elección de Xavier Díaz de Urdanivia fue una selección cuestionada en la Legislatura que presidió Eliseo Mendoza Berrueto.
La CDHEC es vista como parcial y tibia en sus recomendaciones, quizá es, como muchas dependencias del gobierno estatal, una agencia de empleo, aunque en general es percibida como una Comisión desvinculada de las preocupaciones de la sociedad y de las principales problemáticas sociales y políticas que la atraviesan, una manera de remediar esta tendencia sería agilizando la relación con las organizaciones de la sociedad civil, pero para eso hace falta un Ejecutivo que respete la autonomía legal de la Comisión, además de personal comprometido con la causa que le da vida.
En Coahuila la sociedad requiere de una Comisión de Derechos Humanos realmente comprometida con la defensa y promoción de éstos más que con las formalidades del sistema que en sí mismas no garantizan la equidad y la seguridad que prometen.