El “decoro” de Nacho Diego Muñoz cuesta 16 millones de pesos
El titular de la SEPLADE fue señalado en USA como traficante
Enriquecimiento inexplicable desde su arribo al poder
Nerviosos por estar a punto de abandonar la impunidad que durante los últimos 5 años les otorgó su jefe, Enrique Martínez y Martínez, varios secretarios del gabinete martinista piensan que el tiempo de la “venganza” en contra de los medios ha llegado.
Por un lado, el ex secretario de gobierno, Raúl Sifuentes Guerrero, amenaza con proceder en su “momento” utilizando el “archivo puntual”, levantado con dinero público, que lleva de diversos periodistas; y por el otro, Ignacio “Nacho” Diego Muñoz, ya comenzó a actuar e interpuso una denuncia en contra del periódico Vanguardia , de Saltillo, porque dice que las publicaciones de ese diario “hieren su decoro, sentimiento y creencias”.
Esta es la historia de un expediente judicial norteamericano, consignada en el San Angelo Standard Times en 1994, de la Ciudad de San Angelo, Texas, donde se asienta que Nacho Diego Muñoz, fue señalado por la justicia tejana por estar involucrado en el tráfico de especies en peligro de extinción.
Desde aquellos días, como hasta ahora, el “decoro” de Nacho Diego no apareció en contra del diario estadounidense. Sin embargo, a partir de ese entonces, la acumulación de bienes de este funcionario fue próspera, mientras que su incompetencia como burócrata se acrecentó.
Por Juan Monrreal López
Junio 06 del 2005
Torreón, Coahuila.- El 25 de junio de 1994 autoridades norteamericanas descubrieron el tráfico ilegal de tres tigres, un león y un lince. Los animales eran transportados en un trailer de los llamados “cuello de cisne”, y fueron descubiertos al cruzar el Puente Internacional de la Amistad , ubicado en Piedras Negras, Coahuila.
Las investigaciones arrojaron seis responsables: tres estadounidenses, y tres mexicanos. Los mexicanos eran un par de hombres oriundos de Piedras Negras, e Ignacio Nacho Diego Muñoz, un funcionario del gabinete de Rogelio Montemayor Seguy, entonces gobernador de Coahuila.
En una nota fechada en Del Río, Texas, el San Angelo Standard Times consignó que durante el hallazgo fue detenido Juan Gilberto Morín de León, nigropetense quien declaró ante las autoridades texanas estar involucrado en tráfico de especies en peligro de extinción, pero aun más; reveló ser parte de un grupo organizado para el contrabando, es decir; delincuencia organizada.
De acuerdo con la nota del San Angelo Standard Times, “Otros involucrados en el caso, están libres esperando las disposiciones de las investigaciones del caso. Son Rodney J. Bunsen y su hijo Rodney Jr., ambos de Quemado, Texas, así como Ignacio “Nacho” Diego Muñoz de Piedras Negras, México y José Víctor Villarreal, de Eagle Pass”.
En aquellos días, Diego Muñoz fungía como director general del Patrimonio de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, puesto que le sirvió para gozar de impunidad…, y para mantener el “decoro”.
Las investigaciones
Las investigaciones de la policía tejana registran que Juan Gilberto Morín de León, trabajaba para su paisano, Héctor Martínez Martínez, quien al momento de ser detenido dijo ser propietario del Rancho La Herradura , ubicado en el municipio de Piedras Negras, colindante con el estado tejano.
Según los documentos oficiales de la investigación norteamericana, Héctor Martínez Martínez, compró los animales a Rodney James Bunsen, granjero del Quemado, Texas, población ubicada a 40 millas al sur de la Ciudad de Del Río, en la autopista 277.
El Standard Times abunda: “Héctor Martínez fue presentado a Rodney J. Bunsen por Ignacio “Nacho” Diego Muñoz, identificado por los archivos judiciales como un empleado del estado de Coahuila. Los documentos legales indican que Diego Muñoz le dijo a Héctor Martínez que los arreglos para transportar los animales podría hacerlos Morín y el residente de Eagle Pass, José Víctor Villarreal”.
Los datos del diario tejano consignan, al igual que los documentos de la pesquisa, que los permisos para el traslado de los felinos en peligro de extinción nunca se obtuvieron. José Víctor Villarreal falsificó el permiso mexicano para ingresar al país las especies señaladas, por supuesto, sin la validación del Convenio de Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción (CITES) -por sus siglas en inglés.
Juan Gilberto Morín de León se declaró culpable y expuso ampliamente la red conformada para traficar con especies en peligro de extinción. El juez tejano Durwood Edwards lo sentenció a dos años de prisión sin supervisión, y le impuso una multa especial de 25 dólares.
En los Estados Unidos, comerciar con fauna es un delito menor, y las penalidades máximas alcanzan un año de encarcelamiento y una multa de mil dólares.
Mientras tanto, Ignacio Nacho Diego permaneció en Saltillo, como si nada pasara.
A Martínez y Martínez, no le importaron antecedentes de Nacho Diego
Protegido por su padrino de entonces -Rogelio Montemayor Seguy-, Nacho Diego siguió despachando en las oficinas de la Secretaría de Finanzas, como si nada pasara. Es más, tan útiles para el gobernante en turno han sido sus servicios, que escaló en la pirámide gubernamental; pues Enrique Martínez y Martínez lo promovió, desde 1999, a la cabeza de la SEPLADE , aunque su gestión ha resultado un fracaso, de acuerdo a los resultados alcanzados por la dependencia.
Así lo indican la tasa de desempleo estatal: ¡¡cero empleos generados en seis años!! La escasa inversión privada en la entidad, el cierre de empresas a gran escala, así como el decreciente valor de la producción coahuilense dentro del PIB nacional.
Nacho Diego está acostumbrado a mentir y a “defenderse” de las cifras del INEGI, pretendiendo ocultar el fracaso de la SEPLADE.
Según sus propias palabras, y en entrevista, aceptó que al finalizar este año, y con la posible llegada de inversiones que arriben al estado, el nivel de ocupación en Coahuila quizá alcance apenas el punto que mantenía en el año de 1999, es decir, seis años sin generar un solo trabajo permanente, pese a los cuantiosos recursos manejados por la SEPLADE.
En otras palabras, el pleno estancamiento económico de Coahuila.
Como economista del Tecnológico de Monterrey, Martínez y Martínez heredará, sin duda, un sexenio perdido; achacable a las nulas políticas de desarrollo económico de los personajes contratados para este fin, Ignacio Nacho Diego y el secretario de Finanzas Javier Guerrero García.
Las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) – en las que si confía Nacho Diego y Martínez y Martínez- son también ejemplo del retroceso.
En 1993 existían en Coahuila 362 mil 700 asegurados permanentes. En diciembre de 1999 – cuando Rogelio Montemayor entregó el gobierno- la cobertura del IMSS creció a 545 mil 163 trabajadores permanentes, es decir, en seis años aumentó 218 mil 453 asegurados, una tasa de crecimiento de 36 mil 410 plazas anuales.
Ahora en abril de 2005, las cifras del IMSS indican que los protegidos permanentes en Coahuila son 498 mil 937 personas. Un decremento de 47 mil 226 asegurados estables en el sexenio martinista; un fracaso de la promoción económica del estado, pues.
En este sentido, las propias cifras del gobierno del estado de Coahuila lo confirman. En el documento interno de la propia SEPALDE; Prontuario de Indicadores Socioeconómicos, Enero 2005, la dependencia asienta el fracaso económico de este sexenio.
El rubro de empleos generados devela el tamaño del fiasco.
De acuerdo al escrito oficial, Coahuila mantenía una plaza de asegurados fijos de 501 mil 068 para el año 1999. Para el año 2000 fue de 522 mil 408. En los años siguientes, 2001, 2002, 2003 y 2004, los números de asegurados permanentes fueron: 487 mil 563, 493 mil 583, 475 mil 105 y 487 mil 958, respectivamente.
Algo así como 13 mil 110 empleos menos con relación al año 1999, fecha en que esta casta de cleptócratas tomó por asalto “democrático” el poder estatal.
Nacho Diego, de funcionario inepto a próspero empresario
Mientras su trabajo público indica incompetencia, Nacho Diego goza de bonanza en sus negocios particulares. Tan pronto ocupó la SEPLADE , en el año 2000, Nacho Diego se dio tiempo para obtener de Cristóbal Jaime Jaques, titular de CONAGUA, la autorización del título 06COA111139/24AMGE00 para extraer 420 mil metros cúbicos de agua en el municipio de Piedras Negras.
En esos terrenos se construye ahora el Club de Golf “Black Bear”, en sociedad con Aldo Díaz Pérez, quien presumió el 25 de agosto del 2003, que tienen por socio al golfista profesional Jack Nicklaus, conocido como el Oso Dorado .
Aldo Díaz dijo que incluso participará en el diseño e inversión de los tres proyectos que mantienen en Coahuila, como grupo Ecogolf Development, entre ellos el campo de Golf de 18 hoyos Black Bear -propiedad de Nacho Diego-, según consignó el diario lagunero El Siglo de Torreón , en su edición del 26 de agosto del 2003.
Pero eso no es todo. Aldo Díaz Pérez ha sido relacionado con Carlos Ahumada, desde que el empresario dueño del Club los Azulejos de Torreón, mantenía la oficina de la empresa Laboratorios Magnéticos, S.A. de C.V. en un lujoso sector de Santa Fe, en la ciudad de México.
Los Azulejos se construyó en terrenos ejidales adquiridos por Díaz Pérez a los campesinos del Ejido La Concha , a precios irrisorios y siempre cuestionados por las turbias maniobras para adquirirlos.
Incluso uno de los “coyotes” de estos terrenos, nos confió al principio del despojo de los Azulejos, estar al servicio de Raúl Sifuentes Guerrero, quien por cierto, a través de Constructora Sigue, de su propiedad, comenzó a levantar el lujoso campo de golf.
La información y las fotografías de la maquinaria de Sifuentes Guerrero fueron publicadas en Demócrata Norte de México, y nunca hubo desmentido.
Aun más. Como la especulación inmobiliaria la zona se tornó explosiva, Aldo Díaz incorporó a la sociedad a Javier López Arteaga, asesor principal del alcalde panista de Torreón, Guillermo Memo Anaya Llamas.
El consejero del alcalde panista aparece como operador importante del club de Golf Las Cruces, ubicado en Apodaca, Nuevo León. Incluso un informe interno de la Procuraduría General de la República (PGR) lo ubica como uno de los que manejan cuentas bancarias y movimientos financieros para este grupo de dudosa probidad.
Desde entonces, según denunció el fraccionador Oscar Gutiérrez del Bosque -dueño de Inmobiliaria las Puertas y que dice fue timado por Díaz Pérez-, la administración de Memo Anaya condonó 20 millones de pesos de impuestos a quien se presume ser socio de Carlos Ahumada, Ignacio Diego Muñoz, Raúl Sifuentes y Enrique Martínez y Martínez.
El conducto de acercamiento con Guillermo Anaya fue el acendrado panismo de la esposa y socia de Díaz Pérez; María Teresa Muñoz Caraveo, “una blanquiazul de tres generaciones”, dijo alguna vez a este reportero, hace un par de años.
Peor. Con el próximo retiro de Martínez y Martínez, más los conflictos sembrados por la especulación inmobiliaria de Aldo Díaz, otro fraccionador en pugna con el dueño de Ecogolf Development, acusa la presunta sociedad de Martínez y Martínez con Díaz Pérez, y por supuesto con Carlos Ahumada. “Por eso, la solución de mi problema no avanza”, dice con pesar.
Más del floreciente Nacho Diego
Traicionada la encomienda para la que fue contratado, Nacho Diego aprovechó el poder público para conseguir una licencia más para perforar un pozo y extraer el de agua de los vedados mantos freáticos de Saltillo.
En efecto, en el año 2002, el titular de CONAGUA, Cristóbal Jaime, le extendió el permiso 06COA112673/24ALGR02 autorizado para extraer 390 mil metros cúbicos destinados a uso agrícola.
En ese mismo año, la familia Diego Muñoz, a través del hermano de Nacho, Manuel Alonso , consiguió la licencia 06COA113296/24ALGE02 en la región de Piedras Negras, acreditada para bombear 540 mil metros cúbicos.
Pero eso no es todo. En el año 2004, la CONAGUA decidió entregarles otra concesión en la zona nigropetense, el número 06COA113296/24ALGE04 considerado con 480 mil metros cúbicos.
Estos pozos se suman al adquirido en 1997 por Manuel Alonso, el número 2COAH102073/24ALGR97, acreditado para sacar 1 millón 80 mil metros cúbicos. En suma, los hermanos Diego Muñoz extraen del subsuelo de la zona fronteriza 2 millones 520 mil metros cúbicos de agua.
Eso fue lo que hizo atractiva la sociedad con Aldo Díaz Pérez. Tierra y agua, los Estados Unidos a un paso, y como remate, la impunidad otorgada por el régimen de protección de Martínez y Martínez. Negocio redondo, pues.
Nada faltaba para que Díaz Pérez anunciara la inversión de más de 42 millones de dólares en el mega desarrollo gofístico de 343 hectáreas , Black Bear, precisamente en las tierras de Ignacio Nacho Diego Muñoz.
Las protestas no se hicieron esperar. El Movimiento Ecologista Mexicano, encabezado por Emilio de Hoyos, denunció ya los graves daños ecológicos a la región, por los volúmenes de agua que se extraerán, en perjuicio de los mantos freáticos. Sin embargo como sucede con los negocios que a Martínez y Martínez le interesan, las reprobaciones caen en oídos sordos. En este caso, negocio mata futuro, arbitrariedad sepulta leyes.
Pero aquí no termina todo.
El campo de golf anunciado para la ciudad de Saltillo, por la empresa de Aldo Díaz, Ecogolf Development, está presumiéndose desde ahora que será ubicado en tierras de Nacho Diego Muñoz.
Otra vez, tierra, agua, impunidad, los ingredientes necesarios para que Aldo Díaz Pérez desarrolle otro campo de bastones y pelotas.
La autorización de CONAGUA número 06COA112673/24ALGR02, dotada con 390 mil metros cúbicos del vital líquido, vuelven promisoria la sociedad.
Los negocios de Nacho Diego en Estados Unidos
La prosperidad de Nacho Diego también se extiendo allende las fronteras, desde que es funcionario del gobierno del estado.
Según el registro público de la propiedad del Condado de Maverick, Texas, Ignacio Diego Muñoz, con dirección en P O BOX 2253 de Eagle Pass, TX 78853-2253, posee en el Quemado, Texas, 5 propiedades que amparan 68.77 acres de tierra, con valor -en 1994-, de 170 mil 400 dólares, según se inscribe en el registro.
Y según el padrón de Charolais Herd Book of México , el titular de la SEPLADE coahuilense, en la desvergüenza total, da como domicilio particular la Antigua Carretera a Chipinque, número 115, en San Pedro Garza García, Nuevo León, y se dice propietario del Rancho Tecampo, del municipio de Nava, Coahuila.
Ni siquiera Coahuila, mereció que el secretario del “decoro” viva entre nosotros.
El “decoro” de Nacho Diego vale 16 millones de pesos
El 2 de mayo último, el diario Vanguardia de Saltillo , publicó que Ignacio Diego Muñoz presentó una querella civil en contra del periódico, “para lavar las heridas que han sufrido su ‘decoro, sentimientos y creencias’”, a raíz de las publicaciones de ese medio. La limpieza de las llagas cuestan cuando menos 16 millones de pesos, según las tasó el burócrata.
Recientemente, las páginas del Vanguardia publicaron algo que ya se sabía, que Nacho adquirió un predio en el fraccionamiento El Nogalar del Campestre, a un precio menor que lo estipulado para la zona. La intención fue bajar el pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), por lo demás, práctica muy socorrida por los funcionarios martinistas, entre ellos el propio ejecutivo Enrique Martínez y Martínez, y su ex secretario de finanzas, Javier Guerrero García, entre otros muchos.
Con pruebas catastrales y del Registro Público de la Propiedad (R.P.P.) de Saltillo en contra, Nacho Diego dice en su demanda que la publicación contiene “una serie de infundios revestidos de notas periodísticas cobijado en un abuso de lo que clama su ejercicio de libertad de expresión…” . Y asienta: “Se refiere el suscrito en relación con el desempeño de su cargo público y sus actividades personales, así como en relación con su modo de vida y de su familia, dañándome y vejándome sin razón alguna y en total contravención a la Ley , en mi vida privada, en mi honor, reputación, decoro, en mis sentimientos, creencias…” .
Pero más tardó Nacho Diego en interponer la demanda, que Enrique Martínez en deslindarse. “La demanda del titular de la SEPLADE es a título personal”, dijo el gobernador, mientras el burócrata sigue despachando como funcionario.
Cuenta regresiva, se acaba la impunidad de los actuales cleptócratas
Las amenazas y las denuncias en contra de los periodistas y los medios, para resarcir “los decoros” de los funcionarios e incluso empresarios que se sienten “lastimados” cuando se evidencian sus corruptelas van en aumento.
No falta burócrata o patrón que crea que el periodismo es una actividad policíaca, en vez de un instrumento de información de la sociedad.
Recientemente, el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), Antonio Juan Marcos Villarreal, refirió al autor que le parecía “exagerada” la publicación -que se encuentra en https://www.democratanortedemexico.com/-, acerca de los probables fraudes cometidos en contra del programa Marcha hacia el Sur, por el grupo Denim, del que es miembro.
La respuesta a él, como a un sinfín de funcionarios del gabinete de Enrique Martínez es y será siempre la misma: “pues denúncienos, para entonces poder defendernos aportando las pruebas con que contamos a las agencias del Ministerio Público correspondiente, sea del fuero común o federal”.
Demócrata Norte de México acusa que ha sido agredido los últimos 8 años por los gobiernos de Rogelio Montemayor y de Enrique Martínez; que también los reporteros que han creído en este proyecto de información han sido perseguidos, incluso, por Enrique Martínez, el que ahora desea “la más grande del país”, desde antes de que asumiera su mandato.
De manera que no sería novedad parar en el Ministerio Público y con las pruebas en la mano en contra de los funcionarios públicos que quieren defender su “decoro”. Más bien, la denuncia es su coartada por ser desnudados los ilícitos que han cometido en contra de la sociedad, en franco abuso del poder público e incluso impunidad empresarial.
No es el papel de los periodistas, pero tal vez deberíamos estar dispuestos a llegar hasta las instancias de impartición de Justicia, y exponer los argumentos y pruebas necesarias para que este tipo de burócratas fueran juzgados mínimamente bajo el Código Penal correspondiente.
Funcionarios públicos corruptos y con antecedentes dudosos merecen, cuando menos, ser juzgados en relación directa a su enriquecimiento inexplicable, y abuso de poder.
Y todavía se enojan porque no son alabados…